Al acercarse el tercer aniversario del desastre del 27-F, el gobierno potenciará una doble ofensiva, en procura de demostrar el cumplimiento de las tareas de reconstrucción y de achacar a Michelle Bachelet las culpas por un desempeño ineficiente ante la emergencia de aquel día.

Se consolidará así una estrategia preanunciada hace dos semanas, cuando en una segunda declaración judicial la ex Mandataria precisó que ella ejerció el mando político en esa madrugada del 27 de febrero, pero que las responsabilidades específicas continuaron radicadas en los ministros, funcionarios y militares competentes en sus respectivas áreas.

La “candidata” debe pedir perdón por los cientos de víctimas de aquel día, proclamó la ministra vocera de gobierno, confundiendo –en su afán electoralista- que aquella debía hacerlo como la Presidenta que era entonces y no como la repostulante que probablemente será en marzo próximo. El abanderado de RN Andrés Allamand se unió a la demanda, cuando dijo que se contó en su momento con los elementos necesarios para un buen cometido. Y el propio Presidente Piñera insistió en las deficiencias de las autoridades de aquel entonces.

Queda claro que el fantasma de Bachelet será invocado por un gobierno que busca la continuidad en el poder de la Alianza de centro derecha. Esta movida plantea un doble peligro: por un lado, que la gente perciba más la jugada electoral que el afán de solucionarles los problemas a las víctimas.

Segundo, quedó claramente establecido en el extenso informe de la Policía de Investigaciones a la fiscal Solange Huerta que las culpas fueron compartidas por todas la autoridades, empezando por las del Servicio Hidro y Oceanográfico de la Amada, SHOA, que no sólo no advirtió del peligro  de maremoto, sino que levantó la alerta que fijó por muy poco tiempo. Esto hizo que el comandante naval en jefe se “relajara”, según declaró, y continuara descansado en su casa. A esto se agregaron las capitanías de puerto que abandonaron sus destacamentos para salvarse, sin avisar del levantamiento de olas que estaban viendo; sin contar la desinformación de los jefes militares reunidos con Bachelet; el no funcionamiento de los teléfonos del Ejército,  y la provisión de helicópteros y aviones a ella sólo cinco horas después que los solicitara a la Fuerza Aérea.

Este increíble cuadro (des)dibujado en un país sísmico explicó la deplorable incapacidad de respuesta del Estado en su conjunto.

Si de pedir perdón se trata es el Estado quien debe  hacerlo, por boca, por supuesto, de quien ejercía el mando político en ese momento, la Presidenta Michelle Bachelet. Pero no debe hacerlo a nombre de ella solamente, ni como inerme Jefa de Estado en esa instancia ni menos ahora como “candidata”, como quisiera La Moneda. Cuando el Estado pidió perdón, después de emitido el informe Rettig, por los crímenes de la dictadura, el responsable era el general Pinochet, quien estaba vivito y coleando y observando no más, y sin embargo, el Presidente Patricio Aylwin no tuvo problema en ocupar el lugar.

Las culpas por el 27-F se podrían -si se quiere seguir con la politiquería- extender incluso a Piñera, porque como Presidente electo concurrió a interiorizarse de lo hecho por la Oficina Nacional de Emergencia y tuvo el apresuramiento de anunciarle a su jefa, Carmen Fernández, que la confirmaría en el cargo. Después ella fue formalizada por la justicia.

El fantasma de Bachelet seguirá planeando hasta el 11 de marzo, cuando el gobierno cumpla su tercer año de gestión, una gestión, por lo demás muy criticable en muchas de sus respuestas a los variopintos problemas ciudadanos suscitados, y que hace menos creíble que hubiese dado una respuesta muy diferente a la del gobierno de hace tres 27-F.

Pero la historia que no se vive, no se escribe.