El presente artículo no se centra en discutir respecto de centrar la mirada simplista en asociar migración con delincuencia, pues entendemos que la delincuencia no distingue nacionalidad y es un flagelo que debe hacerse frente venga de donde venga. El artículo invita a pensar los beneficios y aportes de la migración regular desde una perspectiva país. Para ello vale la pena revisar evidencia y datos para dar cuenta como la migración regular en Chile produce aportes significativos en las diversas esferas y en particular también en la dimensión económica. Recientemente tuvo lugar la presentación de resultados del Banco Mundial, en su informe denominado “Puede la migración beneficiar a Chile”, que guarda relación los alcances de los beneficios e impactos de la población migrante a la economía chilena.
Dentro de estos resultados, destacan relevante evidencia respecto del cómo las personas migrantes han generado contribuciones valiosas a los indicadores macroeconómicos al país entre 2017 y 2023. En Chile, este estudio estima que solo la migración venezolana contribuyó en 0,2 puntos porcentuales (pp) al crecimiento real del PIB, en promedio, entre 2017 y 2023 . Así mismo, el efecto de la migración en Chile (todas las nacionalidades), en promedio, en el periodo 2017- 2023, el crecimiento del consumo es de 1,7 (pp) con su aporte; mientras que, en un 0,8 es el crecimiento del PIB con el aporte de la migración.
Asimismo, destaca este informe que en Chile los migrantes tienen una baja tasa de dependencia fiscal y menor recepción de beneficios sociales. Es decir, lo que pagan en impuestos es más de lo que reciben en servicios de salud, educación, transferencias y subsidios.
Finalmente, el mencionado reporte señala que es relevante “diseñar estrategias de inclusión socioeconómica para esta población favorece el recaudo fiscal, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y total del país, y la reducción del déficit fiscal”.
Similares antecedentes también da cuenta CEPAL con un estudio respecto de la contribución de las migraciones al desarrollo. Dicha investigación describe los alcances económicos de las migraciones en cuatro países estudiados, presentación realizada en 2023. Entre ellos, cabe destacar el caso de Chile, que dentro de sus principales hallazgos se encuentra que la población migrante aquí ha contribuido en la generación del PIB pasando de un 1,3% el 2009 a 4,3% el 2017.
Por otra parte, el estudio realizado por la consultora Equilibrium, 2023, que realiza estimaciones del impacto potencial de la migración venezolana en la economía chilena y en donde recaen en el supuesto de regularizar a aquellos que participaron del proceso de empadronamiento del año (2023), de manera que puedan acceder a las mismas oportunidades que una persona que cuente con el permiso de residencia. Los resultados muestran que el impacto fiscal potencial alcanzaría la suma de US$510.1 millones, lo que representa el 1,12% del total de la recaudación fiscal en Chile del año 2022.
Lo anterior señala que existe un aporte concreto en lo laboral y al desarrollo en lo particular de las migraciones en cuanto flujos regulares. Estos datos reflejan la importancia de la contribución desde un marco de una migración segura, ordenada, regular y humana. Respecto de este último punto, la evidencia señala que se hace imprescindible que se generen mecanismos de regularización efectiva para esta población, para asegurar desde la regularidad migratoria este aumento relativo de la contribución al desarrollo de la migración reciente al país y no el efecto contrario. Recordemos que actualmente las cifras oficiales nos señalan que son un poco más de 150.000 migrantes los que están en situación de irregularidad migratoria. Lo anterior ocasionado por una crisis humanitaria sin precedentes, que estima según la plataforma R4V más de 7.200.000 migrantes venezolanos están hoy fuera de su país de origen y en donde el 85% de esta población estaría concentrada en el cono sur.
Hablar de regularización migratoria, no solo acude a la relevancia del marco del respeto de los DD.HH., sino también habla de la importancia para la seguridad, tanto para la sociedad receptora, Chile, como para las personas migrantes y sus familias. En el marco de los DD.HH. y en términos de seguridad, una regularización migratoria es seguro tanto para el migrante como para el país de recepción, conocer quién ha ingresado de manera irregular permite tener información procesarla y dar curso a validarse en este proceso a quienes certeramente tienen interés de permanencia regular. Este proceso permite focalizarse y centrar las energías en aquellos que no acudan al llamado administrativo o por opción no quieran acreditarse. Para lo anterior, un proceso de regularización exitoso debe estar acompañado de incentivos que permita al migrante -bajo esa lógica- optar como por ejemplo a un permiso temporal de trabajo o bien una tarjeta de residencia transitoria (como el caso argentino, en su momento) para efectos de su inclusión provisoria, al tiempo que esto permita resolver su situación, como los tiempos administrativos de respuestas que sobrepasan los 6 meses de respuesta. Lo anterior tiene un impacto efectivo en descomprimir un tema que resulta no menor, que es base sustancial de la migración, que es el trabajo, el desarrollo y el aporte al país de recepción de manera eficaz reduciendo o mitigando las externalidades de la irregularidad. Una regularización migratoria, permite reducir vulneración de derechos humanos, pero sobre todo avanzar en una condición mínima, la plena inclusión laboral hacia el trabajo decente, reduciendo así los impactos no deseados de esta condición migratoria, tales como, la informalidad laboral, el emprendimiento precario de subsistencia en los diversos barrios del país, la estrategia de arrendamiento de subsistencia de viviendas colectivas o en su defecto el ingreso de esta población campamentos precarios. O por otra parte evitar caer en las redes de prestamistas informales, como también a redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, entre otras redes informales.
