El mundo de la memoria y los derechos humanos vive un nuevo momento de crisis. A un año de la puesta en marcha del Programa Sitios de Memoria, una iniciativa aprobada por el Presidente Gabriel Boric como una solución a la falta de recursos para el sector, son al menos dos los centros que han anunciado que se verán obligados a cerrar sus puertas hasta nuevo aviso. 

La razón es simple: luego de una serie de demoras administrativas en el proceso correspondiente al 2024, la asignación de los recursos quedó fechada para agosto de este año. Una alteración en los plazos que se traduce en la falta de financiamiento total para el primer semestre y que pone en riesgo el correcto funcionamiento de estos espacios.

Eso se suma a un cambio en la modalidad del programa que, según denuncian las organizaciones, lo transformará en un nuevo fondo concursable. Algo que no garantiza la continuidad en la entrega de los recursos.

Todo lo anterior se traduce en la imposibilidad de los centros de memoria para, por ejemplo, costear algo tan básico como los sueldos de sus colaboradores. El Centro Cultural Museo y Memoria Neltume es uno de los espacios que anunció su cierre. Angélica Navarrete, presidenta de su directiva, señaló a Diario y Radio Universidad de Chile que una de las condiciones para poder postular al fondo era su renuncia a los recursos que hasta entonces percibían como sitio colaborador.

“Nos integramos a este nuevo presupuesto, que en un inicio se nos dijo que sería de asignación directa. Y estando ya dentro del proyecto nos anuncian que va a ser un fondo concursable”, asegura Navarrete sobre los cambios que se efectuaron sobre la marcha. A pesar de todo, el centro de Neltume logró ser seleccionado entre los espacios beneficiados por el programa para el 2023.

Los problemas llegaron este año, cuando el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural -entidad a cargo del programa- anunció que el mecanismo volvería a ser a través de concurso. “En conversaciones con la encargada del proyecto, nos dijo que estaban tramitando con la Dirección de Presupuestos (Dipres) porque, ante la situación de las fundaciones, al parecer se quería hacer el proyecto nuevamente concursable. Para nosotros no era novedad porque nunca fue un fondo de asignación directa”.

“Al hacerlo concursable, necesitábamos que nos entregaran las bases, pero nos dijeron que se la iban a jugar para que el fondo fuera de asignación directa para los sitios que estábamos dentro del programa”, recuerda Navarrete. Ante esa premisa, el centro administró los contratos de los nuevos colaboradores pensando en la continuidad de los recursos.

“Cada vez que se nos llamó, nos decía que faltaba un poco, que todo esto estaba en tramitación, que se iba a resolver y al parecer de manera favorable, y así fue la conversación. Hasta que llegamos a marzo y no pasó absolutamente nada. Y nosotros con el equipo trabajando en pos de todas las actividades que había que sacar, hasta cuando finalmente, en una reunión del 5 de abril, nos citan con la directora de Patrimonio y nos dicen que va a ser concursable, y que se va a abrir para los otros 50 sitios de memoria que hay a través del país. En el fondo, que no hay ninguna posibilidad de resolución ni de bajada de recursos antes de agosto o septiembre”, agregó.

En las mismas conversaciones con los encargados del programa, Navarrete aseguró que el argumento entregado para el retraso en el proceso eran una serie de observaciones hechas por la Dipres. Dudas en las que tampoco se hizo parte al centro cultural y museo. “Nunca se nos mandó la información. Se nos dijo que lo iban a manejar ellos, los encargados técnicos del programa, y que no nos preocupáramos porque ellos lo iban a resolver. Finalmente llegamos a esta situación, para la que ningún sitio estaba preparado. En el caso nuestro, no tenemos otro financiamiento, además que veníamos de antes con un programa armado porque éramos de los sitios colaboradores y no despedimos a la gente. Eso nos generó dejar debiendo un mes de sueldo a los trabajadores“, contó Navarrete.

