90% en las próximas décadas. Gracias a su incremento del PIB y globalización, el país ha sido admitido en el club OCDE de los países desarrollados. Sin embargo, nuestro “desarrollo” responde más bien a riqueza mal distribuida y diferencias abismales de crecimiento, sostenibilidad, y calidad de vida de nuestras urbes, con un índice GINI actual en torno a 52, uno de los más altos de Latinoamérica. Resulta entonces impensable no contar con una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), de largo aliento, para afrontar los desafíos de crecimiento y equidad que se nos aproximan.

Aplaudimos que el Presidente Piñera conformara el año 2012 la Comisión PNDU, generando una instancia de debate y elaboración interdisciplinaria de propuestas en ámbitos de integración social, institucionalidad, planificación y patrimonio urbanos. La Universidad de Chile se ha destacado como la única universidad pública invitada a este grupo, y ha sido fundamental su participación en la definición del borrador de la propuesta hasta ahora conseguido. Quiero destacar también que los avances que ha logrado la Comisión PNDU han sido notables.

En primer lugar, se ha visibilizado la “cuestión urbana” como un tema político relevante y mandato del Estado para con el bienestar de sus ciudadanos, sumado a una serie de tópicos de interés ciudadano (patrimonio urbano, barrios, medio ambiente). Se ha logrado también poner el problema de la segregación al centro del debate sobre integración, superando el simplismo de los “guetos”, y comprendiendo que la segregación es un efecto no asumido tanto de programas de vivienda social como del actuar de mercados inmobiliarios clasistas, a un extremo incompatible con un país democrático y garantista de derechos a todos sus ciudadanos. Un tercer logro es trasparentar un inédito consenso respecto a la urgente necesidad de contar con gobiernos metropolitanos, para regiones con altas tasas de crecimiento urbano (por ejemplo, Los Lagos, Biobío, Valparaíso, Santiago, Antofagasta). Para ello, existen posturas de crear una nueva institucionalidad (alcalde mayor), o aprovechar y fortalecer la ya existente (gobiernos regionales). Nuestra inclinación es por la segunda opción, con la condición de que se fortalezcan las capacidades técnicas regionales y exista elección democrática del Consejo Regional.

Sin embargo, aún queda bastante camino por avanzar. Más que medidas puntuales, la PNDU probablemente requiere ser entendida como una política de ordenamiento territorial multi-escalar, desde el nivel regional (por ejemplo, Estrategias de Desarrollo Territorial y Planes Regionales de Desarrollo Urbano), hasta el nivel normativo local (Planes Reguladores Comunales). Tal política de ordenamiento territorial existe sólo en términos de instrumentos indicativos, muchos de los cuales lamentablemente no se aplican, pero que son de urgente implementación en las 15 regiones del país, y ello requiere resolverse en el marco de una modernización y democratización de gobiernos regionales. La PNDU, es decir, la política de ciudades para una sociedad altamente urbanizada como la nuestra, con urbes superiores a 50 y 100 mil habitantes, además de áreas metropolitanas que ya califican como regiones urbanas, es una materia a resolver con visión de futuro, y ello habla fundamentalmente de crear governanza en las zonas de mayor complejidad del país.

Pensamos que el borrador de la PNDU también podría responder de manera más precisa a otras cuestiones fundamentales. Primero, discutirse cierta visión inmediatista de ciudades como artefactos productivos rentabilizadores de la inversión privada, ya que si bien se aborda correctamente la contingencia de crisis económica global, también se relativiza demasiado la importancia de la planificación urbana de nivel superior. Prácticamente, se asume que toda inversión privada es buena, siendo que no siempre esto es así. En general, existe consenso que muchas veces los principales problemas urbanos se gatillan por la magnitud y extemporaneidad de decisiones económicas a gran escala, y esto debe verse reflejado en la PNDU.

En segundo lugar, pensamos que se le entrega al Estado un rol de garante de una suerte de “derechos urbanos” (a la integración social, a los bienes públicos, al gobierno metropolitano, al diseño urbano de los conjuntos sociales, etc.), que en principio está muy bien, pero también debería quedar meridianamente claro que tales garantías no son de exclusiva responsabilidad del Estado, sino que deben ser asumidas en conjunto con todos los actores sociales y especialmente por el sector privado. Asimismo, podría aclararse mejor cuáles instrumentos y mecanismos existentes respaldan las medidas, y en cuáles casos se requieren nuevos proyectos de ley o institucionalidad adicional ex novo sin necesidad de especificar dichos instrumentos. Lo peligroso es que con el borrador PNDU (en su fase actual), el Estado se podría estar comprometiendo a cumplir (en exclusiva) con una serie de aspiraciones sociales sin tener las competencias legales o administrativas necesarias para ello.

Un tercer tema que se debe mejorar es un cierto sesgo a flexibilizar aún más las evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos de inversión privada, suponiendo que la política territorial las resuelve en otra instancia. En cuarto lugar, debería aclararse que la participación social debe ser siempre vinculante para la planificación urbana, ya que de otra forma, pensamos que es lo mismo que usar la participación para validar lo resuelto en otro momento y a puertas cerradas.

Nos preocupa que en el 2012 no hayamos dejado consensuados los puntos sustanciales de esta política, aunque felicitamos el excelente avance ya logrado y los temas posicionados por la Comisión PNDU. Sin embargo, durante el 2013, la ciudad y su desarrollo marcarán el debate presidencial. Ello indica que el próximo año deberemos definir una PNDU basada en consensos más claros, con una visión territorialmente más comprehensiva y a más largo plazo, y con un Estado exigido pero también dotado de las competencias adecuadas para responder a los desafíos urbanos de las próximas décadas.

Leopoldo Prat V.
Decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile