Desde el 13 de noviembre de 2023, quince presos políticos mapuche, pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se encuentran en huelga de hambre. Están recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío de Concepción y en la cárcel de Temuco. Exigen la anulación de los fallos condenatorios, la habilitación de un módulo para comuneros mapuche y condiciones carcelarias acordes a su condición de presos políticos indígenas. Respecto a la primera demanda, se ha dado a conocer que cuatro de ellos han sido absueltos por los tribunales de justicia locales.
Como en anteriores ocasiones, los medios de comunicación chilenos han optado por invisibilizar las protestas mapuche. El representante del gobierno, el Subsecretario Jaime Gajardo (Partido Comunista de Chile), en declaraciones a los medios de prensa, ha rechazado las exigencias de los huelguistas, mientras que el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, se ha mantenido indiferente.
Avanzada la huelga de hambre hacia fines de diciembre de 2023, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, ha declarado a los medios de comunicación la necesidad de incluir a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en una mesa de diálogo. El vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla, expresó su acuerdo con la directora del INDH, añadiendo que “lo que pide la CAM es la restitución de tierras ancestrales y autonomía (…) aquí en Chile eso no se entiende y lo interpretan como independencia”. También agregó que “es difícil debatir si los políticos chilenos no comprenden estos conceptos básicos”.
Por su parte, la Coordinadora Arauco Malleco llamó la atención sobre los obstáculos existentes para considerar su participación en una mesa de diálogo: “No puede haber diálogo con militarización del Wallmapu en defensa de las forestales, con represión a los lof que luchan por la tierra, y menos aun cuando hay presos políticos mapuche en huelga de hambre con condenas injustas”.
El senador Francisco Huenchumilla es también miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, una comisión que, según lo expresado por el presidente de la República, tiene como objetivo “proponer al país mecanismos concretos y plazos definidos para saldar la deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche.” El Primer Mandatario hizo especial énfasis en que la Comisión “deberá realizar un catastro de las tierras ancestrales reclamadas por las comunidades mapuche, además de los Títulos de Merced, y propondrá al país mecanismos concretos, con plazos establecidos, que permitan reparar esta deuda histórica abordando la raíz del conflicto e identificando qué tierras no pueden ser devueltas.”
Dicha Comisión deberá presentar recomendaciones de modificaciones institucionales y legislativas a implementar hacia fines de 2024, coincidiendo con los 200 años de la firma del Tratado de Tapihue del 7 de enero de 1825, entre representantes de las identidades territoriales mapuche y el Estado de Chile.
En el mes de junio de 2023, los representantes de los partidos de la oposición se dirigieron a la Casa de la Moneda para hacer público su respaldo a esta iniciativa. Sin embargo, fueron enfáticos en señalar que la Comisión para la Paz y el Entendimiento no es una instancia resolutiva.
A finales del mismo mes, el Presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión con el conjunto de representantes políticos para especificar el objetivo de la Comisión. Un diputado de un partido de la oposición grabó y posteriormente filtró a la prensa el contenido de dicha reunión. La noticia sobre la delegación de la implementación de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento a un próximo Gobierno causó preocupación especial dentro del mundo político indígena.
Fue preocupante enterarse de que no existe una definición del gobierno sobre el concepto de “tierras ancestrales”. Según lo expresado, la discusión se centra en si se considerará el criterio de presencia continua (cementerios o lugares de ceremonia, etc.), la pertinencia cultural u alguna otra alternativa. Consultada por la prensa, la vocera del gobierno sostuvo que la definición de “tierras ancestrales” será un aspecto que “se dará de ahora en adelante en el marco de este proceso de diálogo”.
Teniendo en cuenta las intenciones de los representantes de los partidos políticos de derecha que participan en la Comisión, así como la falta de coherencia del gobierno en su propuesta para resolver la restitución de tierras, estos factores se convierten en elementos de incertidumbre en este proceso.
El programa de gobierno de Boric en un principio generó grandes expectativas en ciertos sectores de los pueblos indígenas, porque hablaba de plurinacionalidad y de avanzar en derechos que históricamente han sido postergados e ignorados por el Estado, se ve opacado por el hecho de que muchas demandas siguen sin respuesta. La abismal discrepancia entre la postura del Gobierno en su propuesta de Comisión para la Paz y el Entendimiento y lo acordado hace 200 años en el Parlamento General de Tapihue es sorprendente. Lo paradójico de esta situación nos lleva a reflexionar y visibilizar la capacidad del Estado de Chile para resolver este conflicto histórico.”
Tierras y territorios ancestrales
En diversos ámbitos académicos, políticos e institucionales chilenos, los modelos neozelandés, canadiense y australiano han sido señalados como referentes y se han destacado como opciones viables para la implementación de una definición de “tierras ancestrales”.
