Representantes del mundo político, social, cultural, sindical y académico del país se reunieron hoy para dar a conocer, por medio de una declaración pública, las próximas acciones en el marco de la suscripción del Manifiesto Plebiscito para una nueva Constitución.
Se propone movilizar a las bases sociales en torno a una reforma constitucional que permita un plebiscito, en el cual los ciudadanos se manifiesten respecto del cambio o permanencia de la actual constitución.
En caso de votar cambio, deberá dictarse una ley que convoque a una instancia, que para los expertos debería ser la Asamblea Constituyente, por su carácter representativo de todas las fuerzas sociales, para la redacción de una nueva Constitución, según comentó en la presentación el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón.
“Un proceso constituyente parte por un plebiscito que le pregunta al pueblo si quiere o no quiere tener una Constitución legítima. Si la respuesta es sí, la fórmula es una Asamblea Constituyente con representantes de todo el país, que fija su Constitución que luego es aprobada en otro plebiscito”, señaló.
La necesidad de realizar una nueva Carta Fundamental que surja de la voluntad popular y de un proceso constituyente institucional plenamente democrático es un punto que reúne las voluntades de los firmantes.
Para Gabriel Boric, ex presidente de la FECH y director de Fundación Nodo XXI, este es el eje principal sobre el que se debe exigir un cambio a la actual Constitución, quien añadió que “tenemos una actual institucionalidad que es intencionadamente anti-popular, que desconfía de sus ciudadanos y no permite que seamos los ciudadanos los que tomemos el futuro en nuestras manos. Por eso necesitamos un nuevo contrato social, con el que estemos identificados, nos pertenezca, y eso es la Nueva Constitución”.
Cómo motivar a la ciudadanía y empoderarla en torno a la necesidad de generar un nuevo documento, constituye una preocupación para los expertos. Raúl de la Puente, presidente de la ANEF, reiteró en la importancia de que esta nueva carta esté basada en los derechos de todos los ciudadanos, quien declaró que “queremos una Constitución que garantice un equilibrio entre capital y trabajo, porque la desigualdad es producto del grave desequilibrio que existe en este tema. Es necesario fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores. Por eso la nueva Constitución debe estar basada en derechos”.
Las principales propuestas de cambio apuntarían a promover las formas de expresión que garanticen la titularidad del pueblo soberano, establecimiento de un nuevo sistema electoral, derechos ciudadanos sobre todo de sectores más segregados haciéndolos exigibles frente a los tribunales, restablecer el carácter público de los recursos naturales básicos y la descentralización del país, son algunos de los puntos urgentes sobre los que trabajar y establecer la nueva Carta Magna.
La importancia de poner este tema en debate durante este año electoral, supone un desafío y oportunidad para que todos quienes pretenden ocupar los cargos políticos definan sus opciones en torno a la actual constitución, puntualizaron los –hasta el momento- 161 firmantes.
MANIFIESTO
Plebiscito para una nueva Constitución
Chile enfrenta una encrucijada cuya solución definirá su destino como país. El debate sobre reforma constitucional, nueva Constitución, y fórmulas como plebiscito y asamblea constituyente, así lo demuestra. Las elecciones presidencial y parlamentarias de 2013 pueden y deben ser una instancia para que el país enfrente el debate sobre estas cuestiones
Frente a ello, los abajo firmantes queremos hacer pública nuestra posición y contribuir positivamente a resolver el desafío histórico que enfrentamos las chilenas y chilenos.
La crisis de Chile
A dos años de las movilizaciones sociales que conmovieron al país y marcaron definitivamente el fin de un ciclo político, Chile no ha logrado encaminarse hacia la solución de los problemas que impulsaron grandes movilizaciones ciudadanas.
El tan alabado crecimiento económico tiene pies de barro por su altísima dependencia de factores imprevisibles. La sustentabilidad a mediano plazo de este crecimiento es más que dudosa. Los riesgos de caer en permanentes crisis energéticas se tornan cada vez más palpables. Las desigualdades sociales, las discriminaciones, los abusos de los poderes económicos, financieros y mediáticos persisten y más aún se profundizan y extienden a diversos campos. Las regiones despiertan y comienzan a reivindicar una participación más equitativa en las decisiones vinculadas a un esfuerzo productivo que descansa, primordialmente, en ellas. El Estado subsidiario demuestra toda su ineptitud para enfrentar los desafíos de un nuevo modelo productivo, social y cultural a la altura del siglo XXI. La subordinación del Estado a los intereses del mundo empresarial y, en especial, el financiero, más la debilidad de sus capacidades económicas y técnicas provocan su constante atraso frente a los dilemas del futuro. Pero sobre todo, el país carece de un debate y propuestas de un proyecto colectivo abierto al porvenir.