En definitiva, una regularización migratoria es habilitante para la contribución reciproca, permite descomprimir los barrios, las tensiones, como también el prejuicio y la xenofobia que se han ido encapsulando paulatinamente en la población local, con tensiones objetivas y subjetivas. Sin duda, la tardía ausencia en la implementación de esta medida ha traído consigo que la irregularidad migratoria, en contexto de una crisis humanitaria, caso venezolano, haya sido utilizado instrumentalmente para la disputa política y la migración haya sido útil para sectores políticos, con el objeto de administrar electoralmente la xenofobia, respecto de los distintos colectivos migrantes sin tapujos, para un redito electoral cortoplacista. Lo anterior discusión situada a excluido todos los datos y evidencia respecto de su contribución, como es el caso de la gran mayoría de personas migrantes en situación de regularidad migratoria que habitan en Chile.
El avance de la xenofobia, los prejuicios y la discriminación es sin duda el caldo de cultivo para el avance de nacionalismo populistas radicalizados. En consecuencia, se hace urgente el rol Estado en una conducción integral de la política migratoria, más allá de la gestión de la persecución penal o sancionatoria en esta materia, la agenda no se agota en tal materia. Sin duda, mientras se sostenga la irregularidad migratoria de las personas en Chile, así como del stock de visas pendientes, parece de todo evidente que mayores serán los niveles de vulnerabilidad y externalidades negativas. Perpetuando la irregularidad se facilita una política de incrementar la vulnerabilidad bajo un sistema de ciudadanía de segunda categoría, esto con consecuencias como mayores índices de xenofobia por parte de la población local. ¿Está en condiciones de seguir pagando ese costo el Estado?
Con todo hemos advertido diversas voces señalando la importancia de avanzar en esta materia, sin ir más lejos el arzobispo de Santiago Chomali, recientemente en una columna en un medio publico señaló que “es doloroso ver cómo algunos inescrupulosos abusan de ellos poque no tienen sus documentos en regla. Mantenerlos trabajando en condiciones infrahumanas para lucrar, y al mismo tiempo quejarse de ellos y, lo que es peor, no hacer nada para regularizar su situación, es un acto inhumano, repudiable”.
Así mismo, la CPC ha señalado en una reciente columna de opinión, que resulta importante a lo menos dar cuenta de casos de regularización por factores reunificación familiar y razones humanitarias, al tiempo de habilitar visas para trabajos temporales de estadía. Por otra parte investigadores desde el Centro de Estudios Públicos, CEP, señalan importancia de ponerle data a lo que está pasando, para despejar esa emoción ambiente que podría alimentar los populismos. Con todo, cabe señalar que los procesos de regularización migratoria son una herramienta no solo propuestas en Chile, a nivel regional, es por eso que países del cono sur, ante este fenómeno, están desarrollando dos procesos de regularización masivos, como el caso de Perú y Ecuador, para hacer frente la plena integración de esta población otorgando seguridad reciproca.
Así mismo, cabe recordar a nivel nacional el proceso de regularización migratoria en Chile ha sido utilizado como herramienta de manera decidida, por anteriores administraciones, para hacer frente a este fenómeno por los gobiernos de Frei, Bachelet y Piñera, y resulta un instrumento útil que puede dar respuesta efectiva particularmente ante una crisis humanitaria que es, según organismos internacionales, la más grande que ha vivido la región.
Una apuesta tiene que ver con acudir a salvaguardar los DD.HH. Acudiendo a las normas internacionales, la regularización migratoria promueve la seguridad del país de recepción y del migrante de igual forma, y canaliza una clara contribución al desarrollo de los países de recepción, en cuanto contribuyentes activos hacia el país. Desde esta óptica, se hace necesario que junto a la implementación de la política nacional de migraciones y extranjería esto sea acompañado con una medida extraordinaria e iniciar de esta forma la aplicación armónica de la Ley 21.325 generando un círculo virtuoso que de inicio y acompañe a la política nacional de migración y extranjería. Seguir dilatando los procesos de regularización, cualquiera que sean, solo seguirá reduciendo los aportes al desarrollo que la contribución de la población migrante potencialmente puede realizar a nuestro país y aumentando ciudadanos de segunda categoría sin aún una posibilidad de integración bajo las reglas que fijé el país. No avanzar en ello, desde una óptica de Estado, seguirá favoreciendo las externalidades negativas y relatos oportunistas como la simplista frase de “perdonazos” e instrumentales proyectos basados en la xenofobia y el populismo penal, que finalmente dañan la potencial integración de quienes genuinamente, y sin el objetivo de hacer daño, quieren aportar a nuestro país.
