Hace algunas semanas se dieron a conocer dos informes internacionales que tratan sobre cómo se está llevando la cuestión ambiental en Chile, el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente y la Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ambos documentos abordan el tema de maneras distintas, el primero desde una perspectiva de derechos humanos y el segundo desde una perspectiva económica.

A pesar de las evidentes diferencias, como que en el informe de la OCDE no hay ninguna mención sobre DDHH, existen aspectos comunes, principalmente en el ámbito del reconocimiento de los avances legislativos en materias no reguladas hasta ahora, como la Ley marco de cambio climático, la Ley  de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) o la ratificación del Acuerdo de Escazú. No obstante, a renglón seguido, ambos informes hacen presente que los avances son lentos, la contaminación hace mella en la salud de las personas y la Naturaleza, entre otros.

Es interesante notar cómo es que la EDA hace ver que en la economía del país la Naturaleza sigue siendo el pilar y que el crecimiento económico está íntimamente relacionado con la presión que se ejerce sobre esta. Al respecto, y en perspectiva de cambio climático, ambos informes señalan algo alarmante, la EDA indica que “las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han seguido aumentando y el país no va por buen camino para lograr su objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones netas en 2050” y, por su parte, el Relator precisa cómo es que el país pretende limitar su huella de carbono al 2030 en un 27,5% menos de lo indicado en su anterior contribución. Por tanto, en lugar de contaminar menos en un contexto de crisis climática, estamos contaminando más.

Otro elemento en común y que es bastante reiterativo es la crisis hídrica. Ambos documentos son enfáticos en que el problema radica en la privatización de las aguas de manera gratuita y a perpetuidad, así como su sobreasignación y sobreexplotación. La OCDE recomienda dar curso a la gestión por cuenca, pero el Relator va más allá, pues es claro en la obligación que tiene el Estado en cuanto a garantizar el derecho humano al agua, señalando que la solución está en revertir la privatización, haciendo énfasis en las facultades constitucionales y legales que tiene el gobierno para su reasignación. Esto no es menor, pues el movimiento socioambiental lleva décadas exigiendo la desprivatización y desmercantilización de las aguas, pero siempre se ha considerado como una exageración o algo no viable, quizás ahora con las palabras del Relator se entiende mejor la dimensión de la problemática.

Así también, otro punto en el que convergen ambos informes es la necesidad de reforzar o endurecer normativamente distintos aspectos en materia ambiental, así como aumentar los presupuestos de la institucionalidad a cargo del seguimiento y fiscalización, como es el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), o el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente para la implementación de mejores políticas.

Enfocándonos en algunas recomendaciones señaladas en el informe del Relator, nos parece necesario destacar la necesidad de imponer normas ambientales más estrictas en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, mejorar el estándar del derecho a la información por sobre la confidencialidad empresarial, renegociar los “tratados comerciales y de inversión para eliminar las disposiciones relativas a la solución de controversias entre inversionistas y Estados o retirar el consentimiento al arbitraje en virtud de dichos tratados”, promover el abandono de los monocultivos y establecer una moratoria sobre la expansión de las salmoneras. Nuevamente, muy en línea de lo que se ha venido manifestando por las organizaciones que hacen defensa de sus territorios y los pueblos indígenas.

Además, dentro de los énfasis que menciona el Relator, está el rol de las energías renovables y la transición justa, pero esto no es a secas, tiene un requisito mínimo, pues señala que el Estado debe hacerlo dando “cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos”. Esto incluye el derecho a la información, la participación o que las comunidades también se beneficien; asimismo, que aquellos proyectos que pretendan instalarse en territorios de pueblos indígenas respeten el derecho a su consentimiento libre, previo e informado.

Al respecto, el Estado actualmente se encuentra en una grave situación de incumplimiento, por una parte, el mismo Relator señala -al tratar el punto de los pueblos indígenas- la preocupación por la aprobación de la central hidroeléctrica Rucalhue en el río Biobío, teniendo presente el acuerdo aprobado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2004, en el que Chile se comprometió a no realizar más proyectos hidroeléctricos en el río, a propósito del conocido conflicto por la hidroeléctrica Ralco. Sin embargo, luego de ese acuerdo reconocido por la Comisión, el Estado chileno -dando favor a las empresas- aprobó la hidroeléctrica Angostura y ahora está en proceso de aprobar la hidroeléctrica de capitales chinos, Central Hidroeléctrica Rucalhue.

El proyecto, que tiene Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, actualmente continúa a la espera de la resolución de CONAF respecto a su declaración de interés nacional, lo que podría dar continuidad a la tala de especies en categoría de conservación. Por su parte, comunidades mapuches esperan que se haga valer su derecho a la consulta previa; sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social se pronunció a favor del proyecto, sin mencionar la consulta indígena.

Con todos estos elementos críticos expuestos por ambos organismos internacionales, en donde se señala de manera clara la violación del derecho humano al medio ambiente sano, el gobierno guardó silencio, solo destacó lo que le resultó conveniente del informe de la OCDE y creó una nueva instancia, el Comité de Carbono Neutralidad y Resiliencia, para “acelerar la transición hacia la carbono-neutralidad y fortalecer la resiliencia de la economía”. De acuerdo a las palabras del Ministro Grau, el foco sigue estando en acelerar la economía, y se espera que la propuesta contemple, dentro de una de las condiciones, que las medidas o acciones “sean impulsadas principalmente por el sector privado, con el Estado proporcionando las condiciones habilitantes necesarias”, es decir, nuevamente desde una lógica subsidiaria, con el mercado a la cabeza de las decisiones, esperando el milagro de que las empresas se pongan la camiseta y dejen contaminar.

En otras palabras, la respuesta del gobierno sigue siendo la misma que permitió que Chile no esté “en vías de alcanzar los objetivos nacionales de emisión de GEI”, pues, según la OCDE las “emisiones aumentaron significativamente en el período 2010-19”. Aumento que no se explica, cuando en los últimos años se ha ensalzado tanto cómo es que la matriz eléctrica tiene un componente cada vez mayor de Energía Renovable No Convencional (ERNC) y menos de termoelectricidad a carbón (por el retiro programado de algunas centrales). ¿De dónde viene esa contaminación? ¿Quién está contaminando más? ¿Qué sentido tiene seguir sacrificando territorios con mega complejos eólicos y solares si las cuentas nacionales no son alegres?

De cara a la transición energética en la que se ha embarcado el mundo, y Chile en particular, sumado a la experiencia acumulada en estos años de conflictividad socioambiental a causa del extractivismo, el país debiera robustecer su marco de derechos humanos para abordar este nuevo desafío, es decir, participación ciudadana y consulta indígena vinculantes; robustecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  (SEIA), mejorar el estándar de evaluación y normas de calidad ambiental; mejorar las capacidades de fiscalización de la SMA, etc. En otros términos, que la certeza jurídica opere para comunidades y territorios, los que están en una situación de asimetría y vulnerabilidad, de modo que el Estado realmente se transforme en un garante de derechos, y no para las empresas que son capaces de depredar ecosistemas completos con tal de mejorar sus ganancias.

Tal como señala el Relator, “el Estado tiene la obligación legal de seguir este enfoque basado en los derechos humanos, pues reduce la posibilidad de que se produzcan conflictos socioambientales, acelera la transición energética justa y aumenta las probabilidades de lograr resultados positivos”. Es decir, que la respuesta sea más Naturaleza y más perspectiva de derechos humanos.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)