Diario y Radio Universidad Chile

Año XVI, 28 de julio de 2024


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Educación

Contra la normalización de todas las formas de violencia académica y anulación del debate

Columna de opinión por Ivette Hernández, Camila Ponce Lara, Leonie Männich y Joaquín Molina
Domingo 28 de julio 2024 13:26 hrs.


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Escribimos esta columna con el propósito de contribuir al debate sobre la (des)normalización de todas las formas de violencia académica y anulación del debate que aún permean los espacios universitarios. Quienes escribimos esta columna, sostenemos que esta discusión debería ser amplia, dado que las formas que adopta este fenómeno son aún un lugar común que atraviesa espacios más allá de nuestro país. Esta discusión debería abrirse a la idea de cómo propiciar instancias de intercambio de ideas que fomenten contextos (más) seguros donde se vele por la libertad de expresión. Si bien esta reflexión podría anclarse en las experiencias de nuestras propias trayectorias académicas, encontró, en el espacio de esta columna, un lugar común y un caso concreto a partir de nuestra asistencia al panel Assessing the Boric government in Chile: from Refoundation to Reformism? (“Evaluando el gobierno de Boric en Chile: ¿de la refundación al reformismo?”) que se organizó recientemente en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos. Entre el 1 y el 3 de julio de 2024 se llevó a cabo la Conferencia Anual de SLAS (Society for Latin American Studies – #SLAS2024) en el Centro para Investigación y Documentación de América Latina (CEDLA) de la Universidad de Ámsterdam (https://www.slasamsterdam2024.nl/). Este evento reunió a investigadoras e investigadores de diversas partes del mundo, principalmente de Europa, América del Norte y América del Sur, quienes presentaron sus trabajos y discutieron temas relevantes para la región, tales como transformaciones sociopolíticas, justicia medioambiental, derechos indígenas, participación política y desigualdad urbana, género o memoria.

El panel mencionado fue moderado por Patricio Silva, académico de la Universidad de Leiden (Países Bajos) y de la Universidad Diego Portales, quién además expuso en el mismo contexto, y que contó con la participación de otros tres miembros de la Universidad Diego Portales: Carlos Peña, Rector; Rossana Castiglione, decana de la Facultad de Historia y Ciencias Sociales; Javier Couso, académico del departamento de Derecho y Patricio Navia, académico de la Universidad de Nueva York. El grupo estuvo enfocado en analizar el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, y logró convocar un alto interés por parte de una audiencia internacional tanto de académicos, de investigadores postdoctorales, estudiantes de doctorado y de Máster que asistieron para conocer y debatir en mayor profundidad sobre las distintas perspectivas y hallazgos de estos académicos referente a las políticas y desafíos del actual gobierno chileno.

Sin embargo, este debate no fue posible.

Un argumento central aquí refiere al reconocimiento de que los debates y foros en espacios académicos conllevan sus propias normas y costumbres. Generalmente, se suelen destinar 90 minutos por panel, y el tiempo invertido para cada presentación suele ser de 15 minutos o incluso menos, principalmente como una forma de permitir la participación del público. Es decir, en estas normas y costumbres subyace la necesidad de que los espacios de debate sean por sobre todo un lugar de aprendizaje e intercambio de ideas en base al rigor intelectual, donde uno de los objetivos principales es compartir con pares el resultado de investigaciones recientes para así recibir retroalimentación. Desde una perspectiva sociológica, este rigor intelectual apunta a una vocación política, ejemplificada en lo que Max Weber plantea como la ética de los fines de la responsabilidad. Consiguientemente, se podría argumentar que la correspondencia multidireccional que ocurre en un espacio como éste supone un equilibrio constante entre las distintas formas de manifestación de las relaciones sociales que allí son representadas, y, por ende, de diversos constructos de poder que se entrelazan y convergen en el centro de la comunicación que allí se da.

