El general de Ejército en retiro Odlanier Rafael Mena Salinas (87), se suicidó en horas de la mañana de este sábado en su domicilio particular en la comuna de Las Condes. El uniformado formaba parte del grupo de diez militares que serán trasladados desde el Penal Cordillera hasta el Penal de Punta Peuco. Sus restos deben ser trasladados hasta el Servicio Médico Legal.
El uniformado fue primer director de la CNI luego de la disolución de la DINA, pasajero de la cabaña N° 4, está condenado a firme desde el 3 de diciembre de 2008 a 6 años de cárcel por tres homicidios calificados en el caso Caravana de la Muerte. Es el único que tiene el beneficio de salida dominical a contar del 10 de junio de 2011.
El uniformado se habría suicidado disparándose en la cabeza cerca de las 7:00 de la mañana en su casa en el sector oriente de la capital, desde donde ya habría sido trasladado al hospital de la institución castrense.
Reacciones de Organización de derechos humanos
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, enfatizó la responsabilidad que tuvo Odlanier Mena en las acciones represivas como torturas y crímenes contra los opositores políticos de la dictadura desde su cargo de director de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
En este sentido, la dirigente de la entidad de DD.HH. señaló que “para nosotros es uno más de los victimarios, él tenía mucho más responsabilidad porque estuvo a cargo de la CNI y hay que recordar que la DINA después de transforma en CNI que utiliza los instrumentos de secuestro y tortura contra los chilenos que pensaban distinto. Él es uno más de los que no aceptaron la justicia y culpan a otros porque están encarcelados y en su casa con el beneficio carcelario se le había otorgado en domingo y después por un desconocimiento de los familiares estaba desde el viernes hasta el domingo y llegaba el lunes al Penal Cordillera. De qué cárcel me están hablando”, indicó.
La dirigenta aseguró que estos días serán clave para confirmar que las medidas que se están adoptando responden a un verdadero compromiso.
En esa perspectiva, la vocera de la entidad que representa a víctimas de la dictadura militar explicó que “más allá de lamentar la muerte de este señor, el hecho de que haya una real voluntad política de todo lo que ha sobrado en los comentarios y los compromisos, esto a pesar de la muerte de este señor tiene que seguir adelante porque tiene que ver con parte de la impunidad que gozan estos oficiales en retiro que cometieron delitos de lesa humanidad, por lo tanto, aquí se verá como el discurso expresado es por una campaña electoral presidencial o este remezón a 40 años del golpe cívico-militar se hizo conciencia de que no se va a avanzar mientras no sea resuelto el tema de verdad y justicia en cuanto a las violaciones de derechos humanos”.
Cabe señalar que desde las primeras horas de este sábado miembros de organizaciones de derechos humanos se encuentran en las afueras del Penal Cordillera siguiendo el operativo de traslado de los presos desde ese lugar hasta el Penal de Punta Peuco.
Traslado de internos suspendido
Desde las últimas horas de este viernes se inició la cuenta regresiva del operativo que trasladará hasta el recinto penitenciario de Punta Peuco a los 10 militares en retiro que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en el Penal Cordillera, luego que el Presidente Sebastián Piñera decretara su cierre.
Cabe recordar que la ministra de Justicia, Patricia Pérez, en base a razones de seguridad no entregó información sobre la fecha del traslado y en la tarde de ayer se confirmó que el traslado se iniciaría a la medianoche.
Sin embargo, Gendarmería de Chile decidió suspender el traslado, y abrió la posibilidad que se realice durante la jornada de este sábado o incluso en el transcurso del domingo.
En tanto, mientras anoche se esperaba el traslado de los internos, un grupo de manifestantes se reunió al exterior del penal, arrojando huevos y elementos contundentes a uno de los automóviles que salió desde el recinto penitenciario.
Cabe señalar que este penal fue construido exclusivamente para recluir a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar (1973-1990). El recluso que lidera la lista de los presos de este penal de privilegio es el ex director de la DINA, Manuel Contreras, quien acumula más de 300 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos.
Además, se encuentran internos: Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff, José Zara, David Miranda, César Manríquez, Hugo Salas, Odlanier Mena y Nibaldo del Río.
El centro penitenciario, emplazado al interior del comando de Telecomunicaciones del Ejército, fue creado mediante el decreto 956, el 22 de noviembre de 2004, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.