Mil pesos. Esa es la cifra que la Comisión Mixta aprobó la semana pasada para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y para otras cinco entidades dedicadas a la memoria, que en conjunto tenían asignados cerca de 3.900 millones. Mil pesos fue también lo que un grupo de diputados propuso dejarle al Instituto Nacional de Derechos Humanos “hasta que se reforme”. Ese monto es un mensaje que define claramente el país que el oficialismo quiere construir.

El proyecto de Presupuesto 2027 ya venía con fuertes recortes. El Programa Sitios de Memoria pasa de 915 a 683 millones, un recorte de un 25%; si se considera la eliminación del fondo de inversión, las organizaciones calculan una caída real cercana al 60%. Hacienda propuso además “descontinuar” el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría, que es el órgano encargado de coordinar el Plan Nacional de Búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Y en paralelo avanza un proyecto que le quita al INDH la facultad de presentar querellas y reduce su consejo de once a cinco integrantes, mientras desde el propio oficialismo se dice que “ese instituto debería desaparecer”.

Aunque el discurso oficial apela formalmente al principio de austeridad fiscal, los montos involucrados son ínfimos en el presupuesto de la nación, e incluso en del Ministerio de Cultura. El argumento tampoco explica por qué la tijera cae con precisión quirúrgica sobre las memorias de la dictadura, organizaciones que defienden los derechos humanos, y sobre la institución que vigila sus violaciones en el presente.

Cuando un recorte selecciona tan bien a sus destinatarios, deja de ser una decisión técnica y se vuelve una política de Estado. En este caso, una política regresiva que institucionaliza el negacionismo, que promueve una memoria que justifica sus propias violencias – las del Estado – y debilita los principios democráticos de nuestra sociedad.

Nuestras investigaciones sobre lugares de memoria nos han mostrado que un lugar no se convierte en sitio de memoria por decreto ni por una placa, sino que lo hace en la medida en que es usado para recordar. Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, el Estadio Nacional, Pisagua o Neltume existen como sitios de memoria porque hay personas —sobrevivientes, familiares, vecinas, estudiantes, profesores— que los habitan, los recorren, los discuten y los resignifican. Es un trabajo cotidiano, casi siempre precario que hoy se pone en riesgo.

Estos espacios cumplen al menos dos funciones. Son un homenaje y un lugar de duelo para quienes fueron directamente afectados por el terrorismo de Estado, y son un actor que dialoga con quienes no vivieron ese pasado, especialmente las nuevas generaciones. Un colegio que visita un ex centro de detención no sólo recibe una lección de historia, sino que se encuentra con una pregunta incómoda sobre qué hace posible que un Estado torture, asesine y desaparezca a sus ciudadanos y ciudadanas, y sobre qué se necesita para que no vuelva a ocurrir. Esa pregunta es un bien público que no pertenece a un sector político. Es un ejercicio reflexivo necesario para sostener una democracia.

Durante décadas, la memoria en Chile ha sido promovida principalmente por organizaciones y movimientos sociales. El Estado llegó tarde y a medias. Reconoció los hechos a través de las comisiones de verdad, declaró monumentos históricos y comprometió financiamiento. Ese compromiso no es una concesión benéfica a un grupo de interés. Es una obligación que deriva del marco internacional de los derechos humanos, que establece el deber de los Estados de preservar la memoria de las violaciones graves como parte de la reparación y de las garantías de no repetición.

El negacionismo de los crímenes de la dictadura se expresa, entre otras cosas, en un intento sistemático de hacer desaparecer la débil institucionalidad de memoria que tenemos. Se ha intentado sistemáticamente desde el 2022. Cada noviembre, los equipos de estos espacios viven con la incertidumbre de no saber si podrán pagar sueldos, mantener archivos o abrir sus puertas el año siguiente.

Esa precariedad no es un accidente, sino la consecuencia directa de que en Chile no exista una política de Estado en materia de memoria. Tenemos programas, glosas y transferencias que dependen de la voluntad del gobierno de turno y de las mayorías circunstanciales del Congreso. Lo que no tenemos es una ley que reconozca la memoria como un derecho y que garantice su financiamiento de manera estable. La Ley Integral de Sitios de Memoria, demandada desde hace años por las organizaciones, sigue sin aprobarse.

El caso del INDH muestra, por contraste, qué significa tener una garantía legal. Su financiamiento está fijado por la ley que lo creó, y por eso la propia Dirección de Presupuestos ha señalado que no puede ser eliminado por la vía de una indicación presupuestaria. Precisamente por eso la ofensiva se ha desplazado hacia su reforma: si no se le puede quitar el dinero, se le quitan las atribuciones. Un INDH que no puede querellarse es un INDH que puede observar, pero no exigir justicia. Y una institución de derechos humanos sin capacidad de acción no protege a nadie.

Como toda práctica social y política, los sitios de memoria, el Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos  y el INDH deben ser objeto de reflexión crítica. Es un debate legítimo cómo se recuerda, qué relatos se construyen y qué voces quedan fuera. Nuestras propias investigaciones han sido críticas de algunas formas de hacer memoria. Pero esa discusión se da con más ejercicios memoriales, no con menos. Se da fortaleciendo la autonomía, la pluralidad y la transparencia de estas instituciones, no asfixiándolas financieramente ni vaciándolas de funciones.

La memoria y los derechos humanos no son un asunto del pasado. Los sitios de memoria nos permiten pensar las violencias del presente, y el INDH existe para que el Estado rinda cuentas hoy, no solo por lo ocurrido hace 50 años. Debilitar ambos envía la señal inequívoca que los compromisos de no repetición que el país asumió tras la dictadura son revisables según el ciclo político.

La Cámara tiene en sus manos la posibilidad de reponer estos recursos. Debe hacerlo, y al mismo tiempo reconocer que eso no basta. Necesitamos una política de Estado que garantice el derecho a la memoria con financiamiento estable y fuera de la discusión anual, una Ley Integral de Sitios de Memoria, y un INDH autónomo y con atribuciones plenas. Mientras eso no ocurra, cada noviembre volveremos a preguntarnos si la memoria de este país vale mil pesos.