El breve recetario lanzado por el Gobierno de Chile e Inacap en el marco del 18 de septiembre ha generado más de una polémica. Destinado a dar “una segunda vida a nuestros alimentos” y lanzado por el Ministerio del Medio Ambiente bajo el logo de Re-genera Chile, el recetario busca establecer un marco ecológico para reutilizar los alimentos sobrantes de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Sin embargo, como señalan las críticas, las recetas resuenan con la invitación que —recordaba Pedro Lemebel— hacía Lucía Hiriart (esposa del dictador Augusto Pinochet) a cocinar con “cáscaras de papas” para enfrentar la crisis económica de 1983; a las recetas de “cocina chilena ¡fácil, apetitosa y económica!” de las revistas de CEMA-Chile; o al recetario “recetas para ahorrar y saborear a la chilena” que lanzó Joaquín Lavín en 2013, a través del Ministerio de Desarrollo Social, para cocinar una comida familiar por solo 2.000 pesos.

Más allá del contenido de este o aquel recetario, cabe preguntarse: ¿Por qué los últimos tres gobiernos de derecha (incluida una dictadura) que ha tenido Chile invitan a economizar la alimentación? ¿Cuál es la necesidad de controlar el precio del alimento?

El tema no es simple. No solo los gobiernos de derecha suelen preocuparse por el precio de los alimentos. Para quienes nos dedicamos a la salud pública, el estudio de la alimentación, la malnutrición y seguridad alimentaria, el abaratamiento del precio de los alimentos saludables (ya sea por la subvención a la producción o al consumo) suele ser parte de una solución a un tema recurrente. Si lo que queremos es que la población se alimente de mejor manera, resulta razonable que una estrategia se base en reducir los costos de la alimentación.

Dicho esto, tengo la impresión de que detrás de estos recetarios opera otra lógica. Más que una preocupación por la salud de la población, las recetas económicas son, además de un insulto a la creatividad popular (que toda la vida ha tenido que lidiar con lo que sobró de los días anteriores, comiendo regularmente LuMaMi), un intento de gestionar la crisis económica (real, ficticia, deseada o por producir).

Como documentan los trabajos de Jason Moore, abaratar los costos de la alimentación es un modo de doble precarización que el capitalismo ha practicado durante más de 250 años. Siguiendo la fórmula que Marx expone en “El capital”, el plusvalor relativo se obtiene reduciendo el tiempo de trabajo necesario para reproducir el valor de la fuerza de trabajo. De este modo, abaratar los medios de subsistencia (como el precio de los alimentos) permite incrementar el plustrabajo.

Así, una forma de precarizar la vida en el régimen capitalista consiste en adoctrinar a los cuerpos a alimentarse de forma más económica, independiente de la calidad de los alimentos, como si los niveles actuales no estuvieran ya bajo los umbrales del bienestar. Esta pedagogía desplaza el ajuste económico a la cocina doméstica, forzando a las familias a limitar el gasto mediante el consumo de desechos, evitando la presión sobre el aumento salarial. Todo esto ocurre mientras, según datos de la Fundación Sol, las primeras tres horas de trabajo cubren toda la operación de las empresas en Chile; por lo que actualmente ya hay, en promedio, cinco horas de plustrabajo.

La segunda precarización tiene que ver con el sistema alimentario en su conjunto, en el que el alimento es socialmente entendido como un bien de escaso valor, invisibilizando de manera sistemática tanto el trabajo campesino y asalariado requerido para producirlo, como la degradación ecológica que el capital impone sobre los bienes comunes naturales.

Valorar más los alimentos saludables (frutas y verduras frescas, legumbres y alimentos de origen animal mínimamente procesados) implica, a diferencia de las tesis subyacentes en los recetarios, reconocer y remunerar desde la justicia socioambiental los costos reales de su producción en lugar de exigir comida barata. Para que el acceso a una alimentación digna sea socialmente viable sin precarizar a los productores, es necesario que las personas aumenten sus ingresos. Es decir, que las empresas y los empresarios reduzcan sus ganancias, y no que los trabajadores aprendan a economizar en su consumo.