Lo anterior en un cuadro en el cual instituciones centrales de la democracia como el Ejecutivo, el Congreso Nacional y los partidos políticos atraviesan una profunda y muy grave crisis de representatividad y confianza.
El sistema político no está cumpliendo con su tarea fundamental: procesar y resolver las diferentes demandas de la ciudadanía de acuerdo al interés nacional. Así lo han entendido los miles de ciudadanas y ciudadanos que han emprendido el camino de la protesta y la movilización para expresar su profundo malestar en las calles.
En la base de todos los problemas planteados está el orden constitucional que nos rige.
Este fue implantado a través de un plebiscito fraudulento en 1980 y consagra la existencia de un Estado neoliberal, herencia de la dictadura y, en lo sustancial, se ha mantenido incólume hasta nuestros días, perpetuando su crisis de legitimidad. En el orden económico social establecido en la Constitución de 1980 es imposible resolver ninguno de los acuciantes problemas cuya solución demandan grandes sectores de la población: educación pública gratuita y de calidad; la transferencia de atribuciones y facultades relevantes a las regiones asfixiadas por el hipercentralismo; un nuevo sistema de salud, previsión y protección ambiental, entre otros. La actual Constitución, al limitar un rol activo del Estado, consagrar un sistema político no representativo, negar el reconocimiento de la multiculturalidad y una adecuada participación ciudadana, impide que el país resuelva en forma libre y consensuada los problemas que le afectan.
Una nueva causa épica
Chile necesita una nueva Constitución que surja de la voluntad popular. No basta con reformas que, si bien pueden mejorar algunos aspectos, no se basan en la soberanía del pueblo, generan una ilusión de legitimidad que oculta tanto su origen como el resguardo de un orden socio económico injusto a través de un sistema político de resabios autoritarios. Casi un cuarto de siglo de democracia con una Constitución heredada de una dictadura es un caso único en el mundo. Es urgente reparar el principal déficit de la transición chilena, que ha sido perpetuar y mantener en esencia inalterados los dos componentes fundamentales de la actual Constitución: el orden económico social y el sistema político. Más aún, se trata de conseguir lo que nunca se hizo a lo largo de nuestra historia: darle a Chile una Constitución de origen plenamente democrático, sin lo cual ella carecería de legitimidad.
Es tarea de las actuales generaciones refundar la República sobre la base de una Carta Fundamental fruto de un imprescindible proceso constituyente plenamente democrático. Y si bien será este el que defina los nuevos contenidos constitucionales, existe una voluntad mayoritaria del país respecto a ciertos principios:
– El pueblo es el titular supremo y permanente de la soberanía, por ende, deben promoverse: formas de expresión directa como el plebiscito, la iniciativa popular de ley, la posibilidad de revocatoria de mandatos y los organismos deliberativos y participativos en los diferentes niveles de decisión.
– Quienes gobiernan y deciden son las mayorías, con pleno respeto de los derechos fundamentales de las minorías. Esto supone un nuevo sistema electoral y la eliminación de los quórum calificados para la aprobación de ciertas leyes, como las llamadas orgánico-constitucionales, que tienen por efecto sobre representar a las minorías y conferirles poder de veto sobre las decisiones mayoritarias.
– Las esferas de lo público y lo privado deben estar adecuadamente equilibradas en la regulación constitucional. Esto implica superar el carácter subsidiario del Estado en la economía y en la gestión de los intereses sociales en ámbitos como la educación, salud, previsión social y protección socioambiental. Asimismo, se requiere redimensionar el rol del derecho de propiedad, despojándolo del papel predominante y avasallador que tiene en la Constitución actual. De esto se derivaría una nueva concepción del orden público económico y del marco regulador de las actividades empresariales del Estado.
