Casi como un mantra las autoridades de gobierno repiten diariamente una palabra: “responsabilidad”, como si en ella se sintetizara una propuesta de país no ideológica, sino que neutral, una solución objetiva y efectiva frente al caos y desorden parlamentario y de la opinión pública.  

Porque es verdad, desde un inicio se ha debido lidiar con lo que sería un gobierno de minoría parlamentaria y las complejidades que ello genera en la búsqueda de acuerdos.   Sin embargo, contaba con un actor más importante a la hora de medir la correlación de fuerzas en la arena política: el apoyo popular, que por convicción o descarte esperaba la realización de las transformaciones planteadas en su programa de gobierno, fundamentalmente en lo relativo a derechos sociales. 

Pero no, a la ampliación de la coalición de gobierno se sumó el silabario de la coalición que lideró la transición a la democracia en Chile: la concertación. “Habitar la República”, “Recuperar la estabilidad y gobernabilidad en el país”, “los criterios de responsabilidad fiscal” se tomaron la política y la agenda impulsada por el gobierno, repitiendo el sello de la política de los acuerdos de la transición: una política de acuerdos y de los consensos sin la gente. Así, el gobierno actual, figura como un gobierno -otro más- que administra un modelo de desigualdad e injusticia profunda. 

Estas semanas han sido muy expresivas de ello. En el debate de la reforma de pensiones con la derecha cerrando la puerta al debate en el parlamento y a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, descartando cualquier “apriete” a las AFP; En el rescate sin tapujos de las Isapres, que viendo tal grado de amabilidad se subieron al chorro y ahora dicen que les complica poder aplicar las devoluciones en el formato acordado en el Congreso hace un par de meses; Ni hablar del alza de la luz donde la frase del presidente Boric (“deuda que no se paga sale más cara”), resuena y duele a los millones de familias que ven como el presupuesto familiar se les acorta.

El gobierno ha terminado con el congelamiento de las tarifas eléctricas vigentes desde el año 2019. Esta medida, aprobada mayoritariamente por todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, se justifica en la deuda acumulada de seis mil quinientos millones de dólares con las empresas eléctricas (principalmente generadoras) de los cuales mil setecientos corresponden a intereses acumulados. Respecto a esta deuda, no está demás señalar que, el Estado acumulaba intereses de más tres millones de dólares por día en un período en que la industria eléctrica alcazaba rentabilidades de un 30 % anual para el periodo 2020- 2023.

Para nuestros hogares el alza derivada del descongelamiento será de un 60 % en los próximos 18 meses, sin considerar los aumentos normales en este nuevo ciclo que comienza.

Entonces cabe preguntar: y la responsabilidad con la gente ¿Cuándo? Se le perdona a las AFP, a las Isapres, a las empresas generadoras ¿Cuándo se dará una señal a la gente para decirle que este es su gobierno?  

Ha faltado con valentía para enfrentar a los poderosos. Valentía y coraje para articular fuerzas, para mover límites y para, en el último de los casos, poner en problemas a aquellos que no quieren que nada cambie y se expongan ante el pueblo como responsables. Pero si la responsabilidad sobra, la valentía pareciera faltar. 

Incluso, aunque se apruebe el aumento del subsidio tal como se ha anunciado, es sabido que no es una solución, sino que un parche, que no mejorará las condiciones de vida de la gente.

Por Cristián Cuevas Zambrano, dirigente sindical y presidente de Partido-Movimiento Popular