El aborto es un típico caso donde hay un descalce entre la discusión política que se da en Chile y el estado del arte a nivel internacional. Habiendo sido la cuenta pública bastante extensa y en donde, según los puntos de vista de cada cual, se podría haber hecho hincapié por mención u omisión de varios asuntos, llama la atención que lo único que motivó la reacción de retirarse de diputados del Partido Republicano, a su vez que concentró la discusión posterior, haya sido el anuncio de enviar un proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo al Parlamento.
No restamos legitimidad al debate, por el contrario, lo que corresponde en un sistema democrático es que este tipo de asuntos se discutan y no se clausuren, con respeto por todas las sensibilidades, incluidas las de las iglesias, que tienen derecho a tener y expresar una opinión pero que, en un país donde desde la Constitución de 1925 –hace 99 años- hay una separación entre la Iglesia y el Estado, no tienen que ser impuestas al conjunto de la sociedad.
Si es por criticar a este gobierno por abrir la discusión legislativa, habría que recordar que hace pocos meses el Partido Republicano fue más allá, pues la quiso constitucionalizar, al incluir en la propuesta rechazada en diciembre de 2023, en su artículo 16 inciso 1, la afirmación de que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, dando variadas interpretaciones jurídicas al estatuto de persona desde el momento de la concepción. Y en un tema donde, de acuerdo a diversos análisis políticos, este punto fue uno de los factores que explicaron la desaprobación mayoritaria de los votantes a la propuesta constitucional.
Debemos, en todo caso, recordar que lo que en nuestro microclima político es una discusión valórica, a nivel internacional es claramente un asunto del ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de uno de igualdad en el acceso a la salud. Hace menos de dos meses, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó sus observaciones finales luego del séptimo informe periódico presentado por Chile. Este comité, compuesto por expertos independientes encargados de supervisar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entregó una serie de recomendaciones críticas al país, entre ellas la de revisar su marco normativo en relación con los abortos clandestinos y la objeción de conciencia. Además, expresó preocupación por la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país, haciendo hincapié en la problemática del acceso limitado a anticonceptivos.
Al respecto, Amnistía Internacional ha recordado que poner fin a un embarazo es una decisión que cotidianamente toman millones de personas, sea o no legal: todos los años, el 25 por ciento de los embarazos acaban en aborto. Por ello, la gente sigue necesitando servicios y accediendo de manera habitual a ellos. He aquí la dimensión de la equidad en el acceso: a diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Tanto es así que éstos son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar a cinco millones de discapacidades en gran medida evitables, según la OMS. A la luz de estos datos tan contundentes, Chile tiene el deber de abrir la discusión, en vez de que se amenace con bloquear todo el trámite legislativo si se debate este asunto.
