Hace unos días atrás, el Ministro de Transporte anunció un nuevo Plan Maestro para descongestionar Santiago al año 2025. Esta propuesta, que es una síntesis de proyectos presentados con anterioridad, contempla la construcción de dos líneas del metro y una ampliación de la red vial, a través de nuevas vías y autopistas urbanas concesionadas.

Nuevamente las autoridades pecan de ambigüedad e insuficiencia. Lo mismo ocurrió con los gobiernos pasados. Ambigüedad, ya que no toma un claro partido, de que es lo que privilegiará nuestra sociedad, si el transporte público o el privado. Ambas opciones son validas (al menos, conceptualmente), pero debe haber una definición. La falta de esta es lo que vuelve a la propuesta insuficiente, ya que por un lado invierte en transporte público y por otro lado, fomenta el uso del automóvil.

Se desdibuja de esta manera el objetivo fundamental que debería tener toda política de transporte: bajar a los sectores medios y altos del automóvil. De esta manera, la política de  transporte, además de hacer más eficiente la movilidad urbana, podría convertirse en  una instancia de integración entre distintos sectores sociales, lo cual no es un tema menor, en una ciudad tan segregada y segregadora como lo es Santiago.

La población en general, y especialmente los usuarios del sistema de transporte publico santiaguino, deberíamos estar atentos para que en las nuevas políticas  el Estado tenga la atribución de diseñar los grandes lineamientos, el sector privado pueda obtener ganancias  a cambio de la operación del sistema,  y que la gente obtenga un servicio de calidad, democrático e integrador.

Debido a las fallas estructurales que ha demostrado tener el Transantiago los problemas de funcionamiento y de segregación quedaron a la vista, y los más perjudicados fueron los sectores mas pobres, ya que las clases medias se refugiaron en su automóvil, y los sectores altos fueron indiferentes al problema.

En el contexto descrito, el Plan Maestro presentado por el ministro de transporte mantiene el monopolio de los actores privados como los diseñadores y gestores de la ciudad. Si a lo anterior sumamos el hecho del nuevo Plan Regulador que pretende imponer el gobierno, vemos que jamás se podrá obtener un transporte público de calidad si no se frena la expansión de la ciudad y el uso indiscriminado de automóviles. Una política con esas características, sin duda que hiere intereses poderosísimos de los importadores de automóviles y de las inmobiliarias.

Por lo tanto, el desafío es que surja un sistema de transporte público que sea técnicamente impecable, con gestión eficiente y desde el punto de vista social, integrador y democratizador. Para ello, necesariamente, tendrán que venir las reformas mas duras, como por ejemplo desincentivar el uso del automóvil. Esta será la única manera de construir una ciudad mas bella, vivible, democrática y participativa. Este proceso se puede resumir en la afirmacion que los santiaguinos, especialmente los mas pobres, también nos merecemos un servicio de transporte público de calidad.

Una pregunta final:

¿No le parece sospechoso que cada vez que existe un proyecto inmobiliario sobre una obra de carácter patrimonial, ante la reacción contraria de la población y de los expertos, ocurre el milagro de un incendio que viene a facilitar la realización de dicho proyecto, tal como ocurrió en Concepción con el Mercado Central, obra emblemática de la arquitectura chilena?