– Los derechos ciudadanos y los derechos de las diversas categorías e identidades sociales, especialmente las de género, infancia, juventud y adultos mayores y pueblos indígenas deben ser adecuadamente protegidos, haciéndolos exigibles frente a los tribunales.
– Todos los recursos naturales básicos tienen un carácter público, forman parte del patrimonio de la Nación deben ser resguardados y utilizados sustentablemente.
– La arquitectura normativa de la nueva Constitución en el marco de un Estado unitario debe basarse en una nueva y más compensada fórmula de distribución del poder en la sociedad chilena, tanto entre gobernantes y gobernados, como entre los órganos del Estado entre sí, y entre el Gobierno central y los poderes regionales y locales. En tal sentido, resulta prioritario establecer modalidades más avanzadas de descentralización política y territorial, potenciando efectivamente a los gobiernos regionales elegidos para la conducción de sus regiones y abriendo la posibilidad de regímenes autonómicos para zonas del país habitadas mayoritariamente por pueblos indígenas cuyo reconocimiento constitucional es un deber histórico de justicia.
El debate y la decisión estos u otros principios y sus fórmulas de implementación deberán ser materia del proceso constituyente que el país reclama.
Detrás de los descontentos, las movilizaciones y la desconfianza en la política está el clamor por iniciar una nueva etapa de nuestra República. La tarea es tan ardua como urgente e imprescindible.
Chile ha entrado al tiempo de las campañas electorales. En noviembre de este año el país elegirá a su Jefe/a de Estado, a todos sus diputados y a la mitad del Senado. Es un momento particularmente trascendente en la vida democrática. Las estrategias electorales no pueden eludir un pronunciamiento sobre estas cuestiones de fondo. De intentarlo, caerían en un electoralismo vacío que en nada ayudará al fortalecimiento de la democracia. En la pasada elección presidencial, las tres candidaturas de la centroizquierda, que en conjunto sumaron un 56% de la votación, plantearon en sus programas la necesidad de una nueva Constitución. El tema no estuvo en el centro del debate y la demanda quedó sin respuesta. Al mismo tiempo, para elegir los representantes al Parlamento seguirá operando –por séptima vez- el abyecto sistema electoral binominal.
A diferencia de periodos anteriores, estas elecciones han sido precedidas por un fuerte proceso de movilización y una crisis de representación política aun más aguda que en otras ocasiones. En el año 2011, la magnitud de las movilizaciones sociales asombró a Chile e incluso al resto del mundo.
Sin embargo, las movilizaciones sociales requieren de un horizonte político común que viabilice la concreción efectiva de sus demandas. Y las soluciones desde la política deben encarnar las aspiraciones y propuestas de los movimientos sociales. Impulsar un proceso constituyente, prerrogativa de todos los pueblos consignada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (art. 29) y que en Chile, después de más de dos siglos, sigue siendo letra muerta, es precisamente la tarea que puede revincular política y sociedad.
Meritorios esfuerzos realizados en ocasiones anteriores en esta dirección han sido marginados. La magnitud de la tarea hace que ningún actor social o político pueda acometerla en forma aislada. De allí la necesidad de una convocatoria lo más amplia posible, que integre todos estos esfuerzos, con el objetivo único de hacer posible un pronunciamiento ciudadano sobre un nuevo orden constitucional.
Para impulsar este proceso es preciso construir un amplio movimiento que exija una reforma constitucional y habilite a la convocatoria de un plebiscito nacional sobre la necesidad de una nueva Constitución.
Nuestra propuesta
Nuestra propuesta y llamado son muy precisos. Se trata de movilizar al país en torno a una reforma constitucional que permita un plebiscito, en el cual el pueblo se manifieste respecto del cambio o la mantención de la actual Constitución. En el caso que el resultado sea favorable al cambio, deberá dictarse una ley que convoque a una instancia, una Asamblea Constituyente nos parece la más adecuada, garantizando su representatividad social, cultural, regional, política, étnica y de género, para la redacción de una nueva Constitución. Quienes participen en esta no debieran postularse en las siguientes elecciones de representación popular. La nueva Constitución deberá ser ratificada por la ciudadanía en un nuevo referéndum.
