No parecían éstos tiempos adecuados para criticar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Aunque según los datos duros los homicidios disminuyeron un 9,3% por ciento respecto al año anterior, la percepción subjetiva alimentada por la agenda mediática y ciertos sectores políticos es como si se hubieran duplicado. Entonces, como según algunos medios y dirigentes la inseguridad ciudadana ha llegado a un punto intolerable, la respuesta del Gobierno ha sido blindar a la institución y a su mandamás. Llegamos a un punto donde ni los periodistas podían decir algo que no fuera un respaldo irrestricto a la institución, cuya máxima expresión fue el despido inmediato de la destacada periodista de Mega, Paulina de Allende Salazar, por el solo hecho de haber dicho “paco” al aire, a pesar de haberse disculpado de inmediato.

La reforma a Carabineros, que era uno de los puntos más destacados por la candidatura de Boric, quedó en el baúl de los recuerdos, bajo la construcción argumental de que cualquier mención a transformar la institución podía ser leída como crítica. Parecía una herejía decir entonces, quizás ahora también lo es, que la reforma institucional es para fortalecer a la institución, no para debilitarla, y que incluso podría ayudar a salvar vidas de funcionarios uniformados, pues en más de un operativo terminado con consecuencias trágicas hubo falencias de diagnóstico por parte de las víctimas.

Aunque se ha abusado del concepto “cancelación”, y por eso evitamos usarlo, podríamos decir que en este caso sí ha habido una cancelación respecto al tema “Carabineros”. Y la expresión máxima de todo lo dicho fue el olvido político e institucional de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno anterior, sin precedentes desde la dictadura, donde los perpetradores fueron casi en su totalidad policías uniformados. Organismos de derechos humanos de distinto tipo, nacionales e internacionales, aun con matices, coincidieron en que lo ocurrido había sido de extrema gravedad (un solo ejemplo es la mutilación ocular de más de 400 manifestantes, hecho inédito en la historia mundial reciente y que no habría sido posible sin una política de represión). Y a su vez han advertido que ha imperado la impunidad respecto a los autores materiales de estos crímenes, así como también en relación a la responsabilidad del mando y la responsabilidad política.

Hay que decir que, además, el actual director de Carabineros respecto al que se ha solicitado la imputación, general Yáñez, ha mostrado una permanente falta de voluntad de colaborar con la investigación, recurriendo a todo tipo de recursos judiciales para no prestar declaración. Estamos, entonces, frente a un punto de inflexión, más aun cuando se está denunciando una operación para bloquear la investigación de la Fiscal Ximena Chong, procurando sacarla del caso.

Además de observar cual será el proceder del Ministerio Público al respecto, una pregunta política de primer orden es para el Gobierno ¿va a seguir haciendo como si el actual director de Carabineros no fue el mismo que dirigía la institución cuando ocurrieron los graves hechos recién descritos?