Hemos tomado conocimiento que en la casa-habitación del ex alcalde de La Florida y Santiago, hoy connotado lobbysta, Pablo Zalaquett, se reunieron secretamente hace un mes algunos empresarios que explotan el lucrativo negocio de la salmonicultura, con los titulares de los ministerios de Economía y Medio Ambiente, Nicolás Grau y Maisa Rojas, respectivamente, ello con el propósito de analizar la contingencia y el futuro de esa industria, en particular a la luz de la nueva Ley de Pesca. Suponemos que en esa amistosa reunión los intervinientes aludieron al asuntito de la “permisología”, palabra utilizada por quienes desean que sus proyectos de inversión se tramiten en forma rápida.
Nos parece muy bien que los lobbystas de todos los sectores de la economía soliciten entrevistas con las autoridades del Estado para plantearles requerimientos mercantiles de sus clientes, lo que está debidamente regulado en la Ley N° 20.730. Si se opera en este sentido, las peticiones del sector privado a los agentes públicos quedan registradas y pueden ser de conocimiento generalizado. Si ambos ministros fueron desprolijos, cometieron un tremendo error que debe ser investigado, más todavía porque ellos fueron al lugar físico que había decidido el convocante del encuentro, es decir, el privado Zalaquett, persona que tenía un interés propio en la materia.
Si la entrevista se hubiera producido en alguno de esos dos ministerios, no estaríamos criticando esa sospechosa e imprudente reunión y por ende, la Contraloría General de la República tendría una denuncia menos para investigar, recordando que en materia de pesca hay mucho paño que cortar, lo que saben muy bien, entre otros, la fiscal Ximena Chong, la iquiqueña empresa Corpesca, el político Jaime Orpis y su colega de partido Marta Isasi. En todo caso, como suponemos que ambas autoridades, bien asesoradas por abogados expertos en interpretar eufemísticamente las leyes, sabrán justificar sus incorrectos procederes y nunca más los repetirán.
Pues bien, la Contraloría tiene por obligación legal y constitucional efectuar auditorías dentro de los servicios que fiscaliza para velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público, la probidad administrativa y la inversión de los fondos públicos, como asimismo verificar la exactitud o razonabilidad de los respectivos estados financieros y la observancia de los principios de eficacia en el uso de los recursos públicos. Esta importante entidad de control tiene que formular instrucciones y acciones correctivas para subsanar las infracciones, irregularidades y deficiencias que detecte de oficio o por denuncias de terceros. Cuando las ilegalidades detectadas son de cierta importancia, delitos por ejemplo, tiene que trasladar la documentación al Ministerio Público y en ocasiones al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La Contralora Regional de Tarapacá, Sandra Estay, molesta porque ciertos particulares de su región formulaban denuncias, en ocasiones, sin sustento, le solicitó a la sede central de la Contraloría que se enmendara esa situación para evitar tal incómoda situación que le hacía perder el tiempo en revisiones sin sentido.
El Contralor General, Jorge Bermúdez, con fecha 15/12/2023, firmó el dictamen N°E428343/2023, en el cual encontrándole la razón a la señora Estay, resolvió que las denuncias de particulares “deben ser desempeñadas de acuerdo con una racional, eficiente e idónea administración de los limitados recursos de la Contraloría General, por lo que en caso de no cumplirse con los requisitos establecidos para racionalizar el ejercicio de su labor dictaminadora o con los criterios que hacen factible un procedimiento de fiscalización no planificado, es posible abstenerse de dar la respuesta requerida o adoptar las acciones solicitadas”.
En ese dictamen se le exige al particular que formula una acusación en contra de cualquier órgano público, que necesariamente tenga la condición de interesado directo en el erróneo procedimiento administrativo de tal servicio del Estado, luego los ciudadanos tenemos que demostrarle a la Contraloría que disponemos de legitimación para combatir la corrupción, sobre todo la municipal que es la más evidente y grosera, asunto que se aprecia en este link.
Como este dictamen que no nos gusta, porque es vinculante para todos los que luchamos contra las malas prácticas y afecta en particular a la fundación Defendamos la Ciudad, ente privado sin fines de lucro, independiente y autónomo, que se ha caracterizado a través del tiempo por ser un “cliente frecuente” en formular denuncias en la Contraloría, el 31/12/2023, último día del año que se nos fue, ingresó un texto dirigido a la nueva Contralora, Dorothy Pérez, solicitándole una aclaración al respecto, para saber a qué atenernos.
Como en esta vida hay muchas sorpresas, recordamos que la Ley N° 20.285 de Transparencia, es el resultado de una denuncia hecha hace años en la propia Contraloría por Defendamos la Ciudad, en conjunto con otras organizaciones civiles, con el liderazgo y conducción del joven abogado Moisés Sánchez. Lo anterior, porque habíamos detectado en el Diario Oficial la publicación de una serie de decretos, resoluciones y otros actos administrativos que consagraban el secretismo en plena democracia, ver link.
La respuesta y resolución del excontralor Gustavo Sciolla, (QEPD), fue categórica y por esta razón existe actualmente la referida Ley N° 20.285, legislación que ha permitido evitar que se escondan bajo 7 llaves las decisiones tomadas por parte que aquellos que ejercen el poder político.
