Pocos recuerdan que Chile tuvo un parque nacional antes del Vicente Pérez Rosales. Si preguntamos cuál fue el primero, la mayoría nombrará a este parque, que este año cumple cien años y es en efecto, el más antiguo de los que siguen vigentes. Pero un año antes, en 1925, se había creado en La Araucanía el Parque Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, desafectado por decreto apenas cuatro años después. Casi dos décadas antes, en 1907, la Reserva Forestal Malleco se había convertido en la primera área silvestre protegida del país, aunque decretos posteriores le restaron cerca de un tercio de su superficie para destinarla a la colonización. Son historias distintas, pero muestran que la protección de un territorio no queda garantizada por el solo hecho de declararlo, y que en ocasiones bastó una decisión administrativa para reducir un área o hacerla desaparecer.
Un siglo después, esa historia adquiere una nueva relevancia. En marzo de este año se retiraron de Contraloría 43 decretos ambientales, entre ellos los que creaban nuevos parques y reservas en Atacama, y ampliaban los parques marinos de Juan Fernández y las islas Desventuradas, territorios que el propio Estado identificó como valiosos y que siguen esperando su protección. A ello se suma el artículo 15 de la Ley N°21.850, conocida como la Megarreforma, que modificó la Ley SBAP para permitir que las concesiones acuícolas ubicadas en parques nacionales puedan relocalizarse en reservas nacionales o áreas de conservación de múltiples usos, o entre estas, aun cuando no cuenten con un plan de manejo.
Para entender por qué esa última condición importa, hay que mirar qué hace un plan de manejo. Cuando el Estado declara un área protegida, el decreto no solo fija sus límites y su categoría, sino que también define lo que más vale la pena resguardar en ese lugar, ya sean especies, ecosistemas, paisajes o procesos ecológicos. Esa declaración, sin embargo, no dice por sí sola qué actividades pueden convivir con lo que se quiere proteger. La respuesta la entrega el plan de manejo, que identifica las amenazas que enfrenta el área, la divide en zonas según su fragilidad y establece qué está permitido y qué no en cada una de ellas.
La Megarreforma mantuvo la exigencia de que toda área protegida cuente con un plan de manejo, pero creó una excepción para la acuicultura. Mientras esos planes no existan, las concesiones ubicadas en parques nacionales podrán trasladarse de todos modos a reservas o áreas de múltiples usos, sin contar con el instrumento que permite saber si esa actividad es compatible con lo que el área busca proteger. Además, no hay señales de que estos planes lleguen pronto, ya que el SBAP, la institución que debe elaborarlos, recién comenzó a operar en febrero de este año, el traspaso de la administración de las áreas protegidas desde CONAF se postergó hasta marzo de 2027 y la misma ley amplió a 4 años el plazo para dictar sus reglamentos.
Este 14 de noviembre, Día Nacional de las Áreas Protegidas, hay mucho que celebrar, porque Chile tiene una historia de conservación que ha trascendido gobiernos, pero también hay razones para mirar con atención las decisiones que se están tomando. El primer parque nacional desapareció y la primera área protegida perdió casi un tercio de su territorio. Para que la protección de estos espacios dejara de depender de la voluntad de turno, el Estado tardó casi una década en aprobar la Ley SBAP y crear un servicio dedicado exclusivamente a resguardarlos. Lo que corresponde ahora es darle las herramientas para cumplir esa tarea, y no abrir excepciones que puedan afectar el objeto mismo de esta institución. Ojalá que dentro de cien años no tengamos que preguntarnos qué pasó con los territorios que hoy intentamos proteger, porque a las áreas protegidas no basta con crearlas, también necesitan un Estado dispuesto a resguardarlas.
