Llevamos varias semanas observando graves problemáticas tanto en el panorama educativo chileno como en el latinoamericano. A partir de ello, tenemos una premisa esencial: somos conscientes que la violencia que hoy se observa en las comunidades educativas corresponde a un problema estructural y social del mundo adulto. Hemos visto como hoy ha alcanzado ribetes gravísimos con el lamentable asesinato de una trabajadora de la educación en Calama, y no es algo nuevo; hace tiempo se viene observando, viviendo y alertando sobre el desborde de la violencia en las escuelas, sabiendo que se expresa problematicamente entre estudiantes como en todo el mundo adulto que converge en las comunidades educativas.

Recordamos que en el año 2022, al retornar tras la pandemia, existió un auge de violencia que llevó al Mineduc implementar la reducción de la jornada escolar por varios meses, para generar una adaptación más “amena”.

Lamentablemente, a pesar de los —escasos— avances en enfoques conceptuales, los problemas educativos sólo se han podido trabajar desde un enfoque reactivo. La meta siempre es la prevención, pero es imposible considerando los equipos de convivencia educativa, si es que llega a existir un equipo, y nada apunta a que se inyecten recursos para contar con mayor personal trabajando en esta área. Así, no se puede cubrir la inmensa cantidad de conflictos y problemáticas diarias, por lo que el mundo adulto dentro de las comunidades se encuentra sobrepasado y apagando el fuego constantemente.

En las últimas semanas han surgido proyectos que sólo proponen medidas reactivas y punitivas para estudiantes que no dan ningún margen de solución a las problemáticas que nos tienen en este escenario, lo que levanta la duda: ¿las y los mismos docentes que deben educar, alcanzar metas en pruebas de medición, preocuparse del bienestar socioemocional del estudiantado, contener situaciones cuando se requiere, estar alertas de temas como higiene o alimentación y velar porque el aula sea un espacio seguro y propicio, serán las mismas personas que deberán encargarse de cumplir un rol de “revisión” de mochilas y dar solución a un problema estructural? Y es importante preguntarnos: ¿quiénes legislan están conscientes que, sin recursos, es imposible seguir sobrecargando las comunidades educativas? ¿Qué idea de la realidad educativa tiene la clase política que piensa en soluciones sin recursos? Pareciera que gobiernan para un país exclusivo de privilegios.

Debemos aclarar que hablamos del gobierno que bajo mañosas declaraciones, ha amenazado con la reducción el 3% del presupuesto a un sistema que ignora una de las principales necesidades: un financiamiento basal que no tense a las escuelas por la precarización de insumos y de personal, y paradójicamente, este gobierno ha optado por recibir menos impuestos del empresariado y solo recorta la ayuda estatal a quienes más necesitan. Esto nos recuerda las medidas “propuestas” por Hacienda de eliminar programas como JUNAEB, la beca Vocación de Profesor o el programa PACE entre otras formas de “ahorrar”.

Las comunidades educativas no necesitan leyes o decretos populistas que no sean reales ni efectivas, se requiere pensar en la forma de abordar la violencia que viven las niñeces fuera de la escuela y terminan reproduciéndose ahí.

Las medidas propuestas nunca hablan del rol que debieran tener las familias en la formación y prevención y sobretodo, de la alianza con los colegios. Se asume —otra vez— que son las comunidades educativas quienes deben hacerse cargo de “comprometer a las familias”.

¿No deberíamos estar exigiendo como sociedad plena más presencia de familias en la crianza de las niñeces? Somos testigos de un sistema económico que no se cuestiona la sobreexigencia de las personas adultas cuidadoras, pues las obliga a ser productivas, a resolver como sea el poder “llegar a fin de mes” sin equilibrar entre los bajos salarios y el alto costo de vida, y que —por consecuencia— deja a las niñeces y adolescencias postergadas y descuidadas. Tampoco se prioriza la implementación total de 40 horas semanales y lo que generaría en las familias: personas con más tiempo que cuenten con espacios compartidos de crianza. Este avance está en riesgo, y ante la ausencia parental se espera que el colegio se haga responsable, lo que no corresponde, ni es posible dadas las condiciones de las escuelas, principalmente las públicas con población más vulnerable.

Al hablar de ausencia parental también evocamos el nivel de violencia social que enfrentamos, pues se ha creado e instalado un relato mediático en torno a la seguridad que se refuerza con la percepción de inseguridad en Chile de un 87,7% (según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024) siendo el país latinoamericano con menores índices de violencia y criminalidad, lo que nos entrega una respuesta directa con la violencia como reacción: se ha perdido el valor de lo comunitario y social, centrándonos en el miedo y la individualidad.

Se suma una arista preocupante: los problemas en salud mental de quienes componen la comunidad educativa, especialmente de niñeces y adolescencias. Constatamos el alto nivel de rotación de los equipos de salud mental en el servicio público, conllevando a una falta de continuidad en las terapias y un desapego con sus tratamientos y su salud mental, pero siendo esta la única alternativa a su alcance puesto que, la atención particular en salud mental es un privilegio por su alto costo. Esta crisis se fortalece con el bombardeo de información de redes sociales generando ideas peligrosas, sin supervisión del mundo adulto, dando por resultado una adicción a la dopamina producida por estímulos que duran segundos, generando aislamiento social e interactuando con algoritmos con foco en el hiperconsumo. Esto sólo es una bomba de tiempo que no sabremos cómo enfrentar.

Creemos que no todo está perdido, pero sí es fundamental ser parte del mundo educativo con toda su complejidad y extensión, y al estar insertas en ello tenemos la convicción que es posible revertir esta situación, si el gobierno de turno abandona “el país de los privilegios” de donde provienen. Es necesario y trascendental el posicionamiento de quienes cuidan y crían en los contextos educativos, pues la escuela no funciona sin el aporte de toda la comunidad. No se pueden enfrentar estas problemáticas sin la colaboración y el respaldo de las familias. Les necesitamos presentes y en la misma línea de pensamiento que sus comunidades educativas. No es posible que la solución de las personas que crían sea la violencia ante las problemáticas ni que lo más complejo de trabajar en educación sean los adultos, principalmente apoderados. Sólo con su aporte y refuerzo, podremos avanzar y progresar.

Antes de pensar en crear leyes para revisar mochilas e instalar detectores de metales, se deben fortalecer las comunidades a través de medidas efectivas propicias para la realidad de cada comunidad educativa promoviendo el buen trato, dando contención a las comunidades más sobrepasadas, liderazgos que promueven la proactividad y ejemplares, además de un Estado que gestione y financie los espacios para la realización de jornadas de reflexión efectivas, que no sean solo una evidencia. Debemos escucharnos, saber lo que tienen que decirnos las personas a quienes educamos y construir normas y espacios que nos regulen de forma colaborativa y no de manera coercitiva. Atendamos dudas, miedos y preocupaciones. Destinemos presupuesto y recursos para realizar actividades que nutran la formación valórica y democrática, haciendo la experiencia educativa enriquecedora y significativa. La vida de las trabajadoras de la educación (compuesta por una fuerza productiva femenina de un 73% del gremio docente) no puede depender de medidas populistas de la política de turno, pues requieren de análisis profundos con enfoque social y de cuidados para alcanzar estándares sanos de convivencia.