Un intento más del general director de Carabineros por eludir la justicia. Esta vez acudió al Tribunal Constitucional con el fin de suspender la formalización pactada para el 7 de mayo.

Cuesta creer cómo la máxima autoridad de la institución policial encargada de hacer cumplir la ley busque a toda costa soslayar la labor de tribunales.

Hay que recordar que al menos en siete ocasiones no concurrió a declarar, luego dijo que lo haría pero finalmente decidió guardar silencio. Mientras tanto, la investigación en su contra por la responsabilidad de mando en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social, sigue esperando y el general director sigue inamovible en su cargo.

Uno de los argumentos que rondan a favor de Yáñez es que goza de presunción de inocencia. Por supuesto, está claro que él como cualquier ciudadano tiene ese derecho y puede elegir la forma de llevar a cabo su estrategia de defensa judicial, pero ¿Yáñez es cualquier ciudadano? Evidentemente no. Por lo tanto, es insostenible que a menos de un mes de su formalización siga en su cargo pudiendo afectar incluso la credibilidad y el trabajo de la institución de Carabineros.

¿De qué manera afecta que Yáñez siga en su cargo? En primer lugar es inaceptable que la primera autoridad de Carabineros esté envuelta en un caso judicial de tal magnitud. En segundo lugar, hay que recordar que el abogado del general Yáñez ha realizado diversos tipos de cuestionamientos a los fiscales a cargo de la investigación a través de medios de comunicación, lo cual podría generar conflictos institucionales. Por último, el propio Yáñez ha destinado tiempo de sus funciones para fortalecer su defensa y recibir a senadores en su oficina institucional que acuden al lugar a entregar su apoyo en relación a la formalización. Sería esperable que ese valioso tiempo lo destinara a abordar la crisis de seguridad que vivimos como país en vez de seguir buscando formas para dilatar la investigación y de paso su permanencia en el cargo. Sin duda, todo esto le hace un flaco favor a una institución de Carabineros que tiene un rol relevante en materia de prevención del delito.

Volviendo al reciente requerimiento presentado al TC, Yáñez menciona que la investigación en su contra “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando que no es un elemento objetivo del tipo penal delito de apremios ilegítimos”. Luego añade que “a través de un procedimiento irracional e injusto está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable a la institución de Carabineros de Chile”.

En esta carrera del general Yáñez por soslayar la justicia, hay cosas que son insoslayables.  

Está claro que él como los otros mandos que también serán formalizados en mayo tenían a disposición diferentes informes que documentaban la violencia policial que se estaba cometiendo en diferentes lugares del país, y no la detuvieron. Al contrario, órdenes imprecisas, omisiones y ausencias de sanciones a quienes apretaban el gatillo y propinaban horrendas golpizas, se sumaron al uso cuestionable de munición lesiva y a la falta de protocolos adecuados por parte de las policías. Todo esto pudo haber sido diferente pero altos mandos como Ricardo Yáñez no lo permitieron.    

Es urgente que las autoridades den el ejemplo y que el Estado de Chile haga rendir cuentas a los responsables de estos crímenes con premura y determinación, pues la impunidad no puede continuar en el país y la justicia no puede esperar más.

Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.