A cinco años de la masacre ocurrida en la cárcel de San Miguel, que cobró la vida de 81 internos, poco y nada ha cambiado al interior de los recintos penales, indicaron familiares y amigos de los fallecidos junto a organizaciones de amistad y fraternidad con presos comunes.

César Pizarro, de la agrupación 81 Razones por Luchar y hermano de Jorge Manríquez Pizarro, recluso fallecido en el incendio, indicó que la absolución de los Gendarmes involucrados y la falta de interés del Ministerio Público por buscar responsabilidades, es una “burla” hacia las familias.

“Se siguen burlando de los pobres, se siguen burlando de la gente marginal, de la gente de escasos recursos con esta justicia oscura, que existe nada más para el que tiene un cheque en el bolsillo, pero para la gente pobre, que somos nosotros, que somos las ratas de laboratorio, existen las cárceles, las filas en las encomiendas, el morirse de hambre y el ganar los sueldos mínimos que ellos mismos nos imponen”, dijo.

Además, Pizarro señaló que “desde la política, nadie se preocupa del tema penal, nadie se preocupa de luchar contra la pobreza, no se contra la delincuencia”.

“Gendarmería ha manejado a los presos por siglos y siglos y no saben trabajar con la población penal, falta que alguien inteligente se ponga ahí y diga trabajemos de otra forma, tratemos de reinsertar realmente, no invirtamos el 2 por ciento que invierte Gendarmería de sus miles y miles de millones, invirtamos el 30 por ciento en reinserción y no en armas de guerra, a lo mejor por ahí va la solución, y buscar el corazón del preso, no la violencia”, criticó el dirigente.

El abogado penalista Carlos Vera, señaló que “no existe en Chile, por ejemplo, un juzgado de ejecución específico que vea los temas vinculados a la relación entre los internos y Gendarmería de Chile, lo que da pie a muchas arbitrariedades y vías de hecho respecto de la autoridad penitenciaria que no tienen un procedimiento de impugnación establecido en la ley”.

Para Vera, la ausencia de un tribunal que vigile estas relaciones determina jurisdiccionalmente que los problemas se revisen mediante recursos de protección y de amparo, los que muchas veces tienen un final poco feliz para los internos, pues muchos jueces consideran que Gendarmería actúa en ejercicio de sus facultades.

Ariel Zúñiga, representante legal de la familia de José Barrientos Mansilla, quien cumplía condena por riña y que murió en el siniestro del 8 de diciembre de 2010, manifestó que existen graves desigualdades e irregularidades respecto del sistema penitenciario: “Él estaba preso por pobre, lo tomaron preso por tener una orden de aprensión pendiente por riña. A los ojos del sistema, él había sido refractario a los sistemas de control social así que estaba preso y tenía que cumplir un año y seis meses, murió cuando le quedaban poco más de cinco meses de condena”, dijo.

La causa de Barrientos Mansilla es la única que se mantiene vigente en los tribunales chilenos y está en etapa de conciliación con el Consejo de Defensa del Estado, entidad que no controvirtió el argumento planteado de que el solo hecho de encontrarse preso en esas condiciones atenta contra los Derechos Humanos de los privados de libertad.

Considerando lo anterior y el daño causado al fallecido y su familia, la demanda solicita una indemnización de 2 mil 500 millones de pesos y la construcción de un memorial frente a la cárcel siniestrada.