Desde el día en que se crearon las AFPs, el 28 de abril de 1981, los habitantes del país venimos siendo sometidos a una incesante y millonaria campaña comunicacional para que nuestro sentido común se corresponda a sus intereses. No solo amén a su peso como sistema obligatorio de cotización -salvo para los uniformados que tienen un sistema distinto con pensiones mucho mejores- sino también a través de su millonaria inversión en medios de comunicación y a la propiedad indirecta de algunos. La condición, por cierto, es tener una línea editorial favorable a ellas, puesto que un medio de comunicación como éste –de propiedad universitaria estatal y cuya línea editorial está basada en los valores de lo público- nunca ha recibido y probablemente nunca recibirá avisaje de estas empresas.
Las AFPs no se han limitado a su mero rol de aseguradoras. Han sido proactivas en incidir en las políticas públicas. Contratando, por ejemplo, superintendentes que originalmente habían sido nombrados para regularlas, convirtiéndolos luego a las defensa de sus intereses; presionando los trámites legislativos; e incluso inmiscuyéndose en debates constitucionales, como lo hicieron activamente durante la campaña en que se votó la propuesta de la Convención Constitucional, haciendo una millonaria campaña en favor de la capitalización individual, es decir, llamando tácitamente al Rechazo sin pasar por las normas que rigen la propaganda electoral y a la que todas las opciones en disputa y los medios de comunicación del país estamos obligados.
Incluso ha habido supuestas iniciativas de la sociedad civil extraordinariamente parecidas a los argumentos de las AFPs, como ocurrió con la campaña “Con mi plata no”, que sostuvo dos ideas fuerza: primero, “que la Constitución y las leyes garanticen que los ahorros son de los trabajadores, que son heredables y nadie se los puede quitar”; y, segundo, “que toda cotización, incluido el 6% de cotización adicional, vaya a la cuenta individual del trabajador”. Esta campaña, según su web, era impulsada por “trabajadores, personas de esfuerzo, que queremos defender nuestros ahorros previsionales”, es decir, sería una iniciativa ciudadana, pero sus voceros eran panelistas de la plaza que decían en los medios de comunicación lo mismo que las AFPs.
Pero, dicho esto, la seguridad social, como lo señala no un sector político, sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es precisamente un derecho universal, no un asunto individual. Y como señala más específicamente Naciones Unidas en relación al tema que nos atañe “las pensiones sociales son un elemento fundamental del derecho a la seguridad social para las personas de edad cuyo disfrute de los derechos humanos se ve amenazado por falta de una pensión social suficiente”.
La capitalización individual, está debidamente demostrado durante más de 40 años, no ha hecho posible entregar pensiones dignas. Es por lo tanto de sentido común que un proyecto de ley se proponga mejorar las pensiones ahora y no a través de promesas etéreas de dudoso cumplimiento, como la que hizo José Piñera cuando señaló que a 2020 las jubilaciones equivaldrían al 100 por ciento del sueldo de los trabajadores, cosa que como sabemos no ocurrió.
Toda esta columna es para decir al final, brevemente, que resulta insólito que sectores políticos rasguen vestiduras por una campaña cuya principal característica es proponer un sentido común distinto y desmontar beneficios falaces como los que hace décadas vienen señalando las AFPs, sin que hayan podido respaldarlo con hechos concretos.
