La cuenta pública que se avecina ha generado mucha expectación y hay razones para aquello. Las palabras del Presidente Boric respecto a que ésta será la última instancia del gobierno para ponerse metas, son reales y, por lo mismo, la atención está puesta en su próximo discurso. ¿Qué prometerá el Presidente? ¿Prometerá volver a su programa de gobierno?

Recordemos que su programa está marcado por un fuerte sello de respeto de los derechos humanos. Claramente ese sello se ha ido destiñendo en la medida de que las víctimas de la represión policial siguen esperando una reparación del daño ocasionado, la institución de Carabineros sigue sin ser reformada y la ciudadanía sigue sin respuestas respecto a las demandas por mejorar la salud, pensiones, educación, etc.

“Creo que es importante recordar el malestar y las demandas que había detrás del estallido social” mencionó recientemente el Presidente Boric e incluso advirtió que “las demandas incumplidas terminarán pasando la cuenta”. Y aquí coincidimos bastante con el Presidente y esperamos que persista en sacar adelante algunos proyectos que irían en beneficio de la ciudadanía como el que pretende que haya pensiones dignas y el Congreso ponga de su parte para que esto se concrete.

Las demandas por las que la gente salió a las calles siguen vigentes y las víctimas de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en ese periodo siguen sin ser reparadas. ¿De esto se hará cargo el Presidente Boric en la cuenta pública? 

El Presidente también reconoció que “hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales. No tiene sentido desconocerlo”, añadió. Es destacable que la máxima autoridad del país dé validez a lo sucedido. Ahora es esperable que en la Cuenta Pública dé un paso más allá y plantee la creación de una Comisión de Verdad u otra instancia relevante encargada de recabar los antecedentes respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas en la crisis social. Esto contribuirá a establecer la existencia de los hechos para actuar en consecuencia y para contrarrestar los discursos negacionistas que toman fuerza cada cierto tiempo.             

Junto a lo anterior, ¿será ahora el momento para que el Presidente anuncie una política de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos? Bien sabemos que han existido algunos programas de apoyo para estas personas, pero estos han sido limitados y no constituyen una política de reparación con perspectiva de derechos humanos. Si este plan no se concreta en este gobierno que prometió hacerlo y cuando se cumplen cinco años del estallido social, ¿cuándo se hará realmente? Prácticamente, es ahora o nunca.

Por último, es muy probable que el Presidente no se pronuncie respecto a la urgencia de avanzar en la reforma de Carabineros, aunque en sus últimas declaraciones reconoció que “carabineros no estaba preparado para lo que sucedió en el 2019”. Sabemos que la reforma policial quedó totalmente rezagada como si fuera una ofensa a la institución y no constituye una necesidad para la sociedad. Por el contrario, tenemos la certeza de que la reforma aparte de constituir una garantía de no repetición frente a los graves abusos cometidos durante el estallido social, implica un proceso de fortalecimiento de las policías para que cumplan sus labores de manera eficiente y apegada a los estándares internacionales de derechos humanos. 

Es esperable al menos que en la cuenta pública el Presidente se comprometa a hacer todo lo que esté en sus manos para no retroceder más en materia de seguridad y derechos humanos, y que las reglas de uso de la fuerza se aprueben considerando los estándares mínimos como el principio de proporcionalidad, y que se prohíba a las policías apuntar y disparar armamento menos letal directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona.

El ultimátum que se autoplanteó el Presidente Boric respecto a la relevancia de esta cuenta pública es innegable. Ya no habrá otras posibilidades reales para hacer cambios importantes o para retomar el rumbo. Si el Presidente quiere dejar un legado a favor de la dignidad, la justicia y la seguridad, tendrá que elegir muy bien sus batallas. Este 1 de junio sabremos qué camino tomará y desde Amnistía Internacional seguiremos vigilantes. 

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.