“Para nosotros es sumamente grave porque somos sitios de memoria que trabajamos con violaciones de derechos humanos y, a la vez, nos convertimos en violadores de derechos como es el derecho al pago, a la retribución por un trabajo que ya está realizado, y lamentablemente no tenemos cómo resolverlo”, afirmó a este medio.

El problema de la concursabilidad

El caso de la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas es similar. “Se nos dijo que habría continuidad porque así se pensó, como un programa que entrega continuidad y sostenibilidad a los sitios, pero para que esto sea efectivo se requiere que los recursos estén de enero a diciembre”, señaló Marta Cisterna Flores, integrante del directorio.

Ambas concuerdan en que la concursabilidad es una de las grandes piedras en el zapato. En el caso específico de José Domingo Cañas, Cisterna apunta a dos ámbitos esenciales. “Por un lado, genera precarización e inestabilidad laboral para las personas que trabajan en el sitio de memoria. Tenemos que hacer contratos de honorarios hasta diciembre, porque también, dentro de lo que es la patrimonialización y el cuidado del patrimonio, nos afecta el hecho de no tener una producción de recursos para poder hacer mantenimiento, por ejemplo, en el sitio”, afirmó.

“Y también porque no podemos proyectar trabajos en el tiempo en las distintas áreas, porque no sabes hasta cuándo vas a tener a la gente en los equipos que se van formando”, agregó. Sin embargo, otro factor que preocupa a la representante de este último centro es el ambiente de competencia que se genera entre organizaciones hermanas. “También nos afecta el que año a año tengamos que estar disputando entre los sitios estos fondos, porque implica una disputa de recursos entre organizaciones hermanas, que no debiéramos estar compitiendo. No sobre esta lógica neoliberal que nos obliga a competir”, sentenció.

Tal como sucedió con el sitio de memoria de Neltume, José Domingo Cañas igualmente deberá suspender su funcionamiento. “No tenemos con qué pagarle a nuestro personal. De hecho, ya tuvimos que despedir gente. Accedimos a algunos fondos para enero y febrero, pero no para todo el personal. Y entonces hubo que reducir. Nosotros tenemos una necesidad mínima de ocho personas funcionando en el sitio. En este minuto somos 4 personas, pero con esto que nos sucede ahora también se viene el cierre del sitio de memoria. Tampoco podemos cumplir los compromisos con diversas entidades, como los estudiantes en práctica profesional que están con nosotros y que ya iniciaron el año, o los pasantes extranjeros que están en el sitio de memoria. Porque alguien tiene que trabajar con esa gente. Igualmente afecta las visitas que tenemos al sitio, de universidades, colegios, sobrevivientes. No tenemos a nadie para recibirlos”, explicó Cisterna.

Esto, sin mencionar la merma en el cuidado y administración del archivo que preserva en centro, además de la incapacidad de mantener sus instalaciones en un estado óptimo. La sumatoria de todos estos factores ha llevado a que incluso se sospeche un trasfondo político detrás de estas faltas. “Pensamos que se esconde bajo este supuesto criterio técnico, que para nosotros lo que hace es fortalecer a la desmemoria y al negacionismo, porque no se nos permite hacer la labor para la que estamos los sitios de memoria. Se nos dice muy livianamente que tengamos paciencia, pero no es un tema de paciencia. Yo no puedo decirle a la gente ‘no coma, no viva, porque tenemos que tener paciencia durante cuatro meses’. Nos están diciendo que recién en agosto estarían las bases y, por lo tanto, los recursos llegarían en septiembre, casi todo el año sin fondos. Es brutal, porque tampoco no sabemos si lo vamos a ganar o cuántos recursos se nos van a entregar”, concluyó Marta Cisterna.

