Don Ángel Valencia se molestó sobremanera cuando la ministra y vocera de gobierno, Camila Vallejo, en un acto público, afirmó que en Chile hay “indicios” de la existencia de una red de corrupción de cuello y corbata, interpelándola inmediatamente para que ella denuncie esa red por escrito en las instancias correspondientes. La aludida morigeró sus expresiones para evitar que la controversia escalara a niveles superiores.

Pues bien, justificando el título de esta columna de opinión, le informamos al distinguido fiscal nacional que, en diferentes medios de expresión y ante el propio Ministerio de Defensa, hemos denunciado formalmente la red que tolera la corrupción y el tráfico de influencias en el ámbito de los inmuebles fiscales que las diferentes ramas de las FF.AA. venden en el mercado inmobiliario, asunto que, entre otros, fue publicado en el año 2021 en el Diario Financiero.

Sobre esta grotesca situación no regularizada hasta el día de hoy, nos sonreímos bastante cuando conocimos la solicitud de Sergio Muñoz a Luis Hermosilla, en orden a que éste interviniera ante La Moneda porque la PDI deseaba comprar (sic) a la FACH la mansión de lujo que él ocupaba en la comuna de Las Condes. El hoy encarcelado Muñoz desconocía que ese inmueble no le pertenecía a la FACH, institución que lo recibió por parte del Ministerio de Bienes Nacionales en calidad de asignación para sus propios requerimientos institucionales.

Lo que en rigor correspondía, si el lenguaraz informante ex director de la PDI quería seguir disfrutando de las comodidades de esa magnífica casa, era solicitarle al “abogado del presidente” Luis Hermosilla que, con sus buenos oficios, se tramitara el uso y goce de la misma por parte de la PDI. En todo caso, celebramos que el nuevo director de esta institución, Eduardo Cerna, haya dado término al respectivo millonario contrato de alquiler, con lo cual se dio una señal de racionalidad y decencia en el ejercicio de su función.

Podemos seguir dando infinidad de otros ejemplos de corrupción, pero en esta ocasión describiremos solo una antigua práctica indebida en el ámbito de la autorización ilegal y posterior construcción, de una planta termoeléctrica localizada en una zona saturada en la Región de Valparaíso.

El 15/03/2011 publicamos en Ciper la columna “Campiche y la Embajada de EEUU”, describiendo con lujo detalles el episodio de la intromisión de un ex embajador de ese país en nuestros asuntos de políticas públicas ya resueltos por dictamen de la Contraloría General de la República y fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia. Allí hablábamos de la empresa norteamericana AES Gener favorecida con extemporáneas decisiones administrativas del gobierno de Bachelet, con las cuales, consintiendo el pedido extranjero, se violó nuestro Estado de Derecho.

Pues bien, después de algunos meses la OCDE nos respondió en inglés, dejando en claro que esa organización internacional carece de fuerza y de atribuciones para que los países adscritos a ella cumplan las disposiciones que imparte a las empresas multinacionales. En todo caso, la autoridad firmante de la contestación nos expresó que “sin embargo he pedido a mi personal que transmita su comunicación al gobierno de Chile para su conocimiento y adopción de medidas si se considera apropiado”.

En vista de lo anterior y como la OCDE se relaciona directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, el 3 de noviembre de 2011, conforme a la Ley Nº 20.285, de Transparencia, le solicitamos a Alfredo Moreno, entonces canciller de la República, que nos informara por escrito cual ha sido el resultado de la investigación que se ha hecho al interior del gobierno para impedir en lo sucesivo la intromisión de países extranjeros en nuestras políticas de Estado. Al anterior le expresamos que el gobierno de Sebastián Piñera debía adoptar urgentemente las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de prácticas tan negativas que erosionan el sistema democrático y el ejercicio del libre mercado en la economía.

Con el propósito de que el aludido ministro tuviera a la mano la documentación de respaldo, le adjuntamos a nuestra presentación, copia del texto de denuncia formulada ante el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, acusación que conocían el contralor General de la República, Ramiro Mendoza y el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. Vía carta Nº 4892 del 25 de noviembre de 2011, la directora de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores nos responde en los siguientes términos : “…….no disponemos de ninguna clase de información sobre la materia consultada y, por lo tanto, resulta imposible remitirle cualquier tipo de antecedentes o informaciones”.

Ante esta mentirosa respuesta, que buscaba la impunidad, queda en evidencia que el acomodaticio sistema imperante en Chile no desea, por ningún motivo, reconocer los comportamientos incorrectos de sus agentes políticos y por ello la Cancillería de Piñera se negó a reconocer la existencia de esa actuación sumamente corrupta, amparada por la red que aludía Camila Vallejo. Si ese gobierno nunca se allanó a decir la verdad en el episodio antes aludido, el secreto se debió haber explicado por las conocidas “razones de Estado”.

Por lo comentado, le proponemos al fiscal Valencia que nos reciba en su oficina para que, de primera fuente, y en una amistosa futura conversación, conozca de qué forma operan los más influyentes actores de los mercados, muchas veces coludidos con funcionarios públicos, recordándole que tenemos varias querellas criminales por los delitos de prevaricación administrativa, interpuestas en algunos juzgados de garantía, las que no avanzan porque los fiscales carecen de tiempo para investigarlas o por otros motivos más comprometedores. El, como hombre docto e informado, debió haber leído “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo, y por ello sabrá cómo se desenvuelven en este mundo los seres humanos.

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.