A propósito de que el tema de la migración se instaló en la carrera presidencial y en las prioridades del Gobierno, la vocera del Movimiento de Acción Migrante, Tatiana Albuja, dio cuenta de los obstáculos que presenta nuestra actual legislación para los extranjeros que vienen en búsqueda de oportunidades a Chile.

En entrevista con nuestro programa Política en Vivo, la presidenta del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones de la sociedad civil criticó que figuras públicas como el ex presidente Sebastián Piñera, hicieran un símil entre la migración y la delincuencia cuando según las cifras la tasa de migrantes vinculados a problemas delictuales es de un 0,36 por ciento. Mientras entre 2014 y 2015 subieron los índices en un 14 por ciento de inmigrantes víctimas de delitos.

En ese sentido, Tatiana Albuja instó a no seguir apoyando un imaginario arrastrado desde hace tantos años y acompañar los cambios culturales con los del marco jurídico.

Sobre estos últimos, la dirigenta del MAM explicó que la complejidad en la regulación de los procesos radica en el artículo 13 de la normativa vigente, que permite que el ingreso de inmigrantes esté en manos de un funcionario de frontera y sujeto al bagaje cultural e ideología que esta persona tenga.

Asimismo, otro problema  que identificó es la otorgación de residencia atada a un contrato laboral dependiente, puesto que la medida además de ser un inconveniente para el inmigrante, viola la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Trabajadores Migratorios.

“Si es que Chile tuviera una visa polifuncional, como por ejemplo Argentina que tiene la visa Mercosur, uno llega y dice voy a  estudiar o trabajar e inmediatamente tiene la visa temporaria que le permite estar regular en el país y al Estado saber quién es la persona. Entonces ahora cuando se habla de los traficantes y de drogas, son personas que entran como turistas, pero que se quedan sin estar dentro de los anales o de la base de datos de la Dirección de Extranjería y Migraciones”.

Tatiana Albuja recordó que Chile no ha ratificado el acuerdo de residencia Mercosur ampliado con Ecuador, Colombia y Perú, medida que podría servir para que el 70 por ciento de la migración se regularizara. Además, la nueva visa temporal por motivos laborales anunciada el año pasado y que facilita el acceso a la residencia definitiva cumplido el tercer año de habitación en el país,  funciona como circular administrativa que puede ser modificada según el gobierno de turno.

En esa línea, la representante de agrupaciones de la sociedad civil migrante apostó porque las transformaciones de la ley, junto con apuntar a la clase trabajadora, se enfoquen en que los niños cuando ingresen a estudiar obtengan la visa temporaria. De este modo, en su opinión, se terminaría con los “niños rut 100” que en el ejercicio de su derecho a la educación están condicionados a la obtención de una visa.

“Se logró que se creara para enero del 2017, ya no un 100 millones sino que un IPE (Indicador Provisorio Educacional) que tiene la ventaja, sin ser la solución, de que el niño si se cambia de escuela seguirá con sus notas y tendrá una matrícula definitiva. Lo ideal sería que el niño una vez matriculado, tenga la visa temporaria y que no le pidan que el padre acredite la solvencia económica”.

En lo que refiere a los cambios culturales, Tatiana Albuja advirtió que al tiempo que se discrimina  al inmigrante por su color de piel y otros estereotipos, existe una diferencia hacia las mujeres, pues a pesar de que la migración es mayoritariamente femenina (53 por ciento), la actual visa laboral dependiente prohíbe que la mujer trabaje.

“Esto pone a las mujeres en una situación de mucha vulneración de derechos, ninguna víctima de violencia intrafamiliar va a denunciar a la pareja porque estaría perdiendo la residencia. También quedan en una situación vulnerable los hijos e hijas de estas mujeres”.

Por último, este miércoles a las 11 horas, líderes del Movimiento de Acción Migrante y otras colectividades, se manifestarán frente al Departamento de Extranjería y Migración por el envío de la nueva Ley de Migración propuesta por el Ejecutivo al Congreso.