Desilusión hacia el Gobierno

La preocupación en torno a lo que sucede actualmente con los espacios es transversal a los distintos sitios que hace décadas luchan por mantener viva la memoria de nuestro país. En ese contexto, la situación también ha despertado un grado de desilusión de las organizaciones de DD.HH. con la gestión del actual gobierno, que prometía ser una de las alternativas que mayor énfasis pondría en la preservación de la memoria.

Así lo explicó Macarena Silva, coordinadora de Londres 38: “A pesar de que este gobierno entró con grandes promesas en el marco de los 50 años, prometiendo cumplir sus compromisos también en el marco del Programa Nacional de Búsqueda, y también habiendo prometido la recuperación de los sitios en su programa durante los inicios de su campaña, vemos con mucho escepticismo cómo estas promesas no se han cumplido. Y es más, hay ciertas señales de no comprensión del rol que cumplen los sitios de memoria en el marco del cumplimiento de las obligaciones del Estado en derechos humanos, como parte de los derechos de verdad, justicia y garantías de no repetición”.

“En vez de garantizar lo anterior, se aplica la lógica de la concursabilidad. La Dipres utiliza este argumento no comprendiendo la necesidad de garantizar tanto la continuidad del servicio que se ofrece a la comunidad respecto a esos derechos, garantizando que se ejecuten y que se ejerzan. Por el contrario, se les somete a esta concursabilidad, entendiendo como opcional su ocurrencia. Y además poniendo la carga en las organizaciones”, agregó Silva.

Para la coordinadora, tanto el Estado como la Dirección de Presupuesto dejan entrever una falta de voluntad política, demostrando que el gobierno “no ha comprendido con firmeza la importancia de los sitios de memoria para crear una sociedad de derechos que garantice un futuro de no impunidad”.

Algo que, según Silva, cobra especial relevancia “en este presente, donde la impunidad está vigente no solamente en el marco de los 50 años y toda la deuda que existe respecto a justicia en torno a la dictadura, sino que también ad portas del juicio al general Yáñez respecto a las violaciones de los DD.HH. durante el estallido social. Todo este tema sigue vigente. No hemos construido una sociedad de derechos. Por ende, el Estado todavía sigue en deuda y es pertinente que cumpla con su obligación asociada a la necesidad de existencia de estos sitios, que nos recuerdan y nos hacen partícipes a toda la sociedad de la creación de una sociedad de derechos”.

La respuesta del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Consultados por Radio y Diario Universidad de Chile, desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural argumentaron que la demora en torno al proceso del Programa Sitios de Memoria tiene que ver con una revisión minuciosa de los presupuestos.

“Por tratarse de una iniciativa nueva, y con el objetivo de cumplir con los máximos estándares de transparencia, la ejecución de este presupuesto ha sido sometida a una cuidadosa revisión. El Serpat ha respondido al respecto todas las observaciones y consultas técnicas emanadas desde otras entidades del Estado y espera contar en el más breve de los plazos con el visto bueno para ejecutar estos recursos, pues entiende las necesidades de las organizaciones y entidades a las que están destinados”, señalaron en un comunicado.

En torno a la creación del programa y la asignación de fondos a los sitios de José Domingo Cañas y Neltume durante el 2023, el documento declaró que “independientemente de los fondos asignados en el Presupuesto de la Nación a estas y otras instituciones colaboradoras, el Servicio Nacional del Patrimonio creó en 2023 el Programa Sitios de Memoria, para el cual la Ley de Presupuesto 2024 incluyó una partida de mil 132 millones de pesos destinados a generar una política pública en este ámbito, fundada en la sostenibilidad patrimonial y la implementación de un trabajo de mediación memorial y patrimonial con las diversas comunidades”.

Sobre esa misma línea, el organismo igualmente reafirmó su compromiso con los espacios de memoria: “Nuestro servicio tiene la convicción de que los sitios de memoria son fundamentales para la democracia y su calidad, por lo que ratifica su profundo compromiso con las comunidades de memoria, sus saberes, experiencias e historia”, aseguraron.