Buscamos conciliar el respeto a la institucionalidad con la voluntad y la fuerza legítima de la presión y movilización social para modificarla. Por ello apoyamos la propuesta presentada por un conjunto de senadores que van en esta misma línea y nos oponemos a todas aquellas fórmulas que reemplacen un proceso democrático constituyente a través de un arreglo cupular sin participación de toda la ciudadanía, meras consultas sin carácter vinculante o asambleas auto convocadas sin marco institucional.
Quienes suscribimos este manifiesto contamos con diversas trayectorias personales y políticas. Algunos/as pertenecemos al campo artístico o cultural, otros/as al ámbito político o al movimiento social. Tenemos diversas concepciones y evaluaciones de lo que ha sido la democratización política y las transformaciones de nuestro país en las dos últimas décadas. Hay quienes las evalúan positivamente porque han democratizado el país y mejorado las condiciones de vida de sus habitantes, otros las critican duramente por haber mantenido el modelo socioeconómico y político legado por la dictadura. Nos une, sin embargo, la convicción de que sin un gran movimiento unificado en torno a la única meta de dar una nueva Constitución a Chile, el país no dará el salto que tanto necesitamos.
Sabemos también de la desconfianza que existe entre el mundo político y el mundo social. Pero debemos asumir que si persiste esta actitud, también persistirá el actual orden socio económico y político que da la espalda a la gran mayoría. Es por eso que, sin abandonar o sustituir ninguna de las iniciativas sociales o políticas que hoy se llevan a cabo, y sin intención alguna de formular proyectos de gobierno o crear nuevos referentes, es hora de convocar a todos quienes deseen una nueva Constitución a concertarse y movilizarse para ello, poniendo esta demanda en el primer lugar de sus debates y propuestas de futuro.
Hacemos un llamado a constituir una corriente de opinión amplia y sin exclusiones en torno a una sola y específica tarea: movilizar al país para que el Presidente y el Parlamento realicen una reforma constitucional que establezca un plebiscito en el que la ciudadanía se pronuncie sobre la necesidad de una nueva Constitución. Dicho plebiscito permitirá a todos las chilenas y chilenos, resolver si quieren o no un nuevo orden constitucional, del mismo modo que veinticinco años atrás fueron ellos los que resolvieron si querían vivir en dictadura o terminar con ella. Y en el caso que en ese plebiscito se apruebe el principio de una nueva Constitución, deberá establecerse legalmente la instancia representativa que la elabore para que finalmente sea sometida a un referéndum.
Corresponderá a la ciudadanía, de la cual formamos parte, y a las organizaciones sociales y políticas desarrollar sus propias iniciativas para obtener esta meta. En el caso que tal reforma constitucional no prospere, deberán buscarse todas las medidas legítimas que permitan transformar las elecciones presidenciales y parlamentarias en un plebiscito de hecho por una nueva Constitución. Y desde ya manifestamos nuestra voluntad de comprometer a todos los candidatos o candidatas con esta iniciativa, pensando en el destino superior de Chile.
Primeros adherentes por orden alfabético
Paulina Acevedo Periodista Observatorio Ciudadano
Silvia Aguilera Editora LOM Ediciones
Miguel Angel Altieri Profesor PhD de Agroecología Universidad de Berkeley
Lidia Amarales Pediatra, ex subsecretaria de Salud
Javiera Arce Cientista política, académica Universidad de Valparaíso
Jorge Arrate Ex ministro de Estado
Matías Asún Psicólogo social
Fernando Atria Abogado constitucionalista
Magdalena Atria Abogada
José Aylwin Abogado, codirector Observatorio Ciudadano
Ignacio Balbontín Sociólogo, ex diputado de la República
Manuel Baquedano Presidente Instituto Ecología Política
Marcela Baratelli Secretaria Asamblea Ciudadana de Magallanes
Pía Barros Escritora
Víctor Barrueto Ex diputado de la República
José Bengoa Rector Academia Humanismo Cristiano