Sin embargo, la ausencia de un debate académico real, como fue el caso de este panel, cuya dinámica de participación de la audiencia fue acotada a un tiempo reducido ad maximum de sólo 5 minutos y donde, lamentablemente, el moderador destinó ese escaso tiempo a una conversación entre los mismos ponentes, devela la primacía fetichista de una instancia que no sólo limitó el intercambio de ideas, normalizando e iterando las distintas formas de relaciones y estructuras de poder dominantes dentro de la sociedad chilena, sino que también normalizó prácticas de cancelación de opiniones heteróclitas bajo dichas interacciones. Un ejemplo claro de esto fue lo que ocurrió cuando una investigadora y profesora de la Universidad de Manchester abordó la cuestión sobre la completa ausencia argumental sobre la influencia del neoliberalismo en Chile en relación con la tesis de choque generacional del gobierno de Boric planteada por Carlos Peña, quien a su vez respondió escuetamente que Chile vivió un proceso de “modernización”. Cabe recordar aquí que el neoliberalismo (en su radical formulación de los Chicago Boys) hubiese sido imposible sin justamente un golpe militar, desaparecidos, exonerados, torturados, la Constitución de la Comisión Ortúzar y Jaime Guzmán, y las condiciones de poder absoluto que esto supuso. ¿Es ésta la modernización de la que habló Carlos Peña?

El brevísimo intercambio que siguió a las exposiciones fue una expresión clara de negación de esta ética a la que hace referencia Weber y que, a su vez, delinea la fisonomía de una categoría específica de violencia académica. De una parte, en este “intercambio” no existió un gesto de interés, a través de la escucha atenta de parte de su moderador, en que lo que importa, más que ofrecer una opinión personal, es responder de forma constructiva y cordial y otorgar la palabra en orden de aparición. Por otra, esta conducta obnubiló completamente esta dimensión ética, precisamente cuando el moderador intentó impedir que la académica e investigadora pudiese recibir una respuesta directa de Carlos Peña, argumentando, en un tono de superioridad inadecuado e irónico, que esa pregunta ya había sido respondida (cuando no lo había sido). Esta forma de cancelación podría haber sido evitada si se hubiese reconocido que una responsabilidad ética como la aludida no consiste en tener la razón, sino que, de modo contrario, en tener en cuenta a quienes formulan argumentos contrapuestos. Dicho de otro modo, el panel defenestró esta dimensión ética toda vez que una voz dominante en él hizo pesar, en su relación de dependencia asimétrica con los presentes, la estructura jerárquica de poder que sostenía su propio rol dentro de aquella.

Asimismo, esta forma que adopta la violencia académica naturaliza las voces dominantes, y choca, a través de la ausencia de posiciones alternativas, directamente con la razón de ser de la Universidad como punto de encuentro del desacuerdo riguroso y pluralidad de voces. Un ejemplo de esto refiere a lo que se expuso sobre las razones del origen del estallido social y en el que se plantearon argumentos tales como: “Chile tiene el gasto público más alto de Latinoamérica”, sin dar espacio a responder dicha aseveración que es, en nuestra opinión, completamente descontextualizada, precisamente, porque no se argumentó con evidencia de ningún tipo, sin fuentes, citas ni explicaciones más desarrolladas. Esto último devela una voz altisonante en la academia, una voz ya conocida, que abunda (hasta el cansancio) en los conglomerados de grandes medios en Chile, donde estas mismas voces del panel gozan de espacios comunicacionales de privilegio para exponer públicamente sin ningún tipo de contrapeso, mostrando muchas veces, con poca rigurosidad, sólo pequeños elementos como síntesis de una configuración mucho más compleja, que tiene sus raíces en distintos fenómenos socio-políticos que pueden (y deben) ser explicados con hechos y fuentes rastreables en la longue durée.