En los tres modelos mencionados, el Estado reconoce la preexistencia y autodeterminación de los pueblos indígenas. En Nueva Zelanda, este reconocimiento se materializó a través del tratado de Waitangi de 1840, el cual definió la relación entre la Corona y el pueblo Maorí. El proceso de reconocimiento en Nueva Zelanda se extiende por más de tres décadas que estableció una oficina para la implementación del Tratado, un tribunal encargado de resolver las demandas de devolución territorial, y un Ministerio de Desarrollo Maorí. Asimismo, se establecieron políticas para el reconocimiento de derechos culturales y políticos, como escaños reservados.
En 2017, en Australia, se firmó la Declaración de Uluru. Este documento, presentado por los pueblos indígenas de Australia, busca el reconocimiento y el respeto por sus derechos y su cultura. La declaración fue presentada en la Convención Constitucional Nacional y se fundamenta en tres recomendaciones principales: el establecimiento de una Voz de los Pueblos Indígenas, la creación de un Comisionado de la Verdad y la Reconciliación, y el compromiso del gobierno australiano de colaborar con los pueblos indígenas para desarrollar políticas y programas que aborden las desigualdades y la discriminación.
La Declaración de Canadá de 1973 es un pronunciamiento conjunto del gobierno federal y los gobiernos provinciales de Canadá que reconoce los tratados históricos celebrados entre los pueblos indígenas y el gobierno colonial, anteriores a la creación de Canadá como nación. Esta declaración surgió como respuesta al caso Calder, una demanda presentada en 1969 ante la Corte Suprema de Canadá por el jefe Frank Calder y el Consejo Tribal Nisga’a.
El caso Calder planteó la cuestión de si el título ancestral de los nisga’a sobre sus territorios ancestrales había sido extinguido por el gobierno canadiense. Este caso marcó un hito histórico para el movimiento de los derechos indígenas a nivel mundial, ya que fue la primera vez que una Corte Suprema reconocía la existencia del título ancestral y la necesidad de negociar con los pueblos indígenas. Además, el caso Calder sentó las bases para el posterior acuerdo del tratado de Nisga’a en 2000, que fue el primer tratado firmado entre un pueblo indígena y el gobierno de un estado post-colonial.
José Lincoqueo Huenuman (+2022), abogado reconocido por la comunidad mapuche, sostiene que desde el río Bío-Bío hacia el sur, las leyes de propiedad austral y las leyes de indios carecen de fundamento legal y constitucional, ya que se superponen a los 28 tratados y/o parlamentos celebrados entre la Corona Española y la Nación Mapuche. Siguiendo este argumento, al igual que en el caso de Canadá y Nueva Zelanda, estos tratados son acuerdos históricos que se remontan a tiempos anteriores a la creación de Chile como nación, entre los pueblos indígenas y el gobierno colonial.
El 27 de febrero de 2006, en el contexto de la propuesta de Reconocimiento Constitucional a los pueblos originarios, Lincoqueo, respaldado por el Centro de Estudios de Derecho Indiano (CEDI), envió un documento a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En este documento, Lincoqueo llama la atención sobre los “Profundos errores sobre el Reconocimiento Constitucional del pueblo mapuche”.
En dicho escrito, señala que, según el artículo 19 del Parlamento General de Tapihue del 7 de enero de 1825, suscrito por R. Freire y F. Mariluán e identidades territoriales por la parte mapuche, Chile alcanza hasta la ribera norte del río Bío Bío. El Parlamento General de Tapihue especifica que el Bío Bío es la línea divisoria entre los nuevos hermanos y aliados, es decir, entre Chile y Ragko Mapu (Arauco en español).
Lincoqueo enfatiza que este tratado nunca ha sido derogado y que la parte mapuche nunca lo ha violado. Por otro lado, señala que la parte chilena sí lo ha hecho, mediante la promulgación de leyes agresivas y genocidas el 2 de julio de 1852 (por Manuel Montt) y el 4 de diciembre de 1866 (por José J. Pérez), así como la formación del Ejército de la Frontera para iniciar su ocupación militar entre 1860 y 1883, todo esto sin una previa declaración de guerra, habiendo un Parlamento General y un Tratado de paz perpetua o tregua indefinida.
En 2018, José Lincoqueo envió una notificación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, informando sobre la existencia de 29 tratados, 28 con la Corona Española y uno con el Estado de Chile, ratificando así la existencia y el reconocimiento internacional de la nación mapuche y su soberanía sobre sus territorios.
Con base en lo expuesto anteriormente, se puede debatir la ilegalidad de la aplicación del código procesal civil a los presos políticos mapuche. Esto se debe a que el Estado chileno y sus leyes son considerados ilegales en territorio mapuche, dado que constituyen de facto una ocupación militar desde 1860 hasta la actualidad.
Si existe un auténtico interés en seguir el modelo neozelandés, canadiense y australiano, el Estado de Chile debería comenzar por reconocer el Parlamento General y el Tratado de Tapihue. De no ser así, en el mundo mapuche continuarán resonando las palabras de José Lincoqueo Huenuman: “El Estado chileno no posee legalidad en territorio mapuche”.
