A un año y medio del fin del actual gobierno todavía no es posible visualizar las transformaciones políticas, económicas y culturales que se concibieron a su inicio. Esto es, promesas destinadas a consolidar la democracia, como a terminar con las profundas desigualdades sociales. Por alguna extraña razón se pensaba que una nueva administración de Michelle Bachelet corregiría el rumbo de los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera y para los cuales se le solicitó a la ciudadanía brindarle un amplio apoyo electoral a la Nueva Mayoría. La idea era contar con una amplia ventaja de esta coalición en el Parlamento para que aprobara las nuevas leyes que significarían ponerle una “retroexcavadora al pasado”, advertencia que alarmó a la derecha y, desde luego, a los grandes grupos empresariales.

Sin embargo, ya sabemos que ésta y otras bravatas no llegaron a materializarse y a esta altura parecen francamente imposibles de consumar. Ya se ha desatado la nueva campaña presidencial y solo se espera que la Presidenta no termine tan mal evaluada por las encuestas. Aunque muchos sentencian, de todas maneras, que su gobierno quedará inscrito como el peor de todos los de la posdictadura, respecto de las expectativas que quedan nuevamente frustradas. Este fracaso, en definitiva, es lo que explica la decisión de los dos últimos presidentes de postularse nuevamente a La Moneda, como diciendo que el pasado – por malo que haya sido- resulta preferible a lo que vino. De esta forma es que se habla de rebautizar nuevamente al conglomerado oficialista a objeto de soslayar el descrédito general de la política y de tal referente.

La reforma tributaria resultó a medias e insuficiente para solventar una reforma educacional que todavía sigue en pañales y con muchas incertidumbres. Al mismo tiempo, ya se sabe que la Jefa de Estado le ha sacado el bulto a la demanda por una nueva Constitución, endosándole a un próximo gobierno tal posibilidad. Muy incierta es, además, la posibilidad de que el Ejecutivo acometa una profunda reforma al sistema previsional, salvo que el Movimiento No +AFP fuerce a las autoridades mediante una drástica movilización y Paro Nacional.

Pese al alto número de demandas judiciales que las afectan, la isapres parecen estar salvándose otra vez y, con ellas, también, muchas empresas estratégicas que pudieron ser recuperadas para la administración del Estado, sobre todo cuando se sabe que fueron mal habidas por sus actuales propietarios durante la Dictadura. Personajes como Julio Ponce Lerou, y la plana mayor de los grupos Penta, Angelini y Matte, entre otros, ya no parecen temer la intervención y confiscación de sus empresas, después de sus graves actos de colusión, fraude tributario y soborno a la política. En todo un incesante conjunto de operaciones que siguen descubriéndose y en difícilmente sus responsables y cómplices resulten efectivamente condenados por la justicia. Cuando ya comprobamos los juicios abreviados y otra serie de resquicios judiciales para eludir la acción de los Tribunales.
Los primeros políticos y empresarios formalizados suman ahora a su haber la habilidad para escapar de un juicio justo y aleccionador, por lo que es muy probable que la corrupción se consolide para siempre en el llamado servicio público gracias a esta flagrante impunidad.

Lo que no se apreciara del todo en los gobiernos anteriores, durante éste ha quedado en evidencia que el Tribunal Constitucional es el organismo verdaderamente rector de la institucionalidad chilena, cuando varias iniciativas legales ya no se resuelven entre el Ejecutivo y el Legislativo sino en esta entidad integrada por magistrados que son cuoteados políticamente. El mismo “tribunal” que ahora no solo atiende los diferendos entre estos dos “poderes del Estado”, sino también los requerimientos particulares de quienes han sido sancionados por el Poder Judicial. Con los cual nuestra Corte Suprema le ha quedado claramente subordinada y expuesta al ridículo, incluso.

Es evidente que Pinochet y Jaime Guzmán, desde el más allá, podrían estar celebrando la “genialidad” (como algunos lo catalogan) de su diseño institucional todavía vigente por los 27 años que han seguido a su régimen cívico militar. Mucho más, si se considera la forma en que ha terminado rindiéndose el conjunto de la clase política a los principios que rigieron la refundación del estado chileno, como el de la “democracia protegida”, la subsidiariedad del Estado y el modelo neoliberal que se nutre muy adecuadamente de ambas.

