La Comisión Chilena de Derechos Humanos desea reiterar su preocupación y condena por el ataque indiscriminado que está realizando el Estado de Israel en contra del pueblo palestino en Gaza, en respuesta del ataque y secuestro de rehenes perpetrado el 7 de octubre por el grupo armado Hamas.

En su oportunidad, nuestra Institución emitió una Declaración Pública en la que junto con hacer un breve recuento histórico de la ocupación israelí de los territorios palestinos y del desconocimiento por parte del Estado de Israel  de las Resoluciones emanadas de los órganos de Naciones Unidas, emitidas a partir del año 1947, y denunciar su permanente vulneración del Derecho Internacional y desprecio del sistema de protección internacional de los derechos humanos, hacíamos un llamado a Naciones Unidas y al Gobierno de Chile a adoptar una posición más activa a objeto de contribuir a poner término al genocidio en curso en Gaza.

Concluíamos que los discursos de las autoridades israelíes “denotan que lo que está en curso actualmente no es una operación de rescate de rehenes, o un acto de justicia retributiva, sino una condenable operación de “limpieza étnica”, constitutiva del crimen de genocidio, dirigida en contra del pueblo palestino.”

Las recientes declaraciones del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, principal responsable de la barbarie acometida por el Estado israelí, por medio de las cuales rechazó la propuesta de Hamas de un cese al fuego, el retiro de las fuerzas israelíes y la liberación de los palestinos detenidos en Israel a cambio de los 134 rehenes aún sin liberar, nos dan la razón y demuestran las verdaderas intenciones y objetivos del Estado de Israel.

La dramática situación de más de dos millones de palestinos asediados en Gaza por la permanente agresión militar israelí, se agrava cada día más. Según cifras actualizadas, han muerto más de 30.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños. En efecto, del total de fallecidos, 8.800 corresponden a mujeres y 13.230, a niños. Además, 340 trabajadores de la salud y 132 periodistas perdieron la vida. Sólo en los últimos días, 23 niños han muerto de desnutrición y deshidratación, debido al corte de suministro de agua, alimentos y combustible por parte del Ejército israelí. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por llevar ayuda humanitaria, 700.000 personas están en riesgo de hambruna, particularmente en el norte de Gaza.

La decisión de continuar con la comisión de estos graves crímenes internacionales por parte del Estado de Israel, particularmente del de Genocidio, no ha podido ser modificada por la comunidad internacional, especialmente por su principal órgano rector (ONU), creado para resguardar la paz y la seguridad internacionales. El permanente veto del principal aliado de Israel, Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hacen infructuosos los esfuerzos de su Secretario General, Antonio Guterres, por lograr el cese del fuego. A su vez, la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel por violación de la Convención sobre Genocidio, tampoco ha dado frutos a pesar de las medidas provisionales decretadas. El sistema de protección internacional de derechos humanos, a su vez, ha demostrado también su ineficacia. Urge una profunda reforma para fortalecerlo y garantizar su eficacia. La denuncia presentada por más de 100 abogados chilenos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por Genocidio, Crímenes de guerra y Crímenes contra la Humanidad, no ha logrado detener la agresión israelí. Tampoco han servido las múltiples manifestaciones en todo el mundo, incluso en territorio israelí, que abogan por la Paz y condenan la política criminal de Netanyahu y su Gobierno.

Frente a esta dramática realidad que no podemos aceptar ni normalizar, la Comisión Chilena de Derechos Humanos vuelve a hacer un llamado a Naciones Unidas a utilizar todos los mecanismos disponibles para poner término al Genocidio en Gaza. A los medios de comunicación, a no ser voceros de la narrativa de los agresores e históricos vulneradores del Derecho Internacional, que buscan a través de distintos discursos (“teoría del empate” y un supuesto antisemitismo, entre otros), justificar lo injustificable. Y al Gobierno de Chile, un llamado a adoptar medidas más enérgicas que expresen la permanente vocación de paz del pueblo chileno, su adhesión al respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional y su histórica solidaridad con los pueblos que sufren. Si bien valoramos la decisión de llamar al Embajador de Chile para consultas y hacerlo permanecer en nuestro territorio en forma indefinida, sumada a la decisión de impedir que empresas israelíes expusieran en FIDAE, estas medidas son insuficientes frente a la magnitud de la tragedia vivida por el pueblo palestino y la contumacia del Gobierno de Israel, que persiste sistemáticamente con su inaceptable y condenable política de exterminio. Por tanto, es hora que el Gobierno, a nombre del Estado de Chile, rompa relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, a objeto de expresar coherencia y consistencia entre su discurso y el hacer, demostrando así que los principios éticos, jurídicos y políticos que enarbola de defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional, son efectivamente los pilares permanentes de la política exterior, y no los intereses comerciales y militares.