Una persona denuncia un delito, la investigación no consigue acreditar los hechos y la causa termina sin condena. Ese desenlace, por sí solo, no permite concluir que haya mentido. Para establecer que una denuncia fue deliberadamente falsa se necesitan antecedentes que acrediten esa conducta, más allá de que la imputación original no haya prosperado.

Esta distinción está en el centro del debate sobre el proyecto de ley que busca sancionar las acusaciones, denuncias o querellas falsas. La iniciativa responde a una preocupación legítima, porque una imputación maliciosa puede perjudicar gravemente a una persona. Sin embargo, para sancionar esa conducta es necesario distinguirla de aquellas situaciones en que los hechos no pudieron probarse

Que una investigación no llegue a una condena puede obedecer a distintas razones. Es posible que el delito haya ocurrido, pero no se consiga identificar a su responsable; que los antecedentes sean insuficientes o que las pruebas disponibles no permitan establecer la responsabilidad penal.

Una denuncia deliberadamente falsa supone algo diferente: que quien la presentó atribuyó hechos que sabía que no eran ciertos. La diferencia no está únicamente en el resultado de la causa, sino también en lo que puede acreditarse sobre la conducta de quien denunció.

Esta distinción importa para ambas partes. Una persona acusada injustamente puede sufrir consecuencias en su vida familiar, laboral y social, y tiene derecho a una respuesta jurídica cuando se demuestra que fue objeto de una imputación maliciosa. Al mismo tiempo, quien denuncia de buena fe necesita que la falta de pruebas no se convierta en una sospecha automática sobre su propia conducta.

En casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, esa precisión resulta especialmente relevante. Los hechos pueden ocurrir sin testigos y exigir una evaluación cuidadosa de distintos antecedentes. Las dificultades para acreditarlos no demuestran que sean falsos, así como la existencia de una denuncia tampoco basta para establecer la responsabilidad de la persona denunciada.

Chile ya sanciona la acusación o denuncia calumniosa en el artículo 211 del Código Penal. Por eso, la discusión legislativa debe precisar qué problema de la regulación vigente busca resolver el proyecto y qué garantías ofrecerá el procedimiento propuesto. La protección frente a las acusaciones falsas requiere reglas claras, pero también criterios que impidan confundir la falta de prueba con la acreditación de una mentira.

El desafío consiste en sancionar a quien utiliza deliberadamente la justicia para perjudicar a otra persona, sin convertir una investigación inconclusa en prueba de falsedad. Esa diferencia permite resguardar los derechos de quien ha sido injustamente acusado y, al mismo tiempo, proteger a quienes acuden a la justicia de buena fe. Ambas garantías son necesarias para que las personas puedan confiar en que sus denuncias serán examinadas con rigor y que las responsabilidades se establecerán sobre la base de hechos acreditados.