No soy el primero en decirlo, claro está. Ronda desde hace tiempo y varios articulistas ya lo han planteado en los últimos días. Incluso el periodista Ascanio Cavallo lo resumió lúcidamente este domingo en La Tercera: “La UDI ha convertido el problema del pensamiento y las credenciales en uno de transacciones”.

El complejo derrotero que hoy vive la Unión Demócrata Independiente no es inocuo. La última encuesta Plaza Pública-Cadem reveló que un 75 % de los consultados considera que el partido ha sido muy afectado por el caso Penta. Muy a pesar de los esfuerzos de su presidente Ernesto Silva, quien en una operación de control de daños ha afirmado que lo ocurrido con Moreira y Golborne, que reconocieron financiamiento ilegal a sus campañas, corresponde exclusivamente a “responsabilidades individuales”.

Sin embargo, ¿son tan individuales tales responsabilidades? En este lenguaje tan de transición se puede decir –y argumentar- cualquier cosa, por tanto es preciso mantener la duda crítica ante cualquier afirmación. No solo como periodista, también como simple –y real- ciudadano.

Está claro que sería infructuoso buscar en la doctrina, principios, estatutos y reglamento del partido alguna frase que valide platas negras para actividades políticas y/o electorales. No existe instructivo parecido, por tanto si tal fuera el parámetro siempre podrá la directiva de la UDI negar las responsabilidades institucionales.

Pero una institución no son solo sus normas. Son las creencias y comportamientos de sus integrantes. Es todo ese entramado no normado, de creencias e ideología que mueven a quienes forman parte de sus filas. En este caso, la relajada mirada que tiene su jerarquía (portadora de la línea editorial que baja a las bases) sobre la necesaria distancia que debe existir entre el dinero y la acción política.

Es fácil concentrarse en el caso Penta. Pero hacerlo solo encapsula una práctica que en este partido es más generalizada que lo que un país serio debiera estar dispuesto a aceptar.

En Aysén tenemos nuestros propios ejemplos. Ejemplos de la extrema laxitud que existe entre algunos actores políticos para vincularse con los portadores de la billetera. Dirigentes que se justifican diciendo que los recursos obtenidos son para la gente y financistas alegando que tales aportes forman parte de su responsabilidad social empresarial. “Nadie se ha llevado un peso para la casa” pareciera ser la premisa. Tiñendo de bien colectivo intereses particulares. Como si esto último solo se restringiera a un fajo de billetes escondido bajo el colchón.

A principios de 2013 el alcalde UDI de Aysén Oscar Catalán afirmó a un medio regional que los ejecutivos de HidroAysén eran “amarretes”. Su enojo se originaba en que la empresa, con intenciones de instalarse en la región, solo había ofrecido durante la última campaña municipal “tres millones de pesos para todo el sector político”. Energía Austral, en cambio, “nos dijo ‘mire, nosotros mantenemos prescindencia, no hay un peso para nadie’, posición que respetamos y entendemos, si no hay, no hay no más” recordó Catalán. Sus palabras causaron revuelo nacional. Incluso Cristián Warnken concentró su columna dominical en El Mercurio apuntando a que Chile se ha convertido en “un país que ha ido bajando sus varas de exigencia en cuanto a independencia del poder político de los intereses económicos cruzados que hoy se juegan en distintos ámbitos”.

Como decimos por estos lados, al alcalde el exabrupto no le salió ni por curado. En circunstancias que lo que señalara comparte la matriz del caso Penta: poder económico comprando poder político.

Durante los últimos días Catalán volvió a demostrar su flexible visión sobre la ética política. En un posteo en facebook, reproducido por Radio Santa María, el edil manifestó que “Energía Austral se puso… ayer nos donó cinco millones de libre disponibilidad, con lo que se compró un auto en premio para la reina de Aysén 2015”. La afirmación es ratificada por un video promocional del aniversario donde se da cuenta que tal empresa es una de las auspiciadoras. Se suma así a los recursos que la misma compañía destinó durante 2014, en alianza con la corporación edilicia, al traslado de cientos de dirigentes sociales de la comuna a la Laguna San Rafael. Donde participó y legitimó activamente otro representante UDI, el diputado David Sandoval.

Energía Austral no es un auspiciador cualquiera. Es la impulsora del proyecto de represa río Cuervo, idea que aún no se materializa y que para ello requiere cumplir varias etapas. Por ejemplo, contar con la anuencia de la comunidad y de sus autoridades. Esto último no es un dato menor, más aún cuando la iniciativa ha sido cuestionada por poner en riesgo la vida de la población.

Un dictamen de la Contraloría de 2010 prohíbe el traspaso de recursos desde empresas en evaluación ambiental a los municipios evaluadores. Y aunque Energía Austral obtuvo una resolución favorable en septiembre de 2013, todavía resta que la Municipalidad de Aysén se pronuncie al respecto ante el Comité de Ministros. Según estableció la Corte Suprema en el fallo sobre Punta Alcalde, para resolver esta instancia deberá solicitar informes a “los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental… esto es, a quienes emitieron los permisos ambientales sectoriales, fueron consultados o emitieron opinión en la evaluación del proyecto”. En el futuro, Catalán deberá opinar sobre la viabilidad del proyecto de quienes hoy son sus donantes. Una opción siempre será la abstención, transando así el mandato por dineros que permiten lucir su gestión.

Alguien se preguntó en twitter: “¿A nadie le genera ruido que el aniversario de Puerto Aysén lo pague Energía Austral?”. Las respuestas son varias: a muchos, sí. A un país serio, debiera. Pero al parecer a la UDI, definitivamente no.

Lo que ocurre en Puerto Aysén nace de la misma matriz que sacude por estos días a la elite santiaguina. Si no entendemos esto, del caso Penta no habremos aprendido nada.

Patricio Segura Ortiz
Periodista