El proyecto presentado por el Gobierno para, supuestamente, reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no puede sino entenderse como un intento de hacerlo desaparecer tal como lo hemos conocido hasta hoy: no mediante la eliminación formal de su existencia, sino a través del vaciamiento de sus atribuciones, su autonomía y su capacidad efectiva de actuar. De concretarse los efectos de esta reforma, la institución seguiría existiendo en el papel y, sin embargo, dejaría de cumplir la función para la que fue creada. Eso es lo que ocurriría si se le impidiera querellarse en representación de las víctimas, se redujera drásticamente su equipo jurídico y su presencia regional, y se entregara la conducción de su Consejo a un sistema de designaciones dependiente del poder político. No estaríamos ante una modernización, sino ante la transformación de un organismo llamado a fiscalizar al Estado en una entidad decorativa y sin capacidad real de ejercer contrapesos frente a los abusos de ese mismo Estado.

La situación se ve con mayor claridad cuando se observa este proyecto en el contexto más amplio de las políticas de derechos humanos. Advertimos cómo, en estos meses, medidas de distinto tipo han apuntado a debilitar las instituciones que sostienen la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Las señales de retroceso en el financiamiento de sitios de memoria y los recortes proyectados para el Plan Nacional de Búsqueda forman parte de este escenario, al igual que las decisiones que afectan las políticas de igualdad y no discriminación.

Hay, además, una contradicción evidente entre los fundamentos que invoca el Ejecutivo y las consecuencias concretas de su propuesta. Los Principios de París, que establecen los estándares internacionales para las instituciones nacionales de derechos humanos, exigen independencia, pluralismo y un mandato amplio de promoción y protección. Sin embargo, el proyecto elimina la facultad de presentar querellas, proyecta reducir la dotación de abogados de la Unidad de Protección de Derechos y la dotación regional. A ello se suma un diseño institucional en el que el poder político adquiere una influencia decisiva sobre la composición del Consejo, incluida la designación inicial de sus integrantes. Esto no es un detalle administrativo, sino una cuestión fundamental para garantizar la independencia del Instituto. ¿Cómo puede un organismo fiscalizar eficazmente a quienes tienen una influencia determinante en su conducción? ¿Qué protección concreta podrá ofrecer a una persona que denuncia violencia estatal si pierde las herramientas jurídicas y los equipos que hacen posible acompañarla? Por eso, el debate debe examinarse a la luz de los estándares internacionales y no solo desde las razones administrativas que esgrime el Gobierno. La función consultiva es necesaria, pero no puede convertirse en sustituto de la protección efectiva de las víctimas.

Hay que tener algo claro: desmantelar la institucionalidad de los derechos humanos es atentar contra la democracia, porque ésta no se define únicamente por la posibilidad de votar, sino también por los límites que se le imponen al poder, los derechos que garantiza y la existencia de instituciones independientes capaces de impedir que la voluntad de quienes gobiernan se imponga por sobre la dignidad y las libertades de las personas.

Por eso, como planteábamos anteriormente, reformar el INDH puede ser legítimo y necesario, pero el criterio para evaluar cualquier cambio debe ser inequívoco: al término del proceso tiene que existir una institución más fuerte, más independiente y mejor preparada para cumplir su mandato. Si el resultado es que puede opinar, pero ya no actuar; que puede emitir informes, pero no acompañar judicialmente a las víctimas; que conserva su nombre, pero pierde su autonomía, entonces se habrá parecido a esas construcciones donde se conserva la fachada, mientras es demolido todo el edificio que había detrás.