Nury Benítez Vicepresidenta Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
Giorgio Boccardo Sociólogo, director Fundación Nodo XXI
Gabriel Boric Ex presidente FECH, director Fundación Nodo XXI
Angel Bozán Alcalde de Buin
Edgardo Bruna Actor, presidente Unión Nacional de Artistas
Pedro Caballería Alcalde de Rinconada
Hernán Calderón Presidente Conadecus
Paulina Calfucoy Programa de Gestión y Economía Ambiental Universidad de Chile
Sergio Campos Premio Nacional Periodismo
Juan Pablo Cárdenas Premio Nacional Periodismo
Camila Carrasco Vicepresidenta Federación de Estudiantes Universidad de Santiago de Chile
Eduardo Carrasco Músico, fundador Quilapayún
Lidia Casas Coordinadora del área Género y Derechos Humanos Universidad Diego Portales
Pía Castelli Tecnólogo médico
Marcelo Castillo Presidente Colegio de Periodistas de Chile
Camila Cea Ex secretaria ejecutiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
Jacques Chonchol Ingeniero Agrónomo, ex Ministro de Estado
Marcelino Collío Coordinador nacional Partido Wallmapuwen
Ciro Colombara Abogado
Dafne Concha Presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación
Edgardo Condeza Presidente Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos
Miguel Crispi Coordinador Nacional Revolución Democrática
Carlos Cuadrado Alcalde de Huechuraba
Cristian Cuevas Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre
Enrique Dávila Presidente directorio Fundación Chile 21
Pedro Davis Presidente CONUPIA
Gloria de la Fuente Cientista política, directora Programa Calidad de la Política Fundación Chile 21
Víctor Hugo de la Fuente Director de Le Monde Diplomatique
Marco Antonio de la Parra Siquiatra, dramaturgo
Raúl de la Puente Presidente Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
Claudia Dides Socióloga, directora de Gestión de Proyectos, Universidad Central
Sergio Echeverría Alcalde de San Joaquín
Pamela Eguiguren Matrona
Jaime Ensignia Director Proyecto Sociopolítico Fundación Friedrich Ebert
Ximena Erazo Arquitecta, presidenta Fundación Henry Dunant América Latina
Luis Eduardo Escobar Economista
Santiago Escobar Abogado, cientista político, coordinador editorial de El Mostrador
Raimundo Espinoza Presidente Federación de Trabajadores del Cobre
Hugo Fazio Economista, director Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA
María de los Ángeles Fernández Directora ejecutiva Fundación Chile 21
Maya Fernández Bióloga, médico veterinaria
Patricio Fernández Director de The Clinic
Jorge Fierro Presidente Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo
Francisco Figueroa Ex vicepresidente Fech, director Fundación Nodo XXI
Carlos Fortín Abogado, cientista político
Hernán Frigolett Economista
Claudio Fuentes Cientista Político Universidad Diego Portales
Iván Fuentes Ex vocero Movimiento Social por Aysén
Cristián Fuentes Cientista político, director Programa Internacional Fundación Chile 21
Álvaro García Economista, ex ministro de Estado
Mireya García Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales
Roberto Garretón Abogado de Derechos Humanos
Gabriel Gaspar Analista internacional, ex embajador
Bet Gerber Analista de opinión pública
Olga Grau Profesora titular Universidad de Chile.
Coca Guazzini Actriz
Alejandro Guillier Periodista
Rafael Gumucio Escritor
Manuela Gumucio Periodista, socióloga
Juan Guzmán Ex juez, abogado
Patricio Hales Diputado de la República
Carmen Hertz Abogada de Derechos Humanos
Tomás Hirsch Vocero del Humanismo para Latinoamérica
Mario Horton Actor
Alejandro Huala Alcalde de Coyhaique
Federico Huneeus Economista, ex presidente FECH
Monseñor Luis Infanti Obispo de Aysén
Jaime Insunza Historiador y académico
Giorgio Jackson Ex presidente FEUC
Rolando Jiménez Presidente Movimiento de Integración y Liberación Homosexual
Federico Joannon Abogado, miembro del directorio de El Mostrador
René Jofré Sicólogo, analista electoral
Sara Larraín Directora ejecutiva Chile Sustentable
Francisca Lewin Actriz
Flavia Liberona Bióloga, directora ejecutiva Fundación Terram
Daniel Lillo Consejero Nacional Colegio de Periodistas de Chile
