La economía mundial al 2012-2013 presentaba -en grandes cifras- un apalancamiento financiero del orden de los US$ 700 millones de millones en papeles de deuda de diversa naturaleza y riesgo emitidos por la banca internacional entre 2008 y 2012. Buena parte de esos papeles se encuentran ya en los bancos centrales, comprados con emisión inorgánica para enfrentar la crisis. La cifra se compara con un PIB global de US$ 70 millones de millones (es decir hay una deuda financiera equivalente a 10 veces el PIB) y ahorros efectivos de los inversores institucionales (fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos y sociedades de inversión) por unos US$ 85 millones de millones.

Como se sabe, una de las tareas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es ayudar a poner de acuerdo a los países sobre temas como la inversión, área en la cual la entidad acaba de lanzar su octava versión de los Principios de Alto Nivel G20/OECD sobre la financiación a largo plazo de inversión de inversionistas institucionales, desarrollados por el Grupo de Trabajo respectivo de la OCDE.

Este Grupo está abierto a participantes de la OCDE, G20, Financial Stability Board (FSB) y los miembros de APEC, e incluye varias otras organizaciones internacionales. Los Principios recién divulgados están diseñados para ayudar a la OCDE, G20 y otros países ​​a facilitar y promover la inversión de largo plazo por parte de los citados inversores institucionales, en particular entre aquellas entidades, que, como los fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos soberanos tienen pasivos de larga duración (hasta 45 años), siempre que sus gestores sean capaces de reproducir una rentabilidad ajustada al riesgo asumido.

El crecimiento de los fondos institucionales que, como señaláramos, sumaban en 2011 más de US$ 85 millones de millones en activos alrededor del mundo, ha traído una fuerte transformación en los sistemas financieros y, aunque hoy día se han desviado nuevamente más hacia los mercados desarrollados, se espera que su apuesta hacia los mercados emergentes continúe aumentando en escala e influencia en las próximas décadas.

Tradicionalmente, este grupo heterogéneo de inversores son vistos como fuentes de capital de largo plazo (en Chile están presentes en obras públicas, concesiones y similares) por lo que sus carteras de inversión están estructuradas en torno a las dos clases principales de activos (bonos y acciones) con un horizonte de recuperación ligado a la naturaleza de sus pasivos, a menudo de largo plazo, considerando que se trata de ahorros de esa naturaleza.

Para asegurar continuidad de regulación, de prácticas de actuación y formas de colaboración, la OCDE ha propuesto a los países un acuerdo sobre varios principios que fomentan la inversión: condiciones jurídicas, políticas, sociales y económicas para facilitar las inversiones a largo plazo, desarrollo cualitativo tanto de las firmas inversoras institucionales como de la generación de ahorros a largo plazo, gobernanza de los inversores institucionales, remuneración y modos de delegación de la gestión de activos, regulaciones financieras, valoración y tratamiento fiscal a la inversión, nuevos vehículos de financiación y apoyo a la inversión de largo plazo, colaboración técnica entre los inversores institucionales, claridad en las restricciones a la inversión, intercambio y divulgación de información, educación financiera, conocimiento y protección del consumidor.

Los principios también incluyen las condiciones previas a la inversión a largo plazo, tales como la necesidad de estabilidad macroeconómica, plan de gobierno claro y transparente para los proyectos, oportunidades de participación para el sector privado en inversiones públicas y para la inversión en asociaciones público-privadas. La propuesta del Comité OCDE también aborda las políticas específicas para el fomento de la inversión a largo plazo, las que incluyen mejora de los incentivos para conseguir mayores niveles de ahorro a largo plazo, fortalecimiento de la gobernabilidad de los inversores institucionales, proveyendo los incentivos adecuados para la adopción de perspectivas de renta a largo plazo y la gestión de activos ilíquidos. Asimismo, instan a garantizar un marco fiscal y normativo que refleje las características de riesgo particulares de las inversiones, la reducción de barreras burocráticas, e informar y educar a los consumidores acerca de las virtudes del ahorro a largo plazo

La inversión, especialmente de largo plazo, impacta positivamente en el crecimiento, la productividad, creación de empleo y un mejor nivel de vida. De allí que políticas que la fomenten a nivel global parecen indispensables para reducir más rápidamente los efectos de la crisis financiera iniciada en 2008 y que a la luz de las macro-cifras citadas requiere aun de varios años más para ajustar los niveles de producción, productividad, consumo y cantidad de dinero en una economía “inflada” por la super liquidez inyectada por los centrales del mundo (sin lo cual los desequilibrios financieros se habrían ajustado con la quiebra del sistema), pero que está en transición hacia una época de rápido crecimiento mundial y la instalación de una nueva sociedad de la información y el conocimiento.