Hace poco reapareció mediáticamente Barrick Gold, otra vez con pretensiones de operar en la parte alta del Valle del Huasco. Declaraciones del gerente de relaciones comunitarias, Francisco Salas, hablan de una nueva Barrick, para desmarcarse de los “errores” y seguir dando cuenta de la habilidad de la transnacional canadiense para imponer su voluntad.

Ya la comunidad del Valle del Huasco señaló en un consistente comunicado que la exploración de la empresa está reñida con el fallo -aún no ejecutado completamente- de clausura total y definitiva, emitido el 2022 por la Corte Suprema que ratifica Resolución de la Super Intendencia de Medio Ambiente del 2018. Pero todo lo que ha ocurrido con Pascua Lama, nos obliga a cuestionar el modelo minero nacional.

Barrick por más de 15 años pretendió engañar a la comunidad y a la institucionalidad ambiental, y no pudo lograrlo solo por una oposición ciudadana sin precedentes en la defensa de los glaciares, que trajo enormes costos sicosociales, sobre todo para quienes, pese al triunfo, han visto cómo los fallos no se cumplen y la empresa sigue promoviendo la división en el territorio con total impunidad.

La transnacional siempre despreció las voces territoriales, y a los organismos del Estado que no se sometían a su voluntad; modeló la ley a su antojo, un claro ejemplo es el Tratado Binacional Minero; ha retrasado la ejecución del plan de cierre comprometido  y ratificado por fallo de la Suprema; ha fracasado en el plan de restauración y recuperación de zonas dañadas de las vegas altoandinas y de especies en peligro como la llareta, exigencias emanadas del juicio por daño ambiental interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en el Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Además, manipuló a su antojo, con complicidad de los gobiernos, las franquicias tributarias que se ofrecen para la inversión minera extranjera en Chile, hasta el punto de obtener una devolución anticipada de IVA entre los años 2009 y 2013, cuando se estaba materializando la construcción del proyecto, por US$ 443 millones. Al constatarse que no había condiciones para operar el proyecto, tal como las comunidades demostraron desde un comienzo, a fines del año 2018 les dieron un nuevo plazo para devolver el monto, que ya escalaba a más de US$ 783 millones aplicando intereses, y aunque ya se conocía la clausura definitiva, el Servicio de Impuestos Internos (SII) renegoció y amplió hasta fines del 2026 el pago de la deuda. ¿A quién escuchó el Estado para hacer al préstamo, y porqué si se sabe que Pascua Lama no terminará de construirse y nunca entrará en explotación, no ejecuta la deuda que ya debe ascender a más de US$ 1000 millones de dólares?

Estas malas prácticas de Barrick están siendo hoy perseguidas en Quebec- Canadá, luego de que en una demanda colectiva, sus accionistas minoritarios alegaran que la empresa había afirmado falsamente que el proyecto Pascua-Lama cumplía la normativa medioambiental. Este discurso engañoso habría alentado un efecto positivo en la cotización de las acciones, hasta que el mercado dio la noticia de que la empresa había cometido reiteradas infracciones que derivaron en la paralización y clausura de la construcción del proyecto, y el valor de las acciones cayó, generando perdidas para sus accionistas que ahora buscan ser compensados.

En este contexto, es inevitable plantearse qué nivel de control puede ejercer el Estado sobre la megaminería, cuando vemos que el poder legislativo reproduce lo que mandan los lobbystas especializados; el Judicial pareciera no tener mecanismos para obligar el cumplimiento de los fallos en materia ambiental, y el Ejecutivo admite a tramitación nuevos proyectos de un titular, que obligó a 10 años de lucha para lograr la paralización, y otros 10, para asegurar la clausura definitiva, en defensa de un territorio clave para frenar la desertificación peligrosamente en curso.

Por el prontuario, seguramente, esta reaparición mediática de Barrick tenga más que ver con especulación para revalorar sus activos de cara a una nueva asamblea de accionistas, pero por eso indigna más aún, como si el país fuera solo una pieza de ajedrez que las transnacionales mueven para su propio beneficio, y dejamos que así suceda.