El 22 de septiembre, en Nueva York, el Presidente Kast sumó a Chile a la declaración conjunta del Escudo de las Américas, uniéndose a otros catorce gobiernos de la región. Ante la Cámara, el canciller Pérez Mackenna sostuvo que no hubo firma y que se trata de una declaración política no vinculante. Pero el texto es un compromiso, que anuncia sanciones coordinadas contra 24 organizaciones calificadas de narcoterroristas, con congelamiento de activos, restricciones de visado que alcanzan a sus “simpatizantes” y responsabilidad penal por apoyo material. Asume un intercambio de inteligencia más allá de los organismos policiales coordinados y declara la intención de pedir a la OEA que convoque el Tratado de Río para una acción colectiva, cuyas decisiones sí obligarían a los Estados parte. Chile tomó ese camino sin debate parlamentario.

Nadie puede estar en contra del combate al crimen y los delitos transnacionales. Pero, lo más revelador es lo que el texto silencia. Es una declaración que habla de “soberanía hemisférica” no de la soberanía nacional; seguridad anti narcoterrorista, y “acción colectiva”, no aparecen ni una vez el compromiso con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario ni el sistema interamericano de protección. La única “salvaguarda” es una fórmula genérica sobre las respectivas obligaciones legales de cada Estado. Y, ese silencio no es casual, es clave pues este “Escudo de las Américas” se ha construido con socios cuya conducta está hoy bajo observación y/o crítica de los órganos internacionales de derechos humanos.

A modo de ejemplo, Estados Unidos, su impulsor, cumplió un año de ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con al menos 227 muertos según Human Rights Watch; el relator especial de la ONU los calificó de “ejecuciones extrajudiciales sistemáticas”; secuestró al presidente N. Maduro de Venezuela -por más autoritario que fuese- violando la soberanía y recientemente Trump revocó formalmente las normas que protegían a los estudiantes LGTBIQ+ contra la discriminación por orientación sexual. En El Salvador, cuatro años de régimen de excepción suman más de 90.000 detenidos y al menos 470 muertos bajo custodia, y Amnistía Internacional concluyó que esos patrones podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En Ecuador, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas se alarmó por al menos 51 desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas. En Perú sigue vigente una ley de amnistía para militares y policías que la Corte Interamericana ordenó no aplicar, y la presidenta Keiko Fujimori hizo campaña prometiendo salir del Pacto de San José. Argentina: Milei se reunió con Netanyahu -el que tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional-, en su viaje a la ONU, demostrando su desprecio por la Corte, a pesar de ser parte del Estatuto de Roma; sumando así su negacionismo y política regresiva en los derechos sociales que han aumentado los índices de pobreza.

Chile no está fuera de ese cuadro. Como ejemplo, el Presidente anunció que quizá indulte a carabineros y militares condenados por homicidios y torturas cometidos durante el estallido, y Amnistía Internacional emitió una acción urgente por riesgo de impunidad. Se debilitó el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, llevando a la CIDH a pedir al Gobierno antecedentes sobre esto. Se ha obstaculizado el financiamiento a los Sitios de Memoria y en la reforma constitucional de seguridad propuso un nuevo estado de excepción de 240 días, por exclusiva decisión presidencial, con restricciones al desplazamiento y a la reunión, requisición de bienes e interceptación de comunicaciones sin control judicial; lo que es una concepción autoritaria y no un desliz. Tras las críticas de un amplio espectro político, el Gobierno ha iniciado su negociación, dejado una huella de estilo Orban.

No se trata de hechos aislados. La reciente Asamblea General de la ONU mostró el marco que los conecta. Criticar a Naciones Unidas no es en sí autoritario; lo hicieron gobiernos de signos muy distintos, incluido Brasil. Lo que los diferenció fue presentar los Derechos Humanos como una agenda partidista. Trump pidió dejar de imponer “agendas de izquierda” desde la ONU. Milei sostuvo que la ONU se convirtió en “una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos”. En ese discurso, la protección universal de la integridad de la persona deja de ser un límite al poder de todos los Estados y pasa a ser una trinchera del adversario. Así se justifica que los órganos de supervisión sean tratados como burocracia ideológica y sus decisiones como “intervencionismo”.

La vara con que se mide esa conducta no puede depender de colores políticos. Los organismos de derechos humanos han condenado sin vacilaciones a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba por tener presos políticos sin proceso y reprimir las manifestaciones, así como lo han hecho con las muertes bajo custodia en El Salvador o las desapariciones en Ecuador. Ese es precisamente el criterio que el Escudo de las Américas elude: una alianza que se dice defensora de la democracia y guarda silencio sobre los derechos de las personas termina protegiendo a los gobiernos “amigos”, no a los ciudadanos.

Por eso y más, es clave que nuestras organizaciones de derechos humanos, universidades, agrupaciones de familiares y parlamentarios de todas las bancadas podamos conformar un Escudo de los Derechos Humanos, en Chile y en América, con una plataforma común que trabaje para que:

• La adhesión chilena al “Escudo de las Américas” pase por el Congreso.
• Toda cooperación en seguridad incluya cláusulas expresas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, con garantías de que la inteligencia compartida no se use en operaciones letales al margen de la ley o vulnerando la soberanía de cada Estado.
• Se defienda la autonomía y el financiamiento de las Instituciones de Derechos Humanos y las políticas de verdad, justicia, reparación y no repetición.
• Que se exija el cumplimiento íntegro de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana.

El crimen organizado es una amenaza real y debe enfrentarse con coordinación regional. Pero un Estado que combate el delito suspendiendo los derechos que lo distinguen de los delincuentes no se hace más fuerte; se parece más a ellos. El único Escudo que merece ese nombre es el que protege a las personas de cualquier poder, incluido el propio.