La participación de empresas israelíes en la FIDAE 2024 ha sido objeto de polémica. Del mismo modo que en 2022 el gobierno del Presidente Piñera decidió excluir a las empresas rusas de la Feria de ese año, hoy el gobierno del Presidente Boric decide con un criterio similar, y en coherencia con la posición de Chile sobre la cuestión Palestina ante la ONU y su más alto tribunal, la Corte Internacional de Justicia. Hace muy poco, Chile se sumó a la comunidad internacional en la denuncia de las acciones por parte de Israel que son constituyentes de genocidio, poniendo en evidencia el compromiso de Chile con el derecho internacional y los derechos humanos.
Sorprende entonces la agresiva respuesta de ex funcionarios del gobierno y las FFAA ante esta decisión, indicando que sería un atentado a la seguridad nacional y las relaciones bilaterales, y hasta haciendo uso de la delicada acusación de anti-semitismo para referirse a la decisión gubernamental.
Desde 1948, el Estado de Israel ha tenido una conducta internacional deplorable que incluye la declaración de guerra y expansión de fronteras hacia sus vecinos, el desplazamiento forzado y limpieza étnica de la población nativa que ha habitado dicho territorio durante muchos siglos, el incumplimiento de más de 60 resoluciones de Naciones Unidas, y la construcción de un sistema de Apartheid, tal como han reconocido múltiples organismos internacionales. En este sentido, Israel es un estado similar al de las más violentas dictaduras en el mundo, incluyendo el Apartheid de Sudáfrica al que la comunidad internacional decidió aislar hace no tanto tiempo.
Por lo mismo, no es extraño que un país comprometido con los DDHH y el derecho internacional decida aplicar sanciones a un Estado que viola abiertamente ambos marcos regulatorios internacionales. Si ese país financia su actividades ilegales e ilegítimas a través de la venta de armamento y tecnología contrainsurgente, ¿no es perfectamente razonable que Chile decida comenzar a cortar lazos con su Estado y sus empresas? Lo contrario volvería a Chile un país cómplice con los peores crímenes contra la humanidad, y eso incluye a su propia humanidad.
Valoramos la decisión del gobierno porque demuestra una política exterior independiente y consecuente, donde prima un criterio estratégico de largo plazo, para el cual la seguridad nacional también incluye la seguridad del resto de los pueblos, en la perspectiva de un orden global basado en la colaboración y el respeto, y no en la expansión o el genocidio. Hoy, para el mundo, la verdadera amenaza de seguridad es un país que está dispuesto a matar a 30 mil civiles con bombardeos aéreos, incluyendo un altísimo porcentaje de niñas y niños, además de exponer a miles a la inanición impuesta por el bloqueo a la ayuda humanitaria. Chile no puede ser cómplice.
Pablo Abufom
Vocero de la Coordinadora por Palestina
