Con un profundo enojo y decepción conocimos la nominación de Carolina Echeverría hija del Coronel en retiro del Ejercito, Víctor Echeverría Henríquez, reconocido como un activo participante en acciones represivas y como uno de los torturadores en el Regimiento Buin en 1973, como Subsecretaria de la Defensa Nacional. Una aberración que, una vez mas, desconoce o hace caso omiso del pasado y de la palabra de testigos, quienes sufrieron de forma directa e indirecta los malos tratos y  torturas del entonces Capitán del Ejército  de Chile.

Junto con esto también entendemos que las nuevas generaciones no pueden cargar con las culpas de quienes actuaron como criminales y violadores, nos referimos a la hija del torturador Echeverría. Pero en este caso, nuestra sociedad y nuestra generación tenemos el derecho de exigir de su parte, el rechazo publico y la condena para quienes cometieron torturas y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, al mismo tiempo su compromiso con la exigencia de verdad, justicia y reparación para con las victimas.

Los funcionarios de gobierno y políticos, no pueden sentirse ajenos de la historia del país, estos deben hacerse parte de los esfuerzos colectivos que hacemos para educar y mantener viva la memoria histórica. Todos debemos comprometernos leal y activamente con las politicas y recursos que como sociedad necesitamos, para desterrar la posibilidad, de que tan graves atentados a la vida y a la dignidad humana se repitan y para fomentar una cultura de la paz y la tolerancia.

El caso del ex Coronel Echeverría es muy claro, Mercedes Bulnes quien fue detenida junto a su esposo el destacado abogado Roberto Celedon en 1973, la periodista Mónica Echeverría y el ex Teniente de ejercito Carlos Pérez Tobar, atestiguan con claridad haber ser sido victimas, como miles de chilenos y chilenas, de las acciones de este agente del Estado, quien torturo y formo parte de las pandillas que asesinaban y hacían desaparecer a personas.

Las justificaciones que se han entregado por parte de las nuevas autoridades y de quienes nominaron a la señora Echeverría al cargo  de Subsecretaria de Defensa, sin antes escuchar su posición ante las fundadas acusaciones que pesan sobre el ex Coronel, son insuficientes. En su defensa argumentan que el militar en retiro no tiene juicios pendientes que lo vinculen a violaciones de los derechos humanos, desconociendo el hecho de que aun los ideólogos del golpe de Estado y de las politicas de represión, de terrorismo de estado, civiles y militares, que significaron la persecución y la muerte de miles de chilenos y chilenas, continúan gozando de impunidad y de la protección que les otorga la ley de amnistía de 1978, lo que impide conocer la verdad y llevarlos a la cárcel por los crímenes que cometieron.

Es mas hace apenas unos días conocimos que los asesinos confesos y condenados a cadena perpetua por el degollamiento despiadado de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, los dos ex carabineros, Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, disfrutan de un beneficio penitenciario de libertad controlada desde el 24 de junio de 2013.

Estos son hechos que comprueban que a través del destructivo poder del silencio, que ampara y protege a ex oficiales y suboficiales de las FFAA y Carabineros, se intenta desconocer que las practicas represivas aberrantes, cobardes, contra personas inocentes u opositores políticos a la dictadura, fueron politicas de estado y que por lo tanto son de responsabilidad institucional y que mientras esto no se reconozca se impide el esclarecimiento histórico de lo acontecido.

Durante todos estos años la justificación al golpe de estado de 1973, en contra de un gobierno legal y democráticamente elegido, se basa en el supuesto mentiroso de una conspiración extranjera para introducir el comunismo en Chile. O que las FFAA actuaron para impedir un plan del gobierno de Salvador Allende para llevar a cabo una insurrección armada, un autogolpe, con el fin de imponer a la fuerza un gobierno marxista.

Estos argumentos no resisten análisis alguno y en reiteradas oportunidades se ha demostrado su falsedad, emanan del patrioterismo, entendido como la adulteración demagógica del nacionalismo, el que ha conducido a militares (y civiles) a cometer los peores excesos de la historia en nuestro país, desde las torturas a la desaparición de personas, a las acciones de limpieza política que incluyen verdaderas masacres.

Ante esto, denunciamos toda conducta que busque encubrir, tras las estridencias patrioteras la justificación a la violación sistemática de los derechos humanos. Acciones que como el ex capitán Echeverría practicó en su momento, que fueron y son contrarias a los genuinos intereses de la nación.

¡Basta entonces de mentiras y justificaciones!, las FFAA como institución deben asumir un compromiso con los familiares de los detenidos ejecutados y desaparecidos, para que estos puedan encontrar los restos de sus seres queridos o aclarar las circunstancias de sus muertes. Corresponde que los generales, Oficiales Superiores y subalternos que estuvieron a cargo y que oficiaron de carceleros de los campos de concentración y exterminio, asuman su responsabilidad. De la misma manera que ministros, subsecretarios, alcaldes y otras autoridades en su conjunto, respondan por su complicidad en los crímenes cometidos bajo la dictadura.

Los Militares Patriotas, quienes nos opusimos al golpe cívico militar y no obedecimos ordenes para reprimir a nuestro pueblo, entregamos nuestra solidaridad y compromiso con Mercedes Bulnes, Roberto Celedon, Mónica Echeverría, Carlos Pérez y con todos los familiares de nuestros compatriotas torturados, asesinados y desparecidos. Desde nuestra posición moral nos hacemos eco del llamado nacional al nuevo gobierno, para que la justicia cumpla con su  papel y sin olvido:

¡Que se elimine la calificación mentirosa del estado de guerra existente en 1973, el que ampara la impunidad de los civiles y militares que planificaron y ejecutaron el golpe cívico militar de 1973!

Que se elimine la ley  de amnistía  de 1978, creada por Pinochet para proteger a los militares comprometidos con crímenes de lesa humanidad!

¡Que se eliminen las condecoraciones y reconocimientos entregados a civiles y militares, por su participación en las acciones represivas y criminales que se realizaron en contra del pueblo chileno en 1973 y en los años posteriores!

¡Que los tribunales de justicia declaren ilegales los consejos de guerra creados para  juzgar, encarcelar, exiliar o asesinar a Chilenos y Chilenas!

¡Que la Justicia juzgue y expulse de las FFAA a quienes torturaron y asesinaron a compatriotas y que son probadamente autores de crímenes de lesa humanidad!

¡Que la justicia rompa el cobarde pacto  de silencio de las FFAA que protege a violadores de DDHH y culpables de crímenes de lesa humanidad!

¡Que se individualice y juzgue a los Oficiales y Suboficiales del ejercito que estuvieron a cargo o actuaron de carceleros en los distintos campos  de concentración y de exterminio durante la dictadura cívico militar!

Enrique Villanueva M.

Vicepresidente

Centro Estudios Exonerados Fuerza Aérea 1973

CEEFA.73