Para comprender las dimensiones del memorándum de entendimiento entre CODELCO y SQM hay que revisar nuestra historia conocida por la elite política, pero silenciada para la ciudadanía.

La dictadura cívico-militar en Chile provocó una pérdida patrimonial al estado del orden de 725 empresas, de acuerdo a los datos que se exponen en el informe de la comisión investigadora de privatizaciones de la cámara de diputados, año 2004-2005.  Ello contó con algunos ejemplos emblemáticos, como es el caso de SOQUIMICH (SQM).

El yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, fue nombrado director ejecutivo de la CONAF en 1974, es denunciado como el rematador de cientos de miles de hectáreas expropiadas por la Reforma Agraria. Al cumplir ese papel salió convertido en propietario de numerosos fundos.

Hasta 1982 fue simultáneamente presidente del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y presidente de la Celulosa Constitución, CELCO. Dicho complejo fue el lugar en el que se cometieron las más crueles violaciones a los derechos humanos y al derecho al desarrollo.

Desde 1979, como Ejecutivo de CORFO, estuvo a cargo de Chilectra, ENDESA, SOQUIMICH (SQM), CAP, director de IANSA, CTC y Celulosa Arauco y Constitución. Todas empresas que eran de CORFO que se privatizaron y que significaron una importante pérdida para la estructura productiva nacional y para la propiedad social en Chile.

En 1983 fue sobreseído de la acusación de enriquecimiento ilícito y en 1984 y 1985, CORFO le hizo un préstamo con fondos del BID por UF 150.000, de las cuales sólo pudo pagar menos de UF 50.000, porque la Sociedad Monasterio quebró.

Estos antecedentes constan en una de las denuncias que se presentaron en el marco de la comisión investigadora de privatizaciones de la cámara de diputados. Hay que hacer notar que quien presidió esa comisión fue el actual ministro Carlos Montes.

Asimismo, según el Informe del Perito Judicial Rolando Godoy de 1990, la pérdida patrimonial que se tuvo por haber vendido esta empresa, frente a la alternativa de no haberlo hecho, es de US$ 261.977.202.

Al 31.12.80 la CORFO tenía inversiones en SOQUIMICH por US$ 123.490.005 compuestas por US$ 37.195.843 en capital y US$ 86.294.162 en aportes por capitalizar, con un capital pagado de US$ 37.196.937. En julio de 1981 se acordó la capitalización de estos aportes aumentando el capital a US$ 123.491.099 y el 26.07.84 el Directorio de SOQUIMICH acordó reducir el capital, absorbiendo las pérdidas acumuladas, dejándolo en US$ 79.528.000. CORFO así absorbió pérdidas por US$ 43.962.644. No obstante, entre 1983 y 1984 se vendió el 100% de las acciones de SOQUIMICH. La inversión de CORFO actualizada al 31.03.88 comparada con los ingresos percibidos le significó una pérdida de US$ 49.554.312. Pero, como los activos estaban subvaluados se decidió su retasación en 1989, y su valor aumentó en US$ 61.344.000. De esta manera, en el período en que las acciones se vendieron, los activos y, por tanto, el precio de éstas, estuvieron subvaluados. El presidente del Directorio de SOQUIMICH desde 1980 fue Julio Ponce Lerou y el vicepresidente del Directorio, desde 1981 fue Sergio Melnick Israel.

En resumen, la pérdida patrimonial para el Estado por el caso de SOQUIMICH fue, por lo tanto, de US$ 61.344.000, y lo que se habría ganado en caso de no haber vendido llegó a la cifra de US$261.977.202 de la época.

Actualmente, el centro del problema que representa el preacuerdo entre Codelco y SQM radica en la impunidad de los hechos ocurridos que se sitúan dentro del marco de corrupción existente en la dictadura militar y en los gobiernos de la postdictadura. En este caso existió una perversa triada que yace en la figura de Ponce Lerou, que siendo gerente de Corfo promueve la privatización de una empresa estratégica del estado (SOQUIMICH) y que posteriormente adquirió gracias en parte a los dineros denunciados como ilícitos que se otorga a sí mismo mediante créditos que no fueron pagados íntegramente a Corfo, como documentan Manuel Salazar, María Emilia Monckeberg, Víctor Osorio, Iván Cabezas, entre otros.

Pese a los crecientes gastos en publicidad de SQM, que ascienden a 5.700.000 dólares durante año 2022 y solo el primer semestre de 2023 a 3.600.000 dólares, nada puede borrar el mecanismo de privatización de SQM.

El memorándum de entendimiento entre CORFO y SQM, consolida este caso de impunidad y le permite acceder a SQM a una cuota más alta de producción en 300.000 toneladas de LCE durante el periodo que le queda del presente contrato, que finaliza el año 2030.  Mientras que Codelco solo tendrá derecho hasta el año 2030 a recibir una utilidad correspondiente al beneficio por la comercialización de solo 201.000 toneladas de LCE.

Hay que precisar que en el segundo momento del contrato de 2031 a 2060 la utilidad se distribuirá de acuerdo a la participación accionaria. Para quienes hemos leído la historia de la forma de negociación de Ponce Lerou, ello es altamente peligroso, pues toda capitalización que se promueva en Codelco y luego en su participación en la sociedad puede cambiar fácilmente el poder al interior de esta asociación, pues CODELCO está en el límite del control mayoritario accionario en la asociación con SQM.

A modo de recordatorio, Ponce Lerou decidió capitalizar una pequeña parte primero de SQM y luego fue aumentando el porcentaje de privatización progresivamente, fragmentando la empresa para luego comprar partes y armar su elefante blanco.

El análisis del memorándum permite concluir que este preacuerdo fortalece a SQM, le otorga continuidad en el contrato y, por tanto, le ofrece certeza jurídica en desmedro de que el estado estaba ad portas de poder desarrollar la explotación que realiza hoy SQM y por tanto acceder al 100% de las utilidades que se obtienen por la producción del litio.

Visto desde la lógica del mercado, este millonario preacuerdo no ha sido licitado, y de realizarse se hará mediante un trato directo, lo cual es negativo no solo para la estrategia nacional del litio, sino que además queda fuera de los márgenes de la transparencia y la eficiencia pública, eliminando la competencia.

Cabe preguntarse, si SQM pudiese promover un proceso de industrialización ¿Por qué no lo ha realizado en casi 40 años? ¿Si tenemos el conjunto de ingenieros e ingenieras y equipos técnicos más capacitados del mundo en minería, por qué no se promueve una empresa pública del litio para que Chile reciba todos los ingresos del litio y no solo una parte?

Con este preacuerdo, en la práctica se intenta privatizar nuevamente el litio, generando la posibilidad de consolidar el negocio de la familia Ponce Lerou que heredarán los nietos de Pinochet, cuestión que beneficiará a la casta política y no a la mayoría de los chilenos y chilenas. Si este preacuerdo se realiza, quedará para Chile la pérdida de su soberanía nacional sobre un mineral estratégico y se consolidará la impunidad, la red de corrupción, el despojo de sus bienes, sus ecosistemas y las utilidades que deberían ser para Chile.

Marcela Vera, economista de la Universidad de Chile.