Este tipo de discurso requiere una permanente observación pues, con demasiada frecuencia, el debate académico se utiliza como una mascarada o falsa bandera para cerrar el paso a los demás, para hacer propaganda política en vez de un intercambio intelectual, para negarse a escuchar, para justificar una (supuesta) superioridad sobre aquellos que no corresponden a su clase o su grupo de referencia, sobre aquellos que pueden ser estigmatizados y que son diferentes. Esta es otra forma de violencia académica que fue ejercida específicamente en la presentación: “Boric and the ‘Two Souls’ of his ruling coalition” (“Boric y las “Dos Almas” de su coalición gobernante”) de Patricio Silva. En esta, se argumentó que existía una relación entre lo que se definió como ‘las volteretas de Boric’ (incluyendo una caricatura grotesca del Presidente de la República, girando sobre su propio eje), e incluso se bromeó con que estas volteretas emergerían producto de su salud mental. Como vemos hasta aquí, la violencia fue ejercida en esta presentación desde dos perspectivas que son indisociables y absolutamente inadmisibles, donde expresiones caricaturescas y discriminatorias frente a condiciones inherentes a las personas no tienen cabida.

En primer lugar, no se presenta un debate serio (en lo absoluto) sobre la salud mental que en si es un tema sensible, en particular en un país como Chile, en el que un 66% de la población chilena reconoce en 2023 que la salud mental es el mayor problema de salud que enfrenta el país en la actualidad, superando ampliamente el promedio mundial (44%) y ocupando la segunda posición del listado, liderado por Suecia (67%). Situación que se ha incrementado exponencialmente producto de la pandemia, y que en 2024 ha seguido in crescendo, según los datos del Observatorio de Salud Mental de Chile. Y, en segundo lugar, esta presentación adoleció de responsabilidad ética respecto de procurar un espacio (más) seguro respecto de un debate de ideas que evitara un discurso perjudicial y de estigmatización en relación a la salud mental y a quienes abiertamente, como es el caso del Presidente de la República, reconocen padecer un trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

El debate sobre espacios (más) seguros se ha instalado desde la segunda mitad de los 2000s en la academia anglosajona y europea, aunque el origen de la noción emerge en el movimiento feminista a finales del siglo XX. Un espacio (más) seguro debería entenderse como un equilibrio constante entre responsabilidad y libertad de expresión. Los que asistimos al panel Assessing the Boric government in Chile: from Refoundation to Reformism? (“Evaluando el gobierno de Boric en Chile: ¿de la refundación al reformismo?”) consideramos que dicha instancia sintetizó en un período de 90 minutos, muy por el contrario, un desequilibrio estructural anclado en largas historias de opresión de quienes han sido históricamente marginados. Un patrón que lo ejemplifica refiere a una intervención por parte del Rector de la Universidad Diego Portales, quien afirmó, haciendo énfasis en su trayectoria como abogado, que el aborto constituye un asunto “cultural” en Chile más que un debate de derechos. En este sentido el desequilibrio estructural se situó, por una parte, en la nula posibilidad del derecho a réplica que implica que opiniones controversiales de este calado puedan ser cuestionadas en lugar de permitir que no lo sean. Y por otra, esta asimetría se fundamentó en una posición de privilegio en el que la noción de responsabilidad y libertad es entendida y ejercida desde la premisa de que la individualidad de quienes se ven afectados/as por sus acciones no importa o no es relevante. Es decir, plantear el debate del aborto como una cuestión “cultural” en vez de un asunto legal, supone invisibilizar y negar a aquellas personas a las que se aplica o afecta la acción, es decir, a las mujeres y disidencias.

Para quienes escribimos esta columna el valor de un espacio de debate (más) seguro se basa principalmente en el abierto devenir de ideas, el respeto por quienes están en desacuerdo, y en el que la ausencia de interacción comunicativa o monopolio del debate no puede nunca sostenerse desde el detrimento o la cancelación del otro. Consideramos fundamental cuestionar y poner en discusión este tipo de prácticas porque es importante para cualquier sociedad dejar de normalizar estas actitudes que, lamentablemente, remiten una y otra vez, cual roca de Sísifo por la montaña, a posiciones unilaterales del debate académico.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.