Recientemente, hemos recorrido 16 comunas del territorio mapuche ubicado entre las regiones de Los Lagos y el Biobío. En éstas hemos conversado con comuneros mapuche y agricultores no indígenas, así como también con funcionarios de distintos servicios del Estado que trabajan en la zona vinculados al mundo agrícola, algunos de carácter regional, otros provinciales y municipales. En el marco del trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que debiese entregar sus resultados a fin de este mes, algunas reflexiones desde el terreno podrían acompañar su trabajo y la puesta en marcha de los acuerdos que ahí se tomen.
Lo primero a destacar es que, desde la mirada diversa de los entrevistados, la presencia de la inversión pública, la presencia del Estado, se aprecia en el desarrollo de la infraestructura vial y el mejoramiento de la red de internet, pero sobre todo, en la presencia militar en las regiones de La Araucanía y Biobío. Desde el año 2021 y la puesta en vigor del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, el despliegue de militares en la zona es visto como la mayor intervención estatal en el área vinculada a los territorios mapuche. Algunos entrevistados la evalúan de manera positiva, como algo necesario, pero esa evaluación no es excluyente de la imagen compartida por la generalidad de los entrevistados, de que la principal “bajada” del Estado en la zona está representada en la fuerza militar. Una evaluación compartida incluso en zonas donde no hay presencia militar.
Al mismo tiempo, los agricultores mapuche y no mapuche mencionan que esa presencia del Estado no va a la par del desarrollo de servicios, como el mejoramiento de las rondas para los controles de salud, o una mayor inversión en fomento productivo para los agricultores más desprotegidos. Esto conecta con la impresión de los funcionarios públicos de distinto nivel que, entendiendo las complejidades de la zona y el conflicto que ahí se desarrolla, perciben una estrechez de recursos que no cambia en el tiempo, así como una sobrecarga administrativa que les impide desplegarse en el territorio. Dicho de otra forma, el dinero del Estado tiende a caer en la glosa de las carreteras y el internet, pero cada vez menos, por ejemplo, en salud, educación y asistencia técnica en fomento productivo.
La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento busca generar las bases para construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Para ello, propone levantar información y propiciar procesos de diálogos, así como una vía institucional para abordar el conflicto de tierras y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.
Por mandato, y por lo que se ha conocido a través de la prensa y algunas declaraciones de los comisionados, se está discutiendo la entrega de tierras. Más o menos hectáreas, y con un número variable de comunidades, de una u otra forma la reparación a la deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo mapuche estará vinculada a este proceso de entrega de tierras. Ahora bien, todos los gobiernos desde la promulgación de la Ley Indígena n°19.253 en 1993 han entregado tierras al pueblo mapuche a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI) de CONADI. Entonces, ¿qué es lo novedoso del trabajo que podría realizar la Comisión? La entrega de tierras es un primer paso, sobre el que interesa mencionar tres elementos que debieran tener un lugar importante en el camino que se abriría a fines de enero.
Lo primero, y retomando una crítica que se repite por diversos actores del territorio mapuche, es cómo se vincularía la entrega de tierras con un acompañamiento técnico para el fomento productivo. Un acompañamiento que también debiese mejorar para aquellas comunidades que ya poseen tierras. ¿Qué propone el Estado para acompañar a esas comunidades? Y ¿quién tomaría esta responsabilidad? Entendemos que la Comisión está pensando en un órgano autónomo para organizar el asunto de las tierras, pero ¿cuál sería el acompañamiento técnico para hacerlas productivas?
Frente a estas preguntas, no hay que inventar la rueda. El segundo punto, es que hay instituciones que hacen asistencia técnica en el territorio y lo hacen bien, pero se necesita que integren este debate desde el comienzo para desarrollar esta función, ya que se requieren ajustes estratégicos, principalmente en recursos humanos y económicos. Pensamos en INDAP, quien históricamente ha acompañado el desarrollo de la agricultura familiar campesina e indígena, y en programas que ya están operando y tienen la legitimidad y una buena evaluación en los territorios, como el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).
Acompañar técnicamente a estas comunidades implicaría repensar con éstas qué visión de futuro imaginan, qué perspectiva del fomento productivo conversa con sus perspectivas propias de desarrollo y capacidades. Una conversación donde también se debe sumar ODEPA, el FIA, en fin, el Ministerio de Agricultura en general. Este Ministerio debiese avanzar en la reflexión colectiva sobre el fomento productivo indígena, también con CORFO, sumando al debate una actualización del desarrollo rural y local; hacer la invitación para volver a hablar de crecimiento económico en diversas escalas. Lo vemos así, porque es necesario descentrar la relación del Estado con los pueblos indígenas hoy anclada en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social, para crear un ecosistema de fomento indígena que les permita efectivamente proyectar un desarrollo propio.
Finalmente, como tercer punto, aparece la importancia de avanzar en una discusión sobre la gobernanza política, administrativa y sobre los recursos que sostendrían este proceso. Ninguna institución por sí sola podrá canalizar las políticas públicas, por una cuestión de recursos y menos si su objetivo es adaptarse a las múltiples realidades territoriales. Así, este nuevo proceso de vinculación del Estado con las comunidades mapuche debe incrustarse necesariamente en el proceso de descentralización que actualmente está en curso. ¿Qué rol cumplirían los gobiernos regionales? ¿Y las municipalidades? Estos niveles son el rostro territorial del Estado, muchas veces la primera línea en la ejecución y despliegue de las políticas, por lo tanto tienen que tener un lugar central en esta discusión para proyectar las transformaciones en un largo plazo.
Son varias las preguntas. La Comisión no tendrá respuestas para todo, es comprensible. Aprovechemos, entonces, el impulso que entregará el informe final para que el gobierno tome la posta y abra una conversación sobre fomento productivo con pueblos indígenas, en diferentes escalas, y haga dialogar estos procesos con la descentralización de Chile. Puede ser una oportunidad para construir otra fuerza del Estado para el territorio mapuche y, de paso, traer nuevas ideas al debate ahora que todos los sectores están hablando de crecimiento económico.
Por Rodrigo Yáñez Rojas, Constanza Christian y Natalia Slachevsky/ Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
