Una cosa es el legítimo debate sobre cuál es la calificación adecuada para las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Estallido Social, donde juristas han dado distintas apreciaciones, y otra es la operación político-comunicacional persistente para rescribir la historia y hacer como si tales hechos no existieron, descalificando a quienes han alzado la voz para que en este tema las instituciones del Estado establezcan las responsabilidades y sancionen a los culpables.

Los embates contra la verdad histórica han sido sucesivos y adquirieron un nuevo carácter cuando se acuñaron los términos “octubrismo”, primero, y “estallido delictual”, después, revistiendo todo lo ocurrido con un barniz de violencia e irracionalidad política. Con ello, se ha pretendido sepultar el origen legítimo de las masivas movilizaciones y, a su vez, asociar todo aquello al lumpen, incluyendo de paso a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que ningún organismo en la materia ha dejado de calificar como graves y masivas.

Incluso, el pasado mes de abril, los parlamentarios UDI, senadora Luz Ebensperger, y el diputado Jorge Alessandri, acompañados del alcalde de La Florida del mismo partido, Rodolfo Carter, presentaron un proyecto de amnistía a las Fuerzas de Orden y Seguridad en el contexto del estallido social. Con esta acción, estos parlamentarios intentaron correr aún más el cerco con un modus operandi que, al menos en esto, se asemeja al que se usó durante la dictadura militar, que trató de esconder y dar impunidad a sus crímenes con la dictación, también, de una ley de Amnistía.

A casi cinco años de la respuesta represiva de las policías a las movilizaciones sociales, asunto que como decíamos está acreditado por varios informes nacionales e internacionales, las víctimas aún no consiguen una reparación integral. Se clausuró además la discusión sobre cómo mejorar el funcionamiento de las policías, puesto que cualquier voz sobre el asunto es rápidamente acusada de estar en contra de Carabineros y a favor de la delincuencia.

Según señalaba Amnistía Internacional con motivo del último aniversario del Estallido, a octubre del año pasado tan solo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las 10.568 denuncias presentadas, había conseguido justicia. Solo 27 condenas. Además, existe una cuenta regresiva respecto a la prescripción de casos relacionados con la represión policial, lo que implica es que una parte importante de los casos no se podrá seguir investigando al cumplirse cinco años desde los hechos.

Es en ese marco que se trata de levantar una batahola sobre las posiciones que han existido al interior del INDH, y respecto a si las violaciones a los derechos humanos fueron o no sistemáticas. Como señalaron a nuestro medio abogados de derechos humanos, la sistematicidad no es la única condición para que estos crímenes sean catalogados como de lesa humanidad, y menos aún para minimizar su gravedad. En la medida que nos acercamos al quinto aniversario del estallido social, urge insistir en la necesidad de justicia en un contexto de impunidad política, comunicacional y, peor aún, judicial generalizada.