En el gobierno de Aylwin su ministro de OO.PP., Carlos Hurtado, con su asesor Marcial Echenique, se encargaron de darle forma a la Ley de Concesiones y así se creó la unidad Coordinadora de Concesiones en el MOP con una abundante plantilla de profesionales, presuntamente expertos, quienes no tenían ni tienen todavía la calidad de funcionarios públicos. A partir del gobierno siguiente, con Lagos como ministro del ramo, se inició el proceso de licitaciones de autopistas al sector privado, con el argumento de que el Estado no tenía recursos monetarios para acometer esta tarea y así, vía serviles contratos ad hoc, las concesionarias se encargaron de construir inicialmente autopistas interurbanas y en seguida autopistas urbanas.
El Estado chileno le asegura a los suertudos concesionarios unos ingresos mínimos si los peajes que cobran a quienes circulan por esas vías son insuficientes para sus modelos de negocio y las tarifas cobradas son diferentes según los previstos flujos vehiculares. Es una actividad comercial sumamente lucrativa y como nuestros funcionarios públicos no resultaron ser muy peritos en las confecciones de los contratos, en muchas ocasiones las concesionarias interponen acciones judiciales en contra del MOP exigiendo abultadas compensaciones económicas, las que casi siempre ganan.
En una columna pasada nos referíamos a lo que sucedía con la no apertura, por decisión del MOP, de un tramo de tres kilómetros de la avenida Costanera Sur, porque ello perturbaría la ejecución de infinidad de obras contenidas en el proyecto vial Santiago Centro Oriente que ese ministerio le encomendó -¡era qué no!- a la concesionaria de la autopista Costanera Norte.
En esta ocasión nos referimos a la circunvalación Américo Vespucio, proyectada en el año 1960 por los arquitectos, funcionarios del MOP en aquel entonces, Juan Parrochia, Juan Honold y Pastor Correa, en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS), la que actualmente está concesionada casi en su totalidad, faltando solo el tramo denominado Américo Vespucio Oriente (AVO) que discurre por las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén.
Por diferentes razones y digámoslo con claridad, por ausencia de una autoridad central que sepa “cortar el queque”, se ha postergado la ejecución de esta obra vial y el gobierno de Piñera, presionado por la asociación gremial de las concesionarias de autopistas, sin contar con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, que en este caso su elaboración se le transfiere al privado adjudicatario de la concesión, y fraccionando en dos el proyecto, ha llamado a licitación pública para el trazado que corre entre el puente Centenario y la vía Príncipe de Gales, incorporando el nuevo trayecto que une El Salto con el puente Centenario. Para esta concesión se ha considerado una trinchera cubierta.
Según los voceros del MOP, el costo de esta autopista, lamentablemente con vacíos en su diseño, sería del orden de los 950 millones de dólares contemplándose para el ganador de la licitación un subsidio público cercano a los 200 millones de dólares, cuyo exclusivo propósito es reducir el cobro de los peajes que deberán pagar los automovilistas que circulen por ella. El precio previsto por kilómetro recorrido, según la ministra Loreto Silva, bordeará los $ 120 en moneda de hoy, suma que según ella sería más barata que las cobradas por las otras autopistas urbanas.
El tramo más reducido que corre por la avenida Ossa, uniendo las vialidades Príncipe de Gales y Grecia, en las comunas de La Reina y Peñalolén, para conectarse con la autopista Vespucio Sur, denominada mendazmente “autovía” años atrás para evitar su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se ha postergado por tiempo indefinido en atención a las legítimas demandas que han planteado los alcaldes y vecinos de esas dos comunas, reclamos majaderamente no escuchados por el MOP porque este servicio público no desea estudiar más a fondo el proyecto vial en su integridad.
A pesar de que nos declaramos favorecedores acérrimos de las áreas verdes, como lo hemos demostrado a través de nuestras intervenciones ante el aparato de la Administración del Estado y en innumerables columnas de prensa, consideramos que es un error garrafal eliminar en el proyecto anunciado, una pista de uso exclusivo para los buses en superficie, ello para no reducir el parque ya materializado en las comunas de Vitacura y Las Condes.
En todo caso recordemos que el magnífico Parque Américo Vespucio, que entrega indudables beneficios ambientales y de recreación a muchos habitantes del sector oriente de la capital, se construyó a través del tiempo por la fuerza de los hechos sobre una avenida expresa clasificada como tal en todos los instrumentos de regulación urbana de la región metropolitana de Santiago.
Según la opinión de destacados expertos en la materia la licitación anunciada no contempla la necesaria ingeniería básica con sus respectivo planos y la reducción a dos de las previstas tres pistas en superficie para el transporte público, como antes lo dijimos, atenta al bien común de la inmensa mayoría que se desplaza diariamente en medios de transportes colectivos para llegar a sus lugares de destino.
Volviendo al injustificado aplazamiento de la obra vial por las comunas de La Reina y Peñalolén, sabemos que la línea 4 del Metro que circula bajo la avenida Ossa perturba una fácil solución para su recorrido, pero los técnicos que se desempeñan en el MOP y en otros ministerios relacionados en conjunto con sus equivalentes del sector privado, están para superar los problemas que se presentan y en tal sentido sostenemos que la futura concesión de la autopista AVO debe contemplar necesariamente todo el trayecto proyectado hace 53 años .
Por otro lado rechazamos de plano el altísimo subsidio estatal previsto para el futuro concesionario porque los automovilistas de ese sector de la ciudad tienen buenas situaciones económicas y si, sin el millonario subsidio público, el peaje de los pórticos es un tanto más alto que el informado por la ministra, los automovilistas tendrán que evaluar el costo de oportunidad que les significaría no ingresar a la autopista, teniéndose a la vista las crecientes congestiones vehiculares en las calles aledañas, derivadas del aumento significativo del parque automotor.
En el entendido de que se debe privilegiar la construcción de infraestructura para el transporte público, con tal de desincentivar paulatinamente el uso del automóvil para mejorar equitativamente los tiempos de viajes y siendo partidarios de la ejecución de la autopista AVO, con las características reseñadas en esta columna, porque así se lograría una óptima evaluación socio-económica, esperamos que el MOP “se ponga las pilas” pensando en la mejor solución vial para todos.