Estimado Señor Director:

Hace algunos días, en el marco del paro de los trabajadores portuarios en Chile, me tocó escuchar a los empresarios del rubro hacer una fuerte crítica a los trabajadores, aduciendo que no respetaban las reglas del juego y la ley, y que eso estaba afectando el prestigio del país a nivel internacional, y pedían la restitución del orden.  Desde entonces, quedé con el amargo sabor de reconocer que la acción de los trabajadores puede afectar nuestra imagen país, pero como no puedo obviar el fondo de la demanda, el pago de horas de almuerzo que no tomaron y no toman hasta hoy, ambos argumentos válidos y justos, la disonancia cognitiva me llevó a resolver el conflicto con la siguiente frase: “los trabajadores tienen prohibido hacerse de una dictadura para fijar las reglas del juego y la ley”. Esta salida de mi mente, me permitió liberar el siguiente argumento:

Es evidente que hay crímenes que cometieron el dictador y sus asociados cívico-militares, que son permanentes, en especial aquellos que ya recoge la legislación internacional, y que condena los delitos contra la humanidad, que son los delitos que se cometen desde el estado, desde el gobierno organizado contra una parte de la población por razones ideológicas. La tortura, el asesinato, el secuestro, la inhumación ilegal, la desaparición forzosa, el asesinato masivo, el uso de tóxicos u otros armamentos prohibidos, son entre otros delitos que no prescribirán y que podrán ser juzgados también en el futuro, por lo que abren alguna vía a la emergencia de la justicia, con la condena y castigo a sus perpetradores.

Pero junto con estos delitos claramente definidos, de la experiencia chilena podemos describir otros tipos de delitos contra la población, que siguen cometiéndose 23 años después de recuperada la democracia, pues aun no han sido descritos y penalizados en la legislación internacional, y nosotros hemos obviado para hacer posible la reconstrucción del tejido social destruido por los abusos del dictador y sus cómplices.

Me refiero por ejemplo al delito permanente de imponer la constitución ilegítima del dictador, y mantener hasta el día de hoy todos los amarres a la democracia, con todos los mecanismos seudo democráticos que a 23 años de que el dictador entregó la presidencia, impiden la emergencia y expresión de la ciudadanía, y siguen manteniendo la relación de poder donde la misma minoría que apoyó al dictador, sigue imponiendo al país su voluntad y veto, convirtiéndose así en la principal fuente de conflicto social, pues intentan mantener sus antiguos argumentos para convencernos de que si no aceptamos, respetamos y replicamos las reglas políticas y económicas del dictador, el país caerá al infierno y los demonios tomarán las decisiones que incendiarán las instituciones nacionales y nos llevarán al apocalipsis, ¡plop!

Esperamos que el gobierno que asume en marzo aborde este delito permanente y aporte soluciones, y lo difunda internacionalmente, para que toda la humanidad inicie la condena del intento de cualquier dictador de dejar amarrada su ideología con las leyes que valida antes de dimitir. Creo que la humanidad debe condenar las leyes que nacen en situaciones de opresión, y debe penalizar a quienes ayuden a los dictadores a crearlas e implementarlas, pues son los que se benefician de la extorsión, tortura y asesinato comunes a los dictadores y abusadores, y aparecen luego de la matanza como buenas personas, “técnicos” se hacen llamar en Chile, y pretenden que aceptemos su tesis, la del delincuente, de que son “a políticos que trabajan por el bien del país”. Merecen la condena de la comunidad, nacional e internacional, tal y como hoy la reciben los que usan la bala y la picana.

Otro delito que se torna permanente luego de la entrega de la presidencia de un opresor, es la concentración de bienes y capitales en su propia persona y entre sus afines, que conforman una montaña ideológica de defensa de sus ideas, de los métodos y de las personas asociadas al dictador, nunca apolítica o amoral, siempre con postura política y muchas veces inmoral. Definitivamente, uno de los intereses de los dictadores y sus asociados, encontrado en toda dictadura, es la de distribuir entre quienes le apoyan los recursos productivos, los bienes y los capitales de las naciones a las que capturan, los que pueden estar en manos de quienes definen como enemigos, para apropiarse de sus cosas, o directamente son propiedad del estado y se las traspasan a patrimonio personal. Este grave delito permanente debe ser penalizado. La humanidad debe condenar firmemente la apropiación indebida de bienes del estado, tanto como el robo directo a las personas, limitando la participación de esos capitales en negocios internacionales, no podemos seguir con la idea de que los capitales no tienen ideología, esa mentira la inventaron los delincuentes que pretenden seguir blanqueando dinero ilícito en total impunidad. La condena al blanqueo de capitales de la delincuencia clásica, tráfico de drogas, armas, personas, tóxicos, etc., debe sumar la condena al blanqueo de capitales ilícitos, habidos en situaciones de opresión.

La democracia no puede funcionar cuando los capitales están concentrados por desviaciones políticas y sociales, como son la ocurrencia de una dictadura, en las manos afines a la ideología del dictador y de quienes le prestan soporte político, administrativo, ideológico, y de quienes implementan el abuso. Son responsables, no deben seguir impunes, merecen la condena que merece el que tortura o mata por la misma razón, solo cambia la gravedad de la pena.

Señor director, el caso que levantan los empresarios afectados por el paro portuario es emblemático en esto: es de toda lógica y justicia que los trabajadores portuarios almuercen, tengan horario definido en su jornada para descansar y nutrirse. También es de toda injusticia mantener oprimidos a estos trabajadores, incluso en sus necesidades básicas y de sobrevivencia, para abaratar el costo de sus servicios, y los empresarios insisten en tener la ley de su parte, he aquí donde identifico la comisión de un delito permanente, porque la ley a la que aducen fue impuesta ilícitamente, por la fuerza y contra la ciudadanía, y la sostiene el mismo entramado que el dictador aprobó para perpetuar su figura. La ley, la Constitución, son impuestas tras la comisión de variados delitos contra las personas y contra las instituciones de la nación, y esos delitos siguen cometiéndose. Tengo esperanza que esto termine en el corto plazo.

Saludos cordiales,

Daniel Craig-Christie