Los problemas económicos en Europa en general y en los países mediterráneos en particular, no sólo no han terminado, sino que todo indica que tienen por delante un largo camino. Por de pronto, España se apresta a terminar el 2013 con una deuda pública que alcanzará a casi el 100% de su PIB y ya emergen desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) algunas “soluciones”, como las contempladas en su último informe Fiscal Monitor.

En efecto, los expertos coinciden en una serie de propuestas para reducir los actuales volúmenes de deuda de varias naciones desarrolladas que llegan a casi el 100% de su PIB o lo superan, como EE.UU., hecho que resulta inviable en el mediano plazo. Entre ellas, generar un superávit fiscal primario, con lo que se consigue no sólo frenar el aumento de la deuda, sino reducir su tamaño, aunque a costa de seguir realizando duros ajustes y recortes de gasto público. Más radicalmente, declararse en default, es decir, suspender pagos. Una quita de deuda por esta vía podría ser la solución más simple dado que, por lo demás, a lo largo de la historia ha habido varias, la última de las cuales fue Grecia. Pero sus consecuencias son evidentes, tal como puede atestiguarlo el rumbo de las economías que han terminado por incumplir sus pagos.

El FMI ha propuesto aplicar un impuesto que gravaría la riqueza de las personas y ese dinero destinarlo a amortizar la deuda del Estado. Es decir, confiscar una parte de la riqueza acumulada por los ciudadanos para pagar la deuda pública y volver así a los niveles de deuda 2007. De acuerdo a los estudios, para conseguir ese objetivo, en Europa sería necesaria una quita del 10 % de la riqueza de las familias. ¿Cuánto sería en Estados Unidos?

El planteamiento ha puesto sobre la mesa la eventualidad de que -una vez más- sean los ciudadanos los que paguen los excesos y mala gestión de las elites, tal como ocurrió hace unos meses en Chipre, donde finalmente se confiscaron parte de los depósitos por sobre US$ 100 mil y se materializó una quita sobre los saldos en caja, avalada con acciones de los bancos intervenidos. El Estado de bienestar comienza a ponerse su verdadero uniforme y a punta de su poder punitivo y uso legal de la fuerza podría terminar por exigir a sus ciudadanos “devolver” la educación y salud gratuita que les brindó, mediante el pago del 10% de su esfuerzo.

De allí que, quienes pueden, busquen a escapar de esa relación. Según las agencias noticiosas, Richard Branson, el empresario dueño de Virgin ha abandonado el Reino Unido para tributar menos. Su nueva residencia será la isla de Necker, en el Caribe y con este cambio Branson no tendrá que tributar por los beneficios obtenidos fuera del Reino Unido, aunque sí los que genere dentro. La determinación, que se agrega a la que adoptara hace un tiempo el actor francés Gerard Depardieu, ha avivado el debate sobre la “elusión” o “evasión” legal. ¿Es lícito que se usen todos los medios jurídicos al alcance para minimizar los impuestos que se pagan?

Se instala una polémica entre libertad y solidaridad en la medida que, por una parte, se le exige cada vez más a los Estados, aunque al mismo tiempo, se rechaza el pago de mayores impuestos. Si los impuestos son muy progresivos, los ricos huyen y los tributos recaen en las clases medias; si los impuestos son planos, independientemente de la renta, es probable que los ricos se queden, pero el peso fiscal sigue recayendo sobre las clases medias para mantener el Estado del Bienestar.

Mientras tanto, los Estados, sin importar su vocación de bienestar o subsidiarios, siguen haciendo lo suyo para conseguir los dineros que les permitan realizar sus funciones, porque, en definitiva, el Fisco siempre parece estar “corto” de recursos. Y por ejemplo, en Chile, 20 bancos demandaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) por obligarles a entregar información que pondría en riesgo el “secreto bancario” mediante la imposición de la Circular 120.

Invocando el artículo 60 del Código Tributario, el SII les exigió datos sobre operaciones de sus clientes correspondientes a remesas, pagos o traslados de fondos al exterior, ingresos de fondos desde el exterior u operaciones que impliquen disposición de fondos en el exterior que sean iguales o superiores a 10 mil dólares. Según el SII, existe un fallo previo de la Corte Suprema, de marzo de 2013, que declaró la legalidad de la Circular 120, pero la banca cree que tal intromisión afecta no sólo su negocio en el área de intermediaciones, sino la confianza general de sus clientes.

Estamos, pues, ante una disyuntiva que quizá sólo pueda superarse cuando tengamos una armonización global de impuestos, aunque aquello sea utópico considerando los múltiples intereses contrapuestos. Baste mirar dentro de las áreas de mayor desarrollo económico, que siempre tienen sus zonas “pseudo paraísos fiscales” (Delaware, en EEUU; Irlanda y Luxemburgo, en la UE) que restan recursos a los Estados y que los privados estiman asignarán mejor que los políticos. ¿Cuál es, pues, el límite de tributación que no desalienta la inversión y el emprendimiento? Y si los ciudadanos recapitalizaran los Estados endeudados, ¿cuánto tiempo pasaría sin que volvieran a caer en mora?