En Chile estamos viviendo un cambio de paradigma histórico en relación al vínculo humano-animal, a partir de la comprensión de que los (demás) animales también son seres sintientes con capacidades emocionales y cognitivas propias; y cuyas vidas e integridad deben importarnos.

Este cambio es palpable en la reacciones de indignación generalizada frente a los casos de abuso animal, en la preocupación social por ellos cuando se ven afectados por desastres naturales, o en la respuesta cada vez más potente de la ciudadanía organizada para promover proyectos de ley que permitan avanzar en su protección.

Todo esto ha hecho posible que el martes 18 de agosto se lograra votar a favor de prohibir las carreras de perros en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de años de campaña, educación, sensibilización y denuncia de esta práctica por parte de las organizaciones de protección animal y personas dedicadas al rescate, rehabilitación y reubicación de los galgos.

Sin embargo, para ciertos sectores o grupos de interés, anclados en actitudes que normalizan la violencia hacia los animales, que dicen no verlos como cosas, pero que en la práctica los tratan como esclavos, estos cambios resultan desconcertantes, como se pudo comprobar en las intervenciones de algunos parlamentarios durante la votación del proyecto.

Por esto, es muy importante que se entienda que las carreras de perros se enmarcan dentro de la cultura del abandono y abuso animal, que reproducen un patrón de violencia hacia los animales más amplio, replicado intergeneracionalmente. Continuar sosteniendo que hay que permitirlas porque son una costumbre del campo implica graves costos sociales.

Porque lo que distingue las prácticas culturales dañinas de otras que no lo son, son justamente los daños en quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y las externalidades sociales que producen, y en este caso, que terminan por impactar a las mismas familias y comunidades, así como a toda la sociedad.

Por un lado, tenemos el componente de las apuestas y adicción relacionadas con esta práctica, que redunda en un ambiente de inseguridad, fomentando otras formas de violencia dentro de las comunidades y pudiendo afectar no solo a los animales utilizados, sino que también a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, cuando en sectores rurales o periurbanos los animales se utilizan y se desechan, cuando no se esteriliza y por el contrario, se fomenta la reproducción, el costo recae en la sociedad completa. Subsanar los daños provocados por la cultura del abandono y maltrato animal, de la que forman parte significativa las carreras de perros, es un costo que aún está pendiente de cuantificarse y que recae sobre la ciudadanía responsable, a través de organizaciones, personas a título individual, y de todos aquellos que aportan con recursos y tiempo para el rescate, rehabilitación y reubicación segura de los animales abandonados, maltratados y heridos.

Por último, si nos importa detener el crecimiento de la población de perros de libre deambular, y me atrevo a decir que es una preocupación transversal por sus consecuencias, nos debiera importar eliminar cuanto antes aquellas prácticas que fomentan justamente lo contrario.

Avanzar en la prohibición de las carreras de perros no es un favor, el Estado debe preocuparse de educar a la población en el sentido de respeto y protección hacia los animales, así como de realizar un control poblacional ético, ambas cosas mandatadas por la ley.

Los parlamentarios deben tenerlo presente cuando la discusión pase al Senado: las carreras de perros son incompatibles con estos objetivos, y, mientras algunos se escudan en la palabra costumbre, nos está saliendo muy caro a todos.