Representantes de las empresas sanitarias e incluso desde el propio Gobierno anunciaron que se podría registrar un estancamiento en el desarrollo de proyectos para el sector durante el próximo 2017.

Esto luego que la semana pasada la Cámara de Diputados despachó el proyecto que cambia el marco regulatorio para estas compañías en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo.

La ofensiva impulsada por las industrias del sector en contra de la aplicación de la nueva norma cuenta con el respaldo del Ejecutivo. Desde el Ministerio de Obras Públicas emitieron un comunicado en el que indican que “las condiciones en el proceso de determinación tarifaria no son las adecuadas para mantener los niveles de inversión y de calidad de servicio a los usuarios”.

Recordemos que la moción parlamentaria incorpora la participación ciudadana a la fijación de tarifas, considera eliminar la garantía de que a todo evento las sanitarias tengan una rentabilidad mínima de un siete por ciento, el aumento de las multas en caso de las empresas no respondan de manera eficiente con la entrega del servicio, entre otras modificaciones.

Al respecto, el diputado Luis Lemus de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación criticó la actual postura del Gobierno cuando no asistió al debate por la modernización de la Ley de Servicios Sanitarios.

“Es cierto que se aprobaron algunas normas, pero no es menos cierto que el Gobierno tampoco participó de este proceso. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas no vino con la Superintendencia ni con ningún experto para haber participado en el debate tarifario que es complicado, político pero también estrictamente técnico. Entonces, hoy se ha aprobado un proyecto con la visión que los parlamentarios que hicieron las indicaciones, pudieron defender”.

La iniciativa ahora será analizada en el Senado en su segundo trámite legislativo. Al respecto el senador Alfonso De Urresti, presidente de la Comisión de Obras Públicas,  dijo no sorprenderle que las industrias sanitarias se opongan tan fuertemente al proyecto, cuando se han servido por años de un negocio desregulado y con una rentabilidad garantizada.

“De ninguna manera se pueden ver afectadas las inversiones. Tenemos que acostumbrarnos a decirle al empresariado que se acabaron los tiempos en que tenían a una ciudadanía ausente de la toma de decisiones. Hoy tenemos la capacidad de una ciudadanía organizada que va a exigir sus derechos y la industria  tiene que adecuarse a dar más transparencia, mayor horizontalidad y no a esta situación bastante autoritaria u oscurantista que muchas veces vimos por parte de la industria sanitaria”.

En tanto, el vocero del Movimiento por la Defensa del Agua, la Protección de la Tierra y Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca puso en duda el avance de la iniciativa en el Congreso, acorde a la experiencia con otras ideas de restricciones a las industrias sanitarias.

“Cada vez que se ha intentado formular algún proyecto de ley que imponga algunos frenos restrictivos precisamente al negocio de las empresas sanitarias, estas últimas actúan como un poder fáctico puesto que al interior del Congreso tienen lobbys que operan a favor de ellos. Aquí hay parlamentarios que están instalados en el Congreso y que fueron financiados o fueron funcionarios durante mucho tiempo de las empresas sanitarias, puesto que no tienen las facultades, ni capacidades, ni voluntad política para poder impulsar ningún proyecto de ley que les imponga normas tarifarias a empresas sanitarias que actúan prácticamente desreguladas”.

De este modo, Mundaca llamó a los legisladores a junto con su voto al proyecto, transparentar sus vínculos con las empresas de servicios sanitarios.