El activismo feminista en América Latina ha logrado una mayor visibilización de la problemática de la violencia de género en la región y eso ha significado que los medios masivos de comunicación incluyeran como parte de sus agendas el acoso, abuso o femicidios contra mujeres y personas de los colectivos de la diversidad sexual. Pero ¿Qué pasa cuando las víctimas de esas violencias son las propias periodistas? ¿Qué herramientas tienen para hacer frente a estas circunstancias que hacen de su lugar de trabajo un ambiente hostil? ¿Han desarrollado las empresas periodísticas políticas laborales específicas?
Las de arriba, son alguna de las preguntas que nos hicimos en la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad en el marco de nuestra reciente investigación “Medios sin violencias: la urgencia de políticas de abordaje y prevención en América Latina”. Se trata de un trabajo realizado con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO y en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC).
La primera señal de alarma es que el 75% de las y los integrantes de 95 medios de comunicación de 14 países de América Latina y el Caribe que tomaron parte en la investigación, conoce al menos un caso de violencia de género hacia periodistas. A la vez, se reveló que el 57% de los medios de comunicación de América Latina y el Caribe no tiene protocolos para abordar la problemática al interior de las redacciones. Por otra parte, en los casos en los que existen protocolos, muchas veces no son conocidos por el personal lo que impide el acceso a los mecanismos de protección y seguimiento que ofrecen.
“Pasamos de un total desconocimiento del tema y resistencia, a investigar los casos y tomarlos con completa seriedad. Hay una mayor conciencia de la importancia de proteger víctimas, de tomar acción legal si hace falta, y sobre todo de tomar acción dentro de la redacción. Yo creo que aún falta capacitación de las personas que manejan estos casos en la empresa, porque aunque se toman muy en serio las situaciones, la resistencia a la defensa a los derechos de las mujeres es un tema general en el mundo”. El anterior es el testimonio de una periodista colombiana entrevistada para esta investigación que pone en evidencia algunos pasos dados, pero la persistencia de resistencias e, incluso, la necesidad de formación sobre el tema. Predominan las charlas informativas y los talleres de capacitación, pero escasean las campañas de prevención. Asimismo, relevamos que sólo el 18.5% de las personas consultadas dijo que existen áreas especializadas para el tratamiento de las violencias.
La violencia psicológica, verbal y el acoso sexual son las formas predominantes de agresiones, seguidas por una problemática que cada vez se hace más visible en la región: la violencia digital. A la vez, el espacio físico principal de trabajo es el ámbito predilecto en el que se dan estas situaciones (48% de los casos), seguido de los entornos digitales (27%). ¿Quiénes son los agresores entonces? En el ámbito offline, compañeros de trabajo con cargos jerárquicos (49%) y colegas con igual rango (27%); en el ámbito online los violentos pertenecen mayormente al ámbito gubernamental político (31.5%), seguidos del propio medio periodístico (22%) y sectores antigénero (15%) que en algunas ocasiones también están vinculados a la política
Sobre el incremento de la violencia de género digital, una periodista argentina nos relató las agresiones de las que fue víctima durante la cobertura del debate parlamentario por la legalización del aborto: “Recibía muchísimas amenazas por mail, porque mi mail salía publicado en el diario; ponían en copia al director. Decían que yo era una corrupta, que recibía plata de fundaciones abortistas internacionales, que me echaran. Y también recibí amenazas en mi celular personal. Hice la denuncia en la justicia pero nunca se llegó a identificar de dónde venían las llamadas. En el diario me ofrecieron ponerme un policía en la puerta de mi casa y después me preguntaron si quería dejar de escribir sobre esos temas, pero yo no quería. Después el acoso empezó en redes sociales, en Twitter. Ahí lo que atiné a hacer fue irme de esa red”.
Entendemos que es fundamental que los medios de comunicación desarrollen políticas laborales claras a la hora de abordar estas situaciones. De hecho, en los casos relevados, sólo el 28% de las víctimas realizó denuncias. Cuando no se hicieron fue mayormente por temor, algo totalmente entendible ya que en el 41.5% de los casos hubo represalias sobre las personas que denunciaron: fueron despedidas, amenazadas, se les retaceó trabajo y/o se les pidió la renuncia. La suerte de los agresores fue otra: en el 54.5% de estos casos no fueron sancionados.
Desde Comunicación para la Igualdad, entendemos la existencia y aplicación de protocolos de atención de la violencia como una de las estrategias que las organizaciones de noticias podrían desarrollar para promover mejores ambientes laborales. En ese horizonte, sugerimos que los mismos sean implementados en el contexto de un plan integral de prevención de la discriminación y la violencia que desarrolle otras acciones.
Pero este no puede ser un tema que quede en el ámbito de una relación laboral entre privados, no sólo porque existen los medios públicos de comunicación, sino porque ante una problemática que se agrava, los Estados democráticos no pueden estar ajenos. Más aún cuando vemos que desde estamentos gubernamentales, como el caso del presidente Milei en Argentina o -anteriormente- de Bolsonaro en Brasil, se fomentan esas violencias contra mujeres periodistas.
Entre algunas de las acciones que proponemos que tomen parte los Estados son: garantizar y proteger la libertad de expresión de las mujeres y otros colectivos discriminados; cuidar que los representantes del Estado no emitan ni refuercen discursos agresivos, estigmatizantes o negacionistas de la violencia de género; generar marcos normativos y políticas inclusivas protectoras del derecho a la comunicación de mujeres y otros colectivos discriminados; generar marcos normativos y políticas públicas que garanticen la seguridad de las/os periodistas; y generar marcos normativos y políticas públicas de regulación de las plataformas digitales acordes a un paradigma de derechos humanos.
Pese a la hostilidad del contexto patriarcal y sexista, las periodistas siguen encontrando refugio en espacios asociaciones profesionales, sindicatos y principalmente redes de periodistas feministas. Ante cada nueva agresión o caso que se hace público, se toma mayor concienciad de que la salida no es individual, sino colectiva.
Por Belén Spinetta, periodista feminista. Integrante de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad
