Las multitudinarias marchas que ha congregado el movimiento estudiantil  no sólo han abierto el debate  en torno  la necesidad de implementar reformas profundas al sistema educacional, sino que han planteado que éstas tampoco se pueden alcanzar si no se aplican modificaciones constitucionales.

Ya sea en esta materia como en las consideraciones ciudadanas respecto de la composición de la matriz energética – que también generó masivas manifestaciones en contra de la aprobación de megaproyectos – comenzó a analizarse la posibilidad de realizar plebiscitos para que la ciudadanía participara en las políticas públicas que definirán el futuro del país e incluso ya se han escuchado voces abogando por una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, tanto las reformas constitucionales como la implementación de consultas ciudadanas están sujetas a una serie de requisitos legales que podrían materializarse si es que se alcanzara un acuerdo político y ciudadano.

En conversación con la tercera edición de RadioAnálisis  de nuestra emisora, el académico de la Universidad de Chile y experto en derecho constitucional, Pablo Ruiz Tagle, aseguró que uno de los grandes defectos de nuestro orden constitucional actual es que otorga participación popular sólo cuando se trata de situaciones locales o comunales, pero en asuntos más importantes y nacionales no se permite.

Por lo mismo, el doctor en derecho indicó que es el Congreso el que tiene la facultad de llamar a trabajar en una nueva Carta Magna que considere los planteamientos de la población, pero sin llegar necesariamente a una Asamblea Constituyente.

“Normalmente en Chile las Constituciones han sido creadas por iniciativa presidencial, pero creo que están dadas las condiciones para que de acuerdo con el artículo 127, la iniciativa de una gran reforma parlamentaria constituyente la tome el Congreso. Estoy pensando en senadores y diputados que formen una comisión que escuche a la ciudadanía, se reúna con ella, que tome en cuenta a los profesores de derecho constitucional de todas las tendencias”, dijo Ruiz Tagle.

El abogado precisó que para esto se requieren quórums de tres quintos normales en cada Cámara en temas generales, pero que cuando se abordan modificaciones a aspectos como el Banco Central, éstos se elevan a dos tercios de todo el Parlamento.

Sin embargo, Ruiz Tagle es optimista respecto de lo que se pueda lograr a nivel político, ya que dentro de la coyuntura actual ya han existido indicios de querer llegar a acuerdos en este sentido.

“Uno se puede asustar con estos quórums tan altos, pero ya estamos escuchando en el Gobierno que hay una intención de reforma entonces por qué no sentarse en serio a trabajar en esto en el Parlamento, escuchando a los movimientos sociales, a los que han estudiado la Constitución. Este sería un trabajo del que todos nos vamos a poder sentir orgullosos porque sería una Constitución que nos interpreta”, indicó.

El experto en derecho constitucional aseguró que cualquier cambio que se produzca debe considerar la opinión de la gente y que avanzar en mayor participación ciudadana siempre es saludable para un sistema como el nuestro.

“El sistema constitucional chileno está en el extremo de la política delegada. Entonces cualquier movimiento que hagamos hacia mayor representación está plenamente justificado porque se llega a un mayor balance. Yo no creo que por la vía de llamar a un referéndum bien hecho, que tenga la reflexión parlamentaria sobre cómo hacerlo y que tanto el Gobierno como la Mesa Social por la Educación presenten sus propuestas, se debilite la democracia representativa, al contrario, se enriquece y se hace más legítima”, manifestó el jurista.

En relación a las demandas educacionales, el académico precisó que las reformas constitucionales son absolutamente necesarias porque, tal como han indicado los estudiantes, en la actualidad se privilegia la libertad de enseñanza – que en la práctica se asocia a la libertad del propietario de los establecimientos – por sobre el derecho a la educación.

“Lo que protege la libertad de enseñanza no es la libertad intelectual de los profesores, sino que la de los propietarios de los establecimientos. En nuestra legislación educacional no se reconoce la libertad de cátedra ni siquiera en las universidades. La libertad de los profesores está sujeta al poder de los sostenedores. No es una libertad de enseñanza entendida en términos ideológicos, sino que como una de empresa vinculada al propietarios”, explicó.

Por lo mismo, sostuvo que es un avance que en la segunda propuesta enviada por el Gobierno se haya incluido el derecho a una educación de calidad como una garantía explicitada en la ley, pues de esta forma el Estado está facultado a exigir estándares mínimos.