En nuestro país, la última década se ha caracterizado por una crisis de la democracia, la cual se refleja, entre otras cosas, en la pérdida continua y creciente de legitimidad del modelo de democracia representativa y aumentos en los niveles de desafección política.
Además, se observan crisis medioambientales, migratorias, económicas y políticas que la democracia parece incapaz de abordar. En este escenario, se ha observado en los jóvenes una baja participación electoral, poco interés en la política formal y una disminución de la confianza en las instituciones políticas.
Sin embargo, esto contrasta con la activa participación juvenil en los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011, en el movimiento feminista de 2018, y sin lugar a dudas, en el estallido social de 2019. Este orden de eventos nos ha llevado a preguntarnos sobre el verdadero potencial de la democracia y el rol que esta forma de organización política puede tener para abordar las crisis contemporáneas.
Es importante destacar que no basta con la correcta operación de procedimientos para sostener el orden democrático (por ej., elecciones libres, reglas legislativas, leyes de transparencia, políticas públicas, etc.). Por el contrario, también se requiere de una cultura ciudadana desarrollada en torno a ciertos conocimientos, actitudes y disposiciones para que los aspectos procedimentales de la democracia puedan funcionar adecuadamente. En este contexto, existe consenso de que la escuela constituye un espacio fundamental para la formación ciudadana, pues junto a la familia serían los principales agentes de socialización política de los individuos. De esta forma, la escuela debería ser no sólo un lugar donde se enseña para la democracia, sino que también donde esta se vivencia y practica.
La política educativa chilena ha incorporado la formación ciudadana, como un tópico relevante, especialmente en la última década. En el año 2015, el “Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y corrupción” o “Comisión Engel”, conformado a raíz del impacto de los casos de corrupción como Penta, Caval y SQM, recomendó fortalecer la formación ciudadana en la escuela, incluyéndose esta explícitamente en las bases curriculares y en los Proyectos Educativos Institucionales de los establecimientos.
Asimismo, en el 2016, el Estado respondió con la promulgación de la Ley 20.911 que “Crea el Plan de Formación Ciudadana (PFC) para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado”, normativa que señala que los establecimientos educacionales “deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana” (Ley N° 20911, 2016).
De esta manera, la formación ciudadana se incluyó con distintos medios y a través de distintas vías en el sistema educacional chileno. Es de esperar que estas políticas de Formación Ciudadana logren desarrollarse de modo robusto y continuo en el tiempo. Aunque nada asegure que esto constituya una solución a las crisis contemporáneas, lo cierto es que una ciudadanía activa, informada y orientada por valores democráticos parece ser una condición imprescindible para el fortalecimiento de la democracia.
David Martínez Rojas
Profesor asistente
Instituto de Ciencias de la Educación
Universidad de O’Higgins