Yerko Ljubetic Ex presidente Fech, ex ministro del Trabajo
Luis Maira Ex embajador, ex ministro de Estado
Denisse Malebrán Cantante
René Mardones Alcalde de San Esteban
José Marimán Dr. en Ciencias Políticas, académic, Universidad Alberto Hurtado
Gonzalo Martner Economista, ex presidente Partido Socialista de Chile
María Isabel Matamala Observatorio de Equidad de Género en Salud- OPS
Esteban Maturana Presidente Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada
Marta Maurás Vicepresidente Comité ONU Derechos del Niño
Alberto Mayol Sociólogo, académico Universidad de Chile
Cecilia Medina Abogada, académica Universidad de Chile, fundadora Centro de Derechos Humanos Universidad de Chile
René Miranda Asamblea Territorial de Independencia
Danae Mlynarz Trabajadora social, cientista política
Jaime Mulet Ex diputado de la República
Domingo Namuncura Ex director nacional de la Conadi
Ricardo Navarrete Ex senador de la República
Alfonso Néspolo Periodista
Javiera Olivares Segunda vicepresidenta Colegio de Periodistas de Chile
Carlos Ominami Ex senador de la República, presidente honorario Fundación Chile 21
Juan Pablo Orrego Ecólogo, presidente de ONG Ecosistemas
Nivia Palma Abogada, ex directora Fondart
Andrés Palma Economista, ex diputado de la República
Andrés Pascal Allende Sociólogo, vicerrector Universidad ARCIS
Martín Pascual Presidente Asociación Chilena de ONG
Jorge Pavez Ex presidente Colegio de Profesores de Chile
Pamela Pereira Abogada de Derechos Humanos
Claudia Pérez Actriz
Francisco Pérez Bannen Actor
Malucha Pinto Actriz
María Eugenia Puelma Encargada Departamento de Derechos Humanos Central Unitaria de Trabajadores
Rabindranath Quinteros Ex intendente de la región de Los Lagos, ex alcalde de Puerto Montt
Santiago Rebolledo Alcalde de La Cisterna
Manuel Riesco Economista, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA
Eugenio Rivera Economista, director Programa Económico Fundación Chile 21
Carola Rivero Concejala
Luis Riveros Gran Maestro Gran Logia de Chile, profesor universitario
Patricio Rodrigo Director Ejecutivo Corporación Chile Ambiente
Carlos Ruiz E. Sociólogo, académico Universidad de Chile, presidente Fundación Nodo XXI
Pablo Salvat Filósofo político
Hernán Sandoval Médico especialista en Salud Pública, ambientalista, ex embajador de Chile en Francia, presidente Corporación Chile Ambiente
Marcia Scantlebury Periodista, vicepresidenta directorio TVN
Patricio Segura Periodista, consejero nacional Colegio de Periodistas de Chile, dirigente Patagonia sin Represas, ex integrante mesa Movimiento Social por Aysén
Nissim Sharim Actor
Esteban Silva Presidente Comité Ejecutivo Nacional Movimiento del Socialismo Allendista de Chile
Paulo Slachevsky Editor LOM Ediciones
Andrés Solimano Economista
Bruno Sommer Periodista, director de El Ciudadano
Francisco Soto Abogado, académico Escuela de Derecho Universidad de Chile
Ana Stipicic Vocera Alerta Isla Riesco
Cecilia Suárez Presidenta Corporación para el Desarrollo Sustentable
Claudia Torres Conductora programa radial “Aysén tu problema es mi problema”
Osvaldo Torres Académico
Marcelo Trivelli Ex intendente Región Metropolitana
Rafael Urriola Director del Programa de Protección e Inclusión Social Fundación Chile 21
Teresa Valdés Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad
Silvia Valdivia Segunda directora Colegio de Profesores de Chile
Esteban Valenzuela Director de Ciencia Política y RRII de la UAH
Augusto Varas Sociólogo, presidente directorio Fundación Equitas
Nelson Venegas Alcalde de Calle Larga
Myriam Verdugo Periodista, consejera nacional Democracia Cristiana
Raúl Vergara Capitán FACH (R), ingeniero comercial Universidad de Chile
Francisco Vidal Ex ministro de Estado
Cristian Villarroel Dirigente Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida
Iván Vuskovic Ex presidente CONAPYME
Nancy Yáñez Abogada, codirectora Observatorio Ciudadano
Antonia Zegers Actriz
Faride Zerán Premio Nacional de Periodismo, académica Universidad de Chile
Raúl Zurita Poeta, Premio Nacional de Literatura
