Diario y Radio Universidad Chile

Año XVI, 23 de febrero de 2024


Escritorio

“El Presidente no tiene ninguna facultad”: Abogados aclaran que Boric no puede retirar querellas del Estallido Social

Los abogados Carlos Margotta y Luis Mariano Rendón argumentaron que las acciones judiciales fueron interpuestas, principalmente, por organizaciones de la sociedad civil. El INDH, también querellante, tampoco está sujeto a órdenes del Presidente.

Fernanda Araneda

  Domingo 11 de febrero 2024 16:54 hrs. 
El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, anunció que convocará al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Compartir en

Polémica causaron las palabras del Presidente Gabriel Boric, en el funeral de Estado de Sebastián Piñera, en las que indicó que durante su Gobierno “las querellas y las recriminaciones, fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”.

La alocución generó molestia dentro del propio oficialismo (desde el PC acusaron que se trataba de declaraciones “negacionistas”), mientras que en la derecha, representantes como el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, pidieron al mandatario  “gestos concretos”.

“Sería bueno que el Presidente Boric, como una señal de unidad, retirara estas querellas que, obviamente, ponen un ‘pelo en la leche’ a este ambiente que se ha ido creando de más acuerdos y más consenso”, dijo Sauerbaum.

En ese escenario, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dos abogados querellantes en casos del estallido social, quienes aclararon que el Mandatario no está en posición de retirar las acciones judiciales.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, argumentó que las querellas referidas a violaciones a los derechos humanos durante el Estallido fueron principalmente “interpuestas por organismos pertenecientes a la sociedad civil” y que por ello “el Presidente de la República no tiene ninguna facultad ni atribución para desistir”.

“Lo que ocurre, es que nosotros recordamos que durante su campaña él dijo que iba a perseguir a Piñera ya sea en los tribunales chilenos o en instancias internacionales, pero eso fue una mera promesa de campaña que no se cumplió”, planteó.

“Él no se hizo parte de ninguna querella ni de la denuncia que nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos, hicimos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en contra de Sebastián Piñera y de las demás autoridades políticas, civiles y militares”, precisó.

Margotta detalló que fueron un total de 46 las querellas presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (principalmente por casos de trauma ocular) y que respecto a estas mismas, no debería existir “presión política” para que se desista de ellas.

“La necesidad de hacer verdad y justicia respecto a estos graves crímenes, no se puede decidir tan fácilmente y no se puede presionar políticamente porque el Estado, cuando se cometen violaciones a los derechos humanos, está obligado internacional y nacionalmente a promover la verdad y la justicia respecto a ellos”, afirmó.

“Lo que se vivió en Chile no fueron meros excesos, sino se cometieron crímenes contra la humanidad, que es la categoría de violaciones a los derechos humanos más importante definida por la comunidad internacional”, agregó.

Luis Mariano Rendón: “El Presidente no tiene ningún poder sobre nosotros”

Esta semana, tras el fallecimiento de Sebastián Piñera, se pidió el sobreseimiento del exmandatario en una causa en contra de él y otras autoridades políticas y policiales, por “responsabilidades omisivas” en el marco del estallido social.

El abogado Luis Mariano Rendón es querellante en dicha investigación y respondió a las voces -entre ellas la de la exministra de Educación, Marcela Cubillos- que han pedido al Presidente Boric que ejerza presión sobre su sector para que se retiren las querellas en contra de autoridades del Gobierno de Piñera.

De acuerdo a Rendón, en este caso, el Mandatario “no tiene ningún poder”, ya que “estamos en un país democrático y los que hemos presentado las querellas lo hemos hecho en virtud de las atribuciones que nos entrega el ordenamiento jurídico”.

“Algunos podríamos ser simpatizantes del actual Gobierno, otros podrán tener incluso alguna distancia en algunos temas, pero eso es indiferente. Las hemos interpuesto como ciudadanos de este país, en el ejercicio de nuestros derechos y el Presidente no tiene ningún poder sobre nosotros para exigirnos que retiremos las querellas”, insistió.

Rendón además apuntó a las propias palabras de Boric en el funeral, que han sido “muy criticadas por aquellos que hemos denunciado las violaciones a los derechos humanos cometidas”. “Entonces, el propio Presidente debe entender que una petición en tal sentido sería completamente infructuosa”.

En esa misma línea, el abogado aseguró que en general la intervención del Presidente le pareció adecuada, “pero tuvo algunos párrafos que fueron bastante desafortunados”.

“El párrafo en que señaló que el expresidente Piñera había actuado siempre en el marco de la democracia y la Constitución, cuando enfrentó las protestas del año 2019, me parece un negacionismo de los atropellos que ahí se cometieron. Mutilar cientos de personas no es actuar con los mecanismos de la democracia y la Constitución”, sostuvo.

El rol del INDH

Otro de los querellantes es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una corporación autónoma de derecho público, por lo que tampoco puede recibir órdenes directas del presidente de la República. Con motivo del último aniversario del estallido social, el 18 de octubre de 2023, esta entidad hizo un balance en esta materia. Según señaló, entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, el INDH interpuso ante los tribunales de justicia 3.216 querellas. Se trata de acciones judiciales en favor de 3.777 víctimas, de los cuales en solo 33 casos hubo sentencias condenatorias.

En cuanto a los delitos contenidos en las querellas, 2.252 corresponden a apremios ilegítimos, 582 a torturas, 223 a violencia innecesaria y 159 a algún otro tipo de vulneración. Del total de querellas, a la fecha sólo 33 tienen sentencias condenatorias, firmes y ejecutoriadas.

Además, se presentaron nueve amparos ante juzgados de garantía y 18 amparos constitucionales.

En tanto, de las 3.777 eventuales víctimas, 2.814 corresponden a hombres (75%) y 959 a mujeres (25%). La edad promedio de este universo total es de 26 años. Ahora bien, hay 1.486 víctimas pertenecientes a algún grupo de especial protección: 591 (16%) corresponden a niños, niñas y adolescentes y las ya mencionadas 959 mujeres.

Síguenos en