Quienes conocen la escuela saben que el hambre también entra a la sala. Se sienta junto al estudiante, debilita su atención y vuelve más pesada cada palabra del cuaderno. Por eso, un plato vacío sobre una mesa escolar no representa solamente falta de alimento: revela una fractura del cuidado, la justicia y la responsabilidad pública.

Las situaciones detectadas en torno al Programa de Alimentación Escolar de Junaeb merecen una revisión profunda y transparente. La Contraloría General de la República informó observaciones relacionadas con pagos y prestaciones contempladas en contratos de alimentación escolar, mientras que posteriormente Junaeb puso antecedentes a disposición del Ministerio Público por eventuales irregularidades que involucrarían montos de varios miles de millones de pesos. Se trata de antecedentes que deben ser investigados por las instituciones competentes. La prudencia jurídica exige no anticipar culpabilidades ni atribuir responsabilidades que aún no han sido establecidas. Pero esa prudencia no obliga al silencio frente a la importancia del problema.

Lo que corresponde ahora es determinar con precisión qué servicios fueron contratados, cuáles fueron efectivamente prestados, qué pagos se realizaron, bajo qué condiciones contractuales y si existieron incumplimientos o irregularidades. Las explicaciones administrativas, los componentes fijos de los contratos, los ajustes derivados de la pandemia y los mecanismos diseñados para asegurar la continuidad del servicio deberán ser ponderados en su debido contexto.

Pero existe una cuestión que trasciende la discusión contractual: el propósito de los recursos públicos involucrados.

El Estado no administra cifras inertes. Administra políticas destinadas a garantizar derechos y oportunidades. Detrás de cada planilla, cada contrato y cada transferencia hay estudiantes, familias y comunidades educativas que dependen de que esos recursos cumplan efectivamente la finalidad para la cual fueron destinados.

Freire (2005) comprendió la educación como una práctica ética y transformadora. Educar supone reconocer la dignidad del otro y comprometerse con las condiciones que permiten aprender y participar plenamente en la sociedad. Nussbaum (2012), desde otra perspectiva, advierte que los derechos pierden sustancia cuando no existen las capacidades y oportunidades materiales necesarias para ejercerlos. Matricular a un estudiante no basta: para aprender necesita estar alimentado, protegido y reconocido.

La evidencia disponible refuerza aquello que profesores y comunidades educativas conocen desde la experiencia cotidiana. El Programa Mundial de Alimentos ha destacado que los programas de alimentación escolar pueden contribuir a la asistencia, permanencia y aprendizaje de niños y niñas, además de constituir una herramienta relevante de protección social. La alimentación escolar, por tanto, no puede ser considerada simplemente como un gasto accesorio: forma parte de las condiciones que permiten que la educación ocurra.

Para algunas familias, la comida que reciben sus hijos en la escuela complementa la alimentación del hogar; para otras, puede representar una parte especialmente importante de la alimentación cotidiana. Por eso, cualquier deficiencia en la ejecución de estos programas puede tener consecuencias que exceden ampliamente una diferencia contable.

Administrar recursos destinados a la alimentación escolar exige una responsabilidad particularmente alta. No solo porque se trata de dinero público, sino porque sus destinatarios son niños, niñas y adolescentes y porque el objetivo final está estrechamente relacionado con la igualdad de oportunidades.

Chile debe volver a preguntarse cuál es el sentido profundo de Junaeb. Su misión no consiste únicamente en distribuir raciones o ejecutar presupuestos, sino en contribuir a proteger las trayectorias educativas de estudiantes que enfrentan distintas formas de vulnerabilidad. La institución representa una política pública donde alimentación, educación, protección social y equidad se encuentran.

Por eso, las investigaciones y auditorías actualmente en curso deben avanzar hasta establecer los hechos con claridad. Si hubo errores administrativos, deberán corregirse. Si existieron incumplimientos contractuales, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes. Y si eventualmente se acreditaran conductas ilícitas, deberán operar las instituciones encargadas de establecerlas y sancionarlas conforme a la ley.

Pero cualquiera sea el resultado de esas investigaciones, existe una conclusión que no requiere esperar un fallo judicial: los recursos destinados a alimentar a estudiantes deben llegar de manera efectiva a quienes fueron destinados.

La sociedad debe comprender que un estudiante con hambre no aprende en igualdad de condiciones. Puede estar sentado frente a la pizarra, pero parte de su atención seguirá detenida ante un plato vacío. Los profesores conocen esa realidad: saben que las necesidades básicas insatisfechas pueden dificultar la concentración, la participación y el aprendizaje.

Por eso, alimentar también es educar.

Cuando la alimentación escolar falla, no solo está en juego la correcta ejecución de un contrato. Está en juego la capacidad del Estado de cumplir una promesa básica con sus niños, niñas y jóvenes: que las condiciones materiales de origen no determinen cuánto pueden aprender ni hasta dónde pueden llegar.

El compromiso de Chile con su infancia no se mide únicamente en discursos ni en los montos consignados en un presupuesto. Se mide también en la capacidad de asegurar que cada recurso destinado a proteger y educar a un estudiante cumpla efectivamente su propósito.

Porque detrás de cada ración hay mucho más que comida. Hay una oportunidad de aprender, una familia que confía y un Estado que tiene la responsabilidad de responder.

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