Señor director:

En junio de este año, la Superintendencia de Educación formuló cargos contra la Universidad Mayor por un posible caso de lucro a raíz de transferencias millonarias desde la institución hacia empresas radicadas en Miami. Tan solo unos meses más tarde, la Universidad Alberto Hurtado enfrentó un despido masivo de docentes del área de las Ciencias Sociales y Humanidades que fue calificado por los gremios como el resultado de “una administración negligente y discriminatoria”. Actualmente, estamos frente a la polémica del denominado “Caso Cubillos” en que la Universidad San Sebastián pagaba hasta 17 millones de pesos a una ex Ministra de Educación cuya contribución académica es más bien disminuida cuando no un panfleto de Chile Vamos.

La suma de estos antecedentes nos obliga a cuestionar no sólo el grado de transparencia con que operan las Universidades privadas, sino que a revisar los criterios de asignación de recursos públicos a instituciones cuyo proyecto educativo pareciera estar más alineado con las necesidades del mercado que al desarrollo del país. Quienes creemos en la educación pública tenemos el derecho y el deber de preguntarnos ¿en qué se usa realmente el dinero que transfiere el Estado por vías de gratuidad y beneficios arancelarios? Es hora de abrir la caja de pandora de las Universidades privadas y revelar con qué o con quienes está su verdadero compromiso.

Por Catalina Lufín Pacheco, ex presidenta FECH y tesista de Lingüística y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile,