El 28 de marzo una comisión de expertos mandatados por el Ministerio de Justicia elaborará las reformas a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) que, por una parte, pretenden optimizar la coordinación entre los actores del sistema, tales como jueces, fiscales y defensores.  Se busca, además, la especialización de éstos, aparte de la revisión de la aplicación de la ley y los vacíos que ésta presenta.

Para el presidente de la comisión de Legislación, Constitución, Justicia y Reglamentos del Senado, Hernán Larraín, luego de cinco años de ser implementada la ley no ha tenido éxito en la rehabilitación de los jóvenes. El senador de la UDI hizo hincapié en que las falencias identificadas por la comisión que preside se relacionan con infraestructura,  personal  y programas de reinserción, entre otras.

Al respecto, Larraín especificó que “no sólo encontramos deficiencias graves en la infraestructura, si no que también en los programas, que no son los más adecuados, no tienen sistema de control, no hay capacitación del personal, los lugares donde están los jóvenes no son adecuados, porque se mezclan menores de distintas realidades. Es muy distinto un menor infractor de ley que incurre en conductas delictuales a otro que tiene problemas de comportamiento”.

En este sentido Larraín señaló que la comisión planteará dividir los centros del  Sename, para que los infractores de ley y los menores en situación irregular para que no se mezclen, modificar la característica de cerrados o semi cerrado de los programas para aumentar su efectividad y la evaluación de las sanciones, no para endurecerlas según recalcó, sino que para lograr una efectiva recuperación de los jóvenes ya que en su opinión los actuales controles rutinarios no ayudan a la reinserción.

Según el profesor de Derecho Penal y Juvenil de la Universidad de Chile, Gonzalo Berríos, se requiere una especialización de los actores, sobre todo del Ministerio Público ya que en su opinión los fiscales usualmente desean terminar “lo antes posible” con las causas y no muestran voluntad de intervenir con más fuerza cuando están frente a una tercera o cuarta reincidencia.

Berríos recalcó además que “seguimos sin contar en nuestro país con una ley de protección de derechos de los niños, que pueda hacerse cargo por ejemplo de la situación de los jóvenes a los 8, 9  o 10 años de edad, pero no para castigarlos,  si no que para promover el respeto y la protección de sus derechos”.

En relación al Sename el abogado agregó que “falta especializar un servicio en materia de infractores y asignar mayores y mejores recursos”.

El diagnóstico de Gonzalo Berríos coincide con la opinión de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (AFUSE), Alicia del Basto, en cuanto a la mezcla de edades existente al interior de los lugares de reinserción.

Al respecto la dirigenta señaló que hay centros donde la mayoría de jóvenes son mayores de edad, situación que hace difícil el trabajo del personal: “El 70 por ciento de los jóvenes que tiene Til Til son mayores de edad. La ley puede ser muy buena pero si no están los recursos para implementarla va a ser un fracaso igual”.

Alicia del Basto  añadió que ni los profesionales ni los funcionarios del Sename  fueron consultados sobre las modificaciones que se discutirán en la comisión de expertos.