Sigue generando controversia el proyecto de ley que regula el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Presidente de la República, luego que ayer la la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados despachara la iniciativa a Sala.
Debido a que la instancia legislativa no consideró las indicaciones del Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno presentará su propio proyecto en los próximos días.
Cabe destacar que previamente el Presidente Gabriel Boric advirtió que hará uso de su facultad administrativa para revocar las pensiones de gracia, en caso de identificarse beneficiarios con antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico.
En una conferencia de prensa, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, precisó que “no se les quitará la pensión a aquellos que estén afectados por un daño permanente, como es el caso de quienes sufrieron trauma ocular”.
Asimismo, la titular de la Segegob aseveró que en las revocaciones administrativas que plantea La Moneda, principalmente contra personas que tengan antecedentes penales por delitos graves “hay ciertas exclusiones”.
“El Estado no puede desconocer la obligación de parar esas violaciones a los derechos humanos y por lo tanto, es criterio de exclusión y criterios de inclusión los que están incluidos los que han cometido delitos graves, como homicidio, violación”, afirmó.
Respecto al avance del proyecto de ley, la diputada UDI y presidenta de la comisión de Desarrollo Social, Marlene Perez, emplazó al Gobierno a “transparentar” su postura definitiva.
“El Presidente Boric debe sincerarnos de una buena vez si está por mantener las pensiones a delincuentes o dar una señal clara, revocando el beneficio a quienes no la merecen y otorgando urgencia al proyecto de ley que despachamos hoy”, instó.
Por otro lado, la diputada del Partido Comunista y también miembro de la instancia, María Candelaria Acevedo, llamó al Ejecutivo a que “trabaje en esta materia, porque hace falta”.
“Yo voté este proyecto en contra, porque no parece cómo se ha tratado o cómo se está viendo el tema de las pensiones de gracia. Creo que es importante decir que son dos situaciones diferentes. Una es la situación que ha ocurrido con aquellas personas que ya han cumplido una pena o que están en esa situación. Pero, además, en lo que se refiere a una reparación hacia las personas que sufrieron violaciones de sus derechos humanos en lo que fue la revuelta social”.
Según la parlamentaria ante esta situación apuntó que “yo creo que al Estado le ha faltado mecanismos para resolverlo de mejor manera y eso se trata de haber presentado una ley de reparación”.
Sigue generando controversia el proyecto de ley que regula el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Presidente de la República, luego que ayer la la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados despachara la iniciativa a Sala.
Debido a que la instancia legislativa no consideró las indicaciones del Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno presentará su propio proyecto en los próximos días.
Cabe destacar que previamente el Presidente Gabriel Boric advirtió que hará uso de su facultad administrativa para revocar las pensiones de gracia, en caso de identificarse beneficiarios con antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico.
En una conferencia de prensa, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, precisó que “no se les quitará la pensión a aquellos que estén afectados por un daño permanente, como es el caso de quienes sufrieron trauma ocular”.
Asimismo, la titular de la Segegob aseveró que en las revocaciones administrativas que plantea La Moneda, principalmente contra personas que tengan antecedentes penales por delitos graves “hay ciertas exclusiones”.
“El Estado no puede desconocer la obligación de parar esas violaciones a los derechos humanos y por lo tanto, es criterio de exclusión y criterios de inclusión los que están incluidos los que han cometido delitos graves, como homicidio, violación”, afirmó.
Respecto al avance del proyecto de ley, la diputada UDI y presidenta de la comisión de Desarrollo Social, Marlene Perez, emplazó al Gobierno a “transparentar” su postura definitiva.
“El Presidente Boric debe sincerarnos de una buena vez si está por mantener las pensiones a delincuentes o dar una señal clara, revocando el beneficio a quienes no la merecen y otorgando urgencia al proyecto de ley que despachamos hoy”, instó.
Por otro lado, la diputada del Partido Comunista y también miembro de la instancia, María Candelaria Acevedo, llamó al Ejecutivo a que “trabaje en esta materia, porque hace falta”.
“Yo voté este proyecto en contra, porque no parece cómo se ha tratado o cómo se está viendo el tema de las pensiones de gracia. Creo que es importante decir que son dos situaciones diferentes. Una es la situación que ha ocurrido con aquellas personas que ya han cumplido una pena o que están en esa situación. Pero, además, en lo que se refiere a una reparación hacia las personas que sufrieron violaciones de sus derechos humanos en lo que fue la revuelta social”.
Según la parlamentaria ante esta situación apuntó que “yo creo que al Estado le ha faltado mecanismos para resolverlo de mejor manera y eso se trata de haber presentado una ley de reparación”.
Sigue generando controversia el proyecto de ley que regula el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Presidente de la República, luego que ayer la la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados despachara la iniciativa a Sala.
Debido a que la instancia legislativa no consideró las indicaciones del Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno presentará su propio proyecto en los próximos días.
Cabe destacar que previamente el Presidente Gabriel Boric advirtió que hará uso de su facultad administrativa para revocar las pensiones de gracia, en caso de identificarse beneficiarios con antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico.
En una conferencia de prensa, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, precisó que “no se les quitará la pensión a aquellos que estén afectados por un daño permanente, como es el caso de quienes sufrieron trauma ocular”.
Asimismo, la titular de la Segegob aseveró que en las revocaciones administrativas que plantea La Moneda, principalmente contra personas que tengan antecedentes penales por delitos graves “hay ciertas exclusiones”.
“El Estado no puede desconocer la obligación de parar esas violaciones a los derechos humanos y por lo tanto, es criterio de exclusión y criterios de inclusión los que están incluidos los que han cometido delitos graves, como homicidio, violación”, afirmó.
Respecto al avance del proyecto de ley, la diputada UDI y presidenta de la comisión de Desarrollo Social, Marlene Perez, emplazó al Gobierno a “transparentar” su postura definitiva.
“El Presidente Boric debe sincerarnos de una buena vez si está por mantener las pensiones a delincuentes o dar una señal clara, revocando el beneficio a quienes no la merecen y otorgando urgencia al proyecto de ley que despachamos hoy”, instó.
Por otro lado, la diputada del Partido Comunista y también miembro de la instancia, María Candelaria Acevedo, llamó al Ejecutivo a que “trabaje en esta materia, porque hace falta”.
“Yo voté este proyecto en contra, porque no parece cómo se ha tratado o cómo se está viendo el tema de las pensiones de gracia. Creo que es importante decir que son dos situaciones diferentes. Una es la situación que ha ocurrido con aquellas personas que ya han cumplido una pena o que están en esa situación. Pero, además, en lo que se refiere a una reparación hacia las personas que sufrieron violaciones de sus derechos humanos en lo que fue la revuelta social”.
Según la parlamentaria ante esta situación apuntó que “yo creo que al Estado le ha faltado mecanismos para resolverlo de mejor manera y eso se trata de haber presentado una ley de reparación”.