Diversas publicaciones y estudios en estos días dan cuenta de lo que entonces muchos adversarios o disidentes de la Dictadura proclamaban, en contraste a lo que terminaron haciendo y defendiendo en La Moneda o en el Parlamento. Qué duda cabe que otro de los triunfos del Dictador y sus operadores radica en el acatamiento de un Patricio Aylwin, un Edgardo Boeninger y tantos otros a las reglas del juego impuestas para la llamada Transición a la Democracia. Promesa sin duda incumplida y que bajo la actual administración tampoco parece avanzar. Salvo, recién, la idea de que los intendentes sean elegidos en elecciones y cambien su nombre por el de gobernadores regionales.

Por lo mismo, resulta razonable la preocupación de ciertos actores políticos ante el creciente malestar popular y la radicalidad que van adquiriendo las protestas sociales. Hasta en materia de Derechos Humanos, pareciera que las heridas vuelven a abrirse en nuestra convivencia, como que las Fuerzas Armadas no logran sacudirse se la responsabilidad institucional por sus crímenes. Cuando hoy quedan al descubierto, además, los propios actos de corrupción de la oficialidad actual, cuanto esa serie de irritantes privilegios económicos en relación a sus ingresos, sistema previsional y tantos otros.

En este sentido, apreciamos ya que el ímpetu de algunos jueces por sindicar y condenar a o los culpables de tan graves violaciones a la dignidad humana hoy empieza a flaquear y mostrar inclinación por conmutar las penas de los grandes criminales. Al tiempo que el penal especial de Punta Peuco tal parece que no se cerrará ni a corto o mediano plazo, en otro de las graves asimetrías entre la situación de los delincuentes comunes y la de los que cometieron los horripilantes crímenes de lesa humanidad. Como tampoco parece dispuesta la Primera Mandataria a derogar la Ley Reservada del Cobre que financia las desmedidas y fratricidas compras de armas en desmedro de tan graves carencias sociales que podrían ser financiados con las exportaciones del metal rojo.

Preocupante les resulta también a ciertos actores la abstención electoral manifestada crecientemente en nuestros comicios, cuando el propio entusiasmo que concitara la última postulación de Michelle Bachelet sumara, sin embargo, más de un 58 por ciento de renuentes a sufragar. Cuando muchos temen que la abstención de las municipales pueda ser tan o más alta, todavía, como en la posterior elección presidencial. Sobre todo si la competencia quedara acotada a estas dos viejas figuras que más que todos los políticos encarnan lo que se le incumplió al país, lo que se hizo tan mal, (como el Transantiago, por ejemplo). Y, por supuesto, la falta de probidad que sus administraciones dejaran tan anclada a las prácticas políticas y empresariales.

Para colmo, debemos agregar que con el actual gobierno se va otro que se demuestra completamente incapaz de enfrentar la situación de La Araucanía, reconocer la guerra civil que verdaderamente se vive en el sur de Chile, producto por la obstinación de nuestras autoridades en desconocer los derechos de nuestro pueblo fundacional. Un conflicto en que todos los días se ejercen arbitrariedades policiales y judiciales que se estrellan, incluso, con el criterio de los propios jueces de la zona, además de concitar el repudio interno y internacional. Al mismo tiempo que nuestra Cancillería acumula errores y despropósitos en relación a las demandas de nuestros países vecinos, pero, sobre todo, a la posibilidad de arreglar pacíficamente nuestros diferendos.

El escenario político difícilmente puede ser halagüeño en los años que le restan a Michelle Bachelet, pero sobre todo si lo que viene es más o peor de lo mismo. De allí la responsabilidad ineludible de la izquierda en ofrecer una alternativa política que no comulgue más con los tejemanejes del duopolio gobernante, ambos completamente seducidos por el legado institucional y socioeconómico de Dictadura.
Porque si de algo no hay duda es que la paciencia se está agotando